El discurso de toma de posesión del presidente de Colombia, Abelardo de La Espriella, así como sus primeros actos, presagian un ciclo de honda conflictividad para Colombia.
Las palabras pronunciadas durante su investidura, con su respectivo tono belicoso, multiplican las dudas sobre el futuro próximo del país suramericano y especialmente de sus regiones periféricas. Sin embargo, lo que perfilaba ser una transición política sumamente tensa se vio acelerada por un factor impredecible: un devastador terremoto de magnitud 7,4.
El fenómeno natural golpeó con especial fuerza a zonas históricamente vulnerables y desatendidas del territorio colombiano, además de ciudades como Cali y Pereira. La tragedia en pleno desarrollo y la instalación del nuevo mandato presidencial han corrido en paralelo, actuando como verdaderos catalizadores de una incertidumbre sociopolítica y militar.
En lugar de atenuar las fricciones en pleno suceso y generar un consenso nacional e internacional, los primeros anuncios y decisiones del Ejecutivo han exacerbado la posibilidad de mayores conflictos en el país.
De la "paz total" a la doctrina de aniquilación
El contraste con la administración saliente es drástico. Mientras que la política trazada por Gustavo Petro gravitó en torno a la "paz total" —un esfuerzo para rebajar las acciones bélicas e incentivar la negociación con diversos actores al margen de la ley— la postura adoptada por De La Espriella representa una ruptura frontal. El nuevo gobierno ha optado por avivar la retórica confrontativa, fijando como objetivo explícito la aniquilación militar de los grupos irregulares que llevan décadas anidando en lo más profundo del país.
Este giro de la doctrina militar ha tenido un reflejo casi instantáneo en la geografía nacional: en diversos puntos de la nación ha iniciado una movilización a baja escala que reactiva las dinámicas del conflicto vigente desde hace más de medio siglo.
Este giro de la doctrina militar ha tenido un reflejo casi instantáneo en la geografía nacional: en diversos puntos de la nación ha iniciado una movilización a baja escala que reactiva las dinámicas del conflicto vigente desde hace más de medio siglo.
Si bien la estrategia de pacificación de Petro quedó inconclusa, debilitada y fue saboteada por grupos guerrilleros, ahora, la renovada directriz oficial —orientada al aplastamiento operativo sin salida concertada— ha funcionado como detonante para que las estructuras armadas desplieguen sus capacidades de respuesta, precipitando un escenario de caos generalizado en los territorios, como en el departamento del Huila, donde fueron asesinados dos militares y diez soldados resultaron heridos.
En la historia militar reciente de Colombia, las estrategias estatales han alcanzado hitos disímiles. El gobierno conservador de Álvaro Uribe (2002-2010) logró neutralizar a importantes mandos de las insurgencias y, posteriormente, la Administración de Juan Manuel Santos alcanzó la desmovilización de unas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que ya registraban un marcado debilitamiento.
La articulación entre el pretexto humanitario, la presencia militar foránea y las herramientas tecnológicas consolidan un "cóctel" estratégico, cuyo propósito de fondo parecer ser la toma por la fuerza del control territorial en zonas fuertemente arraigadas por la presencia insurgente, que no se va a quedar de brazos cruzados.
Pero ningún Gobierno, incluyendo la gestión de Petro, ha podido darle una resolución integral al conflicto. No obstante, De la Espriella ostenta un factor diferencial a su favor: las nuevas tecnologías desarrolladas por sus aliados y probadas en otras latitudes.
Este componente tecnomilitar guarda una estrecha relación con la gestión del desastre natural. Bajo el argumento del manejo de la atención a la crisis postsísmica, el mandatario colombiano resolvió permitir solo la entrada a cuatro países alineados ideológicamente con su proyecto político para adelantar labores de búsqueda, rescate y ayuda humanitaria.
A esta restricción diplomática se suma una medida de enorme gravedad institucional: autorizar el despliegue del ejército de los EE.UU. dentro del territorio nacional. Esta decisión, que todavía no cuenta con el aval explícito del Congreso, contraviene el ordenamiento constitucional colombiano.
La articulación entre el pretexto humanitario, la presencia militar foránea y las herramientas tecnológicas consolidan un "cóctel" estratégico, cuyo propósito de fondo parecer ser la toma por la fuerza del control territorial en zonas fuertemente arraigadas por la presencia insurgente, que no se va a quedar de brazos cruzados.
La dimensión geopolítica
El viraje en la seguridad interna no ocurre aislado del panorama internacional. En simultáneo, cuando la evaluación de las secuelas del terremoto apenas empezaba, el presidente colombiano realizó trascendentales declaraciones en materia exterior: la proclamación de Jerusalén como capital de Israel y el reconocimiento explícito de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán.
Este conflicto armado no altera la rutina urbana de los centros de poder, pero erosiona irreversiblemente la tranquilidad de los pueblos más apartados de la geografía colombiana, donde la devastación del terremoto y el retumbar de las armas convergen hoy como una sola tragedia.
Estas decisiones trascienden la mera postura simbólica o ideológica, ya que estructuran una alianza estratégica profunda con el Estado de Israel, que busca traducirse rápidamente en lo táctico.
El objetivo de este alineamiento es el aprovechamiento del aparato tecnomilitar israelí —en materia de inteligencia, rastreo e instrumental bélico de alta precisión— para ir diezmando y debilitando de forma sistemática a las agrupaciones irregulares. De este modo, la política de contrainsurgencia colombiana se internacionaliza y equipa bajo modelos de guerra de alta tecnología.
Por lo pronto, el conflicto continúa tal como ha estado planteado en los últimos años, pero con un giro previsible a futuro. La reanudación violenta de los enfrentamientos ha arrojado un saldo que incluye efectivos militares muertos y heridos, así como una directa afectación a la población civil atrapada en medio de las hostilidades.
A las operaciones del Estado, los grupos irregulares han respondido con un despliegue de violencia asimétrica que abarca el estallido de bombonas de gas cilíndrico, la imposición de amenazas directas y la generación de un clima de zozobra. No se trata de una conflagración abierta que amenace las grandes capitales del país, sino de la reactivación de una guerra civil de bajo perfil y de carácter subterráneo. Este conflicto armado no altera la rutina urbana de los centros de poder, pero erosiona irreversiblemente la tranquilidad de los pueblos más apartados de la geografía colombiana, donde la devastación del terremoto y el retumbar de las armas convergen hoy como una sola tragedia.
En años anteriores, la estrategia de guerra de guerrillas imposibilitó a las fuerzas militares del Estado tomar el control territorial del país. De hecho, las primeras bajas militares de estos días dan cuenta de un despliegue que muestra a los soldados en alta vulnerabilidad. Con el poder de los nuevos aliados del Gobierno colombiano, la historia podría cambiar, aún no sabemos a costa de qué.
