En 1957 José Antonio Nieves Conde estrenaba El inquilino. Fernando, un modesto padre de familia, debe abandonar su casa porque el edificio va a ser derribado y comienza una búsqueda desesperada de alojamiento por un Madrid que crece mientras resulta incapaz de garantizar algo tan elemental como un techo. Poco después, El pisito y El verdugo volverían sobre la misma cuestión.
Aquella presencia reiterada del problema en el cine respondía a una realidad material. Las ciudades recibían a millones de personas procedentes del campo y la falta de vivienda, el hacinamiento y la infravivienda formaban parte del paisaje urbano. El franquismo respondió con una enorme expansión de la construcción y con una orientación que marcaría durante décadas el modelo residencial español. En 1957, el ministro José Luis Arrese lo resumió con una fórmula especialmente reveladora: "queremos un país de propietarios, no de proletarios". La propiedad de la vivienda debía resolver una necesidad material, pero también favorecer la integración de amplios sectores trabajadores en una sociedad de propietarios, consolidando un patrimonio familiar que introducía nuevos intereses entre quienes seguían viviendo fundamentalmente de su salario.
La vivienda fue acumulando así funciones que iban mucho más allá de proporcionar un lugar donde vivir. En España se convirtió también en ahorro, protección para la vejez, patrimonio y herencia. El reducido parque público reforzó esa orientación hacia la propiedad y la expansión posterior del crédito hipotecario permitió a millones de hogares comprometer décadas de ingresos futuros para acceder a ella.
Además, la trayectoria española formó parte de una transformación más amplia del capitalismo. Desde los años ochenta, junto a la liberalización de los mercados de alquiler, ganó peso una acumulación cada vez más apoyada en activos financieros e inmobiliarios, de modo que la vivienda dejó de ser solo un bien de uso para reforzar también su función como patrimonio y vehículo de inversión conectado a circuitos internacionales. España siguió ese giro con rasgos propios: el decreto Boyer de 1985 eliminó la prórroga forzosa para los nuevos contratos, mientras el reducido parque público, los incentivos a la compra y la centralidad histórica de la propiedad reforzaban un modelo especialmente patrimonializado.
Desde los años ochenta, junto a la liberalización de los mercados de alquiler, ganó peso una acumulación cada vez más apoyada en activos financieros e inmobiliarios, de modo que la vivienda dejó de ser solo un bien de uso para reforzar también su función como patrimonio y vehículo de inversión conectado a circuitos internacionales. España siguió ese giro con rasgos propios.
El mercado de la vivienda, por tanto, no existe al margen de las instituciones. En España, las políticas públicas favorecieron durante décadas la compra, permitieron la privatización de buena parte de la vivienda protegida y crearon condiciones fiscales, jurídicas y financieras propicias para la inversión inmobiliaria. Después de 2008, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) y la reforma de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) profundizaron esa orientación. El Estado no se retiró del mercado: contribuyó a construirlo tal como hoy lo conocemos.
Así, en este escenario, aunque una vivienda sirve ante todo para vivir, funciona también como patrimonio y como un activo del que se esperan rentas y revalorización. Esa doble condición permite analizar el rentismo sin convertirlo en una condena moral de cualquier propietario. No ocupa la misma posición una familia que alquila una segunda vivienda para complementar un salario o una pensión insuficientes que quien acumula varios inmuebles y obtiene de ellos una parte sustancial de sus ingresos, y mucho menos una sociedad inmobiliaria o un fondo que gestiona cientos o miles de viviendas como una cartera de activos.
Las diferencias tampoco son simplemente cuantitativas. Los grandes propietarios disponen de más capital, financiación, información y capacidad jurídica, pueden diversificar riesgos y ampliar patrimonio en condiciones inaccesibles para quien depende de una sola vivienda. Pero todos se mueven dentro de un sistema en el que la propiedad residencial genera renta y puede revalorizarse. De ahí una contradicción especialmente visible en España: una familia puede encontrar seguridad en el aumento del valor de su vivienda y comprobar al mismo tiempo que ese mismo encarecimiento impide a sus hijos acceder a una.
No ocupa la misma posición una familia que alquila una segunda vivienda para complementar un salario o una pensión insuficientes que quien acumula varios inmuebles y obtiene de ellos una parte sustancial de sus ingresos, y mucho menos una sociedad inmobiliaria o un fondo que gestiona cientos o miles de viviendas como una cartera de activos.
La burbuja inmobiliaria llevó ese modelo hasta sus límites. Cuando estalló en 2008, la vivienda que había funcionado como promesa de seguridad se convirtió para miles de familias en una deuda imposible de afrontar. El cine volvió a registrar el cambio. Cinco metros cuadrados, Techo y comida o Cerca de tu casa trasladaron a la cultura popular la relación entre desempleo, deuda, pobreza y pérdida del hogar.
Aquella experiencia produjo también organización. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca fue su expresión más conocida, junto a Stop Desahucios, redes vecinales y asambleas vinculadas al 15-M. Con el tiempo cambió además el centro del conflicto. Para muchas generaciones jóvenes la propiedad dejó de ser una expectativa inmediata y aumentó la dependencia del alquiler. Se consolidaron entonces los sindicatos de inquilinos y otras organizaciones de vivienda. En los márgenes, estrenada en 2022, refleja ya ese desplazamiento: frente al desahucio aparecen también activistas, redes de apoyo y organización colectiva.
Ese recorrido llega hasta el presente. El 7 de septiembre, Olga Matute, vecina de L’Hospitalet de 54 años y madre de dos hijas, se quitó la vida menos de cinco meses después de haber sido desahuciada de la casa en la que había vivido durante más de veinte años. Su trayectoria había recorrido buena parte del ciclo inmobiliario español: hipoteca, pérdida de ingresos, dación en pago, alquiler social y finalmente desahucio. Pocas semanas después, el caso de Maricarmen desencadenó una movilización mucho más amplia.
El encarecimiento de la vivienda absorbe salarios, retrasa la emancipación y condiciona la formación de familias. La disputa por los alquileres, la estabilidad contractual o los desahucios es también una disputa sobre el reparto de la renta.
La proximidad entre ambos casos obliga a mirar más allá de cada historia particular. Cuando los desahucios, los alquileres inasumibles y la imposibilidad de acceder a un hogar se reproducen durante décadas, estamos ante un fenómeno colectivo. Por eso reaparecen también respuestas colectivas: plataformas, sindicatos de inquilinos y de vivienda, organizaciones vecinales y organizaciones sindicales y políticas.
La vivienda vuelve así a encontrarse con el conflicto laboral. El salario no puede analizarse al margen de aquello que permite comprar ni de la parte que debe destinarse cada mes simplemente a disponer de un lugar donde vivir. El encarecimiento de la vivienda absorbe salarios, retrasa la emancipación y condiciona la formación de familias. La disputa por los alquileres, la estabilidad contractual o los desahucios es también una disputa sobre el reparto de la renta.
La historia permite finalmente extraer una conclusión. Hemos llegado hasta aquí mediante decisiones concretas y otras decisiones pueden modificar profundamente el rumbo. Ampliar el parque público, reforzar la estabilidad del alquiler o impedir determinados desahucios no son medidas inconcebibles ni ajenas a las economías capitalistas. Pero, ahí aparecen también las posibilidades y los límites de la regulación. Estas medidas no eliminan por completo la tensión entre una vivienda que debe satisfacer una necesidad universal y una vivienda que funciona también como patrimonio capaz de producir renta y revalorizarse.
Mientras permanezcan las condiciones que reproducen el problema, regresará también el conflicto. Y probablemente volveremos a encontrarlo en el cine, como ha ocurrido desde El inquilino hasta En los márgenes, porque la cultura termina contando una y otra vez aquello que una sociedad todavía no ha conseguido resolver.