Opinión
Las fiestas patrias y el Perú: no bajar los brazos, así se luche contra todos los poderes fácticos
Fiestas patrias, así es como llamamos en el Perú a la conmemoración anual del día de la independencia que se hace cada 28 y 29 de julio. Llamarlo "fiestas" dice mucho sobre nosotros. A pesar de ser un país profundamente dividido desde su nacimiento, todos los que nacemos en ese territorio, de alguna manera, lo queremos profundamente, y lo celebramos.
Sin embargo, hacía mucho que no teníamos unas fiestas patrias tan tristes y desesperanzadoras como ha sucedido este año. El 28 de julio, Perú cumplió 202 años en medio de la peor crisis política y económica del siglo. Dina Boluarte dio su discurso en el Parlamento, uno de los pocos lugares a los que puede ir sin recibir gritos ni insultos.
Al día siguiente, se dio un "baño de popularidad" bastante peculiar. Si bien mucha gente la aplaudió, un cordón de policías ubicados cada 30 centímetros a la largo de todo el recorrido simbolizaron el alejamiento entre el gobierno de facto y la población. Boluarte, además, estuvo cada minuto de las fiestas con, al menos, un militar al lado.
La legalidad de su gobierno es discutida, pero su falta de legitimidad es innegable. Las encuestas le dan alrededor del 80 % de desaprobación. Gracias a las redes sociales sabemos que detrás de la barrera policial hubo personas que le gritaron y carteles colgados en viviendas y entre los mismos espectadores con mensajes de protesta. Por mucho que intentaron ocultarlo, la verdad se colaba.
Mientras en las calles del centro de Lima así como en varias ciudades de provincias, los manifestantes enfrentaron una brutal represión policial que incluyó arrestos arbitrarios, periodistas heridos, e incluso, bloqueos al movimiento de protestantes para luego lanzarles bombas lacrimógenas a mansalva.
Los pilares de Boluarte
A Boluarte la sostienen tres pilares. El primero se hizo evidente durante las Fiestas Patrias. La fuerte presencia de las Fuerzas Armadas, como no se había visto en muchos años, dejaron en evidencia el apoyo de quienes tienen el control de la violencia.
El segundo es la oligarquía peruana. Según una encuesta reciente de Ipsos a 136 directores ejecutivos de las 2.500 empresas más grandes del Perú, el 71% aprueba su gestión.
Desde Washington apoyan a la presidenta de facto. Ella ha respondido renovando el ingreso de tropas estadounidenses sin que haya un mínimo de transparencia de qué es lo que van a hacer en territorio peruano.
Finalmente, el tercero es el apoyo de EE.UU. Un día antes de la caída de Pedro Castillo, Lisa Kenna, la embajadora de ese país y exagente de la CIA, se reunió con el entonces ministro de Defensa, Gustavo Bobbio.
Desde que Boluarte tomó el poder, Kenna se pasea por todas las oficinas de gobierno. Se reúne con representantes de todos los poderes y hasta con artistas y periodistas. Desde Washington apoyan a la presidenta de facto. Ella ha respondido renovando el ingreso de tropas estadounidenses sin que haya un mínimo de transparencia de qué es lo que van a hacer en territorio peruano.
Una sociedad destruida
Lo cierto es que la protesta no es lo suficientemente multitudinaria ni organizada para poder derrocar al régimen. Para entender por qué la alta desaprobación no se traduce en gente en las calles, es necesario hacer un micro resumen de la historia reciente del Perú.
El gobierno más democratizador de nuestros 202 años fue, paradójicamente, un gobierno militar. En 1968, un grupo de militares al mando del general Juan Velasco Alvarado dio un golpe de Estado en un momento en el que el Perú se encontraba en un contexto social convulsionado, muy parecido al de hoy. El llamado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas emprendió las reformas sociales más radicales para atacar la pobreza, la desigualdad y el racismo.
Velasco fue derrocado en 1975 por otro militar, Francisco Morales Bermúdez. Luego, solo vinieron desgracias para la población, que han hecho añicos el tejido social peruano.
En 1968, un grupo de militares al mando del general Juan Velasco Alvarado dio un golpe de Estado en un momento en el que el Perú se encontraba en un contexto social convulsionado, muy parecido al de hoy.
Morales Bermúdez paralizó o deshizo lo empezado con Velasco, lo cual provocó protestas de la población. A punta de decretos supremos, destruyó el naciente movimiento de trabajadores y las organizaciones creadas entre 1968 y 1975; sin embargo, también entendió que había que dejar el país a los civiles.
Convocó a una Asamblea Constituyente en 1978 y en 1980 hubo elecciones con sufragio universal. Por primera vez en 159 años de historia republicana, millones de analfabetos, en su mayoría campesinos e indígenas, tuvieron derecho a votar.
Los campesinos, hasta 1987, estuvieron entre dos fuegos. Ese año, el Estado entendió que, si quería ganar, debía trabajar con los campesinos y no contra ellos.
Lo que parecía una nueva etapa en la historia del país, se vio truncada por la barbarie del terrorismo de Sendero Luminoso. Al inicio de este proceso, las Fuerzas Armadas también sembraron su cuota de terror.
Los campesinos, hasta 1987, estuvieron entre dos fuegos. Ese año, el Estado entendió que, si quería ganar, debía trabajar con los campesinos y no contra ellos. Fue el inicio del fin del periodo de violencia, pero ya decenas de miles habían muerto y muchos otros habían sido desplazados a las ciudades.
Con Fujimori, el gobierno se convirtió en el alumno estrella de los promotores del Consenso de Washington y se impuso un Constitución neoliberal que hasta ahora condiciona la vida de los peruanos.
Si a esto se suma la crisis económica producto de la deuda y el primer gobierno de Alan García (1985-1990), la sociedad peruana quedó en crisis y desencantada de la política. Solo así se explica el surgimiento de un 'outsider'político como Alberto Fujimori.
Estocada al tejido social peruano
Con Fujimori, llegó el neoliberalismo radical. El gobierno se convirtió en el alumno estrella de los promotores del Consenso de Washington y se impuso un Constitución neoliberal que hasta ahora condiciona la vida de los peruanos.
Las reformas neoliberales significaron la estocada final al tejido social peruano. Miles se quedaron en la calle. Salvo el agua, se privatizó todo. La educación se convirtió en negocio y la calidad de los servicios públicos se terminó de ir al suelo.
El fujimorismo también significó la institucionalización de la corrupción y del clientelismo, desde las altas esferas de gobierno hasta los movimientos de base. Las consecuencias del daño moral que dejó se viven hasta hoy.
El Perú es un país en el que el mercado está mejor protegido que la ciudadanía. La informalidad económica, antes de la pandemia, estaba alrededor del 70 %. Las mediciones de pobreza oficiales son bastante discutibles; siete de cada diez peruanos viven en vulnerabilidad económica.
La niñez peruana recibe una de las peores educaciones de la región. El país, a pesar de sus admirables cifras macroeconómicas, es de los que menos invierte en salud. La contaminación de los recursos naturales es cada vez mayor y todos los sectores de la sociedad han sido cooptados por alguna mafia.
Es sobre esta sociedad que llegó la pandemia de la covid-19 y arrasó con la población. Murieron 200.000 personas en un país con 30 millones de habitantes. Por varios meses, Perú ocupó el primer lugar en muertos por millón. Hoy en día, se han contabilizado, al menos, 93.000 huérfanos por la pandemia.
La lucha de David contra Goliat
Esta pincelada histórica puede dar una idea de la situación en el Perú. El país nació partido, pero en las últimas décadas se ha destrozado en mil pedazos. La ciudadanía peruana es profundamente vulnerable, despolitizada y desconfiada. Los niveles de violencia producto de los males sociales son cada vez más altos. Miles de familias siguen en duelo por sus seres queridos.
Por mucho menos, ciudadanos de otros países están en las calles quemándolo todo. Demasiados peruanos han asumido que "así es la vida".
La ciudadanía peruana es profundamente vulnerable, despolitizada y desconfiada.
Y a pesar de todo, sectores de la población no se rinden. Entre 2020 y 2021, se articularon a un partido político, eligieron a un candidato, participaron de las elecciones y ganaron. Por mucho que la intelectualidad limeña insista, Pedro Castillo no fue presidente de casualidad.
La respuesta desde los pilares que hoy sostienen a Boluarte fue: así pongan al presidente, no los dejaremos tomar las riendas del país. Cuando los ciudadanos salieron a defender su voto, los masacraron.
El incipiente movimiento que llevó Castillo al poder sufrió un golpe fuerte, pero no de muerte. Actualmente, el panorama político está dividido en dos: en la política institucional y el movimiento popular que está peleando en las calles. No queda un solo sector en la clase política con legitimidad.
Cuando los ciudadanos salieron a defender su voto, los masacraron.
Ese extraño amor por el país que nos hace celebrarlo cada año nos lleva a no bajar los brazos, así se esté luchando contra todos los poderes fácticos al mismo tiempo y sin un derrotero claro. Es la lucha de David contra Goliat.
El movimiento que está surgiendo entiende sus formas de lucha enmarcadas en los parámetros de la democracia liberal. Hace unos días, la lideresa campesina Lourdes Huanca decía que ya pusieron a un presidente y que ahora lo que tocaba era también tomar el Legislativo: "estamos aprendiendo, pero no vamos a parar hasta tener una nueva Constitución plurinacional y paritaria", dijo.
No es la primera vez que el Perú está al borde de una situación límite en la que parece que la sociedad va a implosionar. Toca ver si esta vez las élites intelectuales, las oligarquías civiles y militares quieren entender y apoyar los cambios necesarios o si esperarán a que el país caiga en una espiral de violencia en la que todos salgamos perdiendo.
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