Mientras las potencias europeas y sus aliados se reunían los días 7 y 8 de julio en Ankara, en una nueva cumbre de la OTAN destinada a ratificar la escalada armamentística y el aumento del gasto militar, otro mapa de Europa se dibujaba lejos de los salones oficiales.
De Portugal a España, de Francia a Bélgica, las huelgas en la sanidad y la educación escenifican una crisis más profunda: la guerra contra la pérdida de derechos sociales conquistados durante décadas de lucha obrera y popular. La falta de personal sanitario, el deterioro de la enseñanza pública, la precarización laboral y el aumento de las listas de espera forman parte de una ofensiva contra lo común iniciada mucho antes del actual rearme, pero que amenaza con agravarse cuando el dinero negado para sostener la vida aparece, de pronto, para financiar armas, ejércitos e industrias militares.
Recordemos que estos derechos no fueron una concesión generosa de las élites ni el resultado natural del desarrollo capitalista. Fueron conquistados mediante décadas de huelgas, movilizaciones y organización del movimiento obrero europeo. También respondieron al equilibrio surgido tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el prestigio de la Unión Soviética —decisiva en la derrota del nazismo y referencia de una alternativa social posible— obligó a las clases dominantes occidentales a realizar concesiones para contener el avance comunista y evitar una salida revolucionaria. A ello se sumó un elemento frecuentemente omitido: parte de aquel pacto social se sostuvo con las ganancias del expolio colonial y neocolonial del llamado Tercer Mundo. El capital europeo aceptó repartir dentro de sus fronteras una fracción de la riqueza extraída fuera. El Estado social fue así una conquista de clase, una respuesta defensiva frente al socialismo y una construcción parcialmente financiada mediante la explotación de otros pueblos.
La falta de personal sanitario, el deterioro de la enseñanza pública, la precarización laboral y el aumento de las listas de espera forman parte de una ofensiva contra lo común iniciada mucho antes del actual rearme, pero que amenaza con agravarse cuando el dinero negado para sostener la vida aparece, de pronto, para financiar armas, ejércitos e industrias militares.
La ofensiva contra ese frágil equilibrio no comenzó con el actual rearme. La crisis financiera de 2008 fue utilizada para convertir una deuda creada por bancos y grandes capitales en una factura impuesta a las mayorías. Bajo el lenguaje técnico de la austeridad y la disciplina fiscal, se recortaron presupuestos, se congelaron salarios, se eliminaron plazas y se abrieron nuevos espacios a la privatización.
La Organización Mundial de la Salud documentó que la reducción de los presupuestos hospitalarios aumentó las listas de espera en países como Grecia y Letonia. Años después, la pandemia encontró unos servicios públicos debilitados por la desinversión. La educación siguió una trayectoria semejante: entre 2015 y 2022, su peso medio en los presupuestos públicos de los países de la OCDE cayó del 10,9 % al 10,1 %. Los hospitales saturados y las aulas masificadas reflejan así las cicatrices visibles de estas decisiones políticas prolongadas.
En España, el malestar ha convertido la educación pública en uno de los principales frentes de esta guerra social. En la Comunidad Valenciana, 78.000 docentes fueron llamados en mayo a la primera gran huelga indefinida del sector desde 1988. Tras veintiún jornadas de paro, el profesorado suspendió temporalmente la movilización, pero rechazó por insuficiente la propuesta de la Generalitat.
Cataluña ha vivido meses de protestas y ha convocado un nuevo paro para el 8 de septiembre, lo que puede condicionar el inicio del curso lectivo. Madrid y Aragón también han sido escenario de movilizaciones, mientras el personal de las escuelas infantiles protagonizó una jornada estatal de huelga.
El capital europeo aceptó repartir dentro de sus fronteras una fracción de la riqueza extraída fuera. El Estado social fue así una conquista de clase, una respuesta defensiva frente al socialismo y una construcción parcialmente financiada mediante la explotación de otros pueblos.
Las reivindicaciones se repiten: pérdida de poder adquisitivo, plantillas insuficientes, aulas masificadas, exceso de burocracia e infraestructuras deterioradas. No son únicamente conflictos laborales. Defender las condiciones de trabajo del profesorado significa defender las condiciones de aprendizaje del alumnado y la propia supervivencia de la escuela pública.
La sanidad española ofrece otra imagen de esta resistencia. Durante 2026, médicos y facultativos han protagonizado varias semanas de huelga estatal contra la reforma del Estatuto Marco y han anunciado nuevos paros si no se producen avances. Reclaman una jornada de 35 horas, el reconocimiento de todo el tiempo trabajado, una jubilación acorde con la penosidad de la profesión y un ámbito propio de negociación.
El conflicto ha colocado en el centro las guardias prolongadas, la sobrecarga asistencial y unas condiciones que expulsan profesionales del sistema público. No se trata de una disputa corporativa: cuando faltan plantillas, se normaliza el agotamiento y las consultas se convierten en una carrera contra el reloj, también se deteriora el derecho de la población a una atención digna. Las listas de espera son la expresión más visible de esa fractura: en julio de 2026, el 81 % de la ciudadanía consideraba que habían empeorado o permanecían igual.
Portugal condensa de forma especialmente clara este enfrentamiento. El 3 de junio, una huelga general —la segunda en apenas seis meses— paralizó transportes, cerró escuelas y redujo los hospitales a servicios mínimos. La convocatoria respondía al proyecto Trabalho XXI del Gobierno conservador de Luís Montenegro, apoyado por la extrema derecha, que pretende modificar más de cien artículos del Código del Trabajo para facilitar los despidos, ampliar la precariedad y la subcontratación, reforzar el control empresarial y limitar el derecho de huelga.
La protesta venía precedida por otras luchas: alrededor de 25.000 docentes marcharon por Lisboa para exigir mejoras salariales y condiciones dignas, mientras los enfermeros denunciaban la falta crónica de personal y el deterioro sanitario. Lo que el Gobierno presenta como modernización económica, los trabajadores lo reconocen como lo que es, una nueva transferencia de poder y riqueza desde el trabajo hacia el capital.
Pero estos episodios no se limitan a la periferia europea. En Francia, docentes, sanitarios, trabajadores del transporte y empleados públicos se movilizaron en septiembre de 2025 contra un proyecto presupuestario que pretendía trasladar otra vez el coste de la crisis sobre asalariados, pensionistas y sectores populares. En Bélgica, la enseñanza francófona ha protagonizado durante 2026 paros contra el aumento de las tasas universitarias, la ampliación no remunerada del horario docente, la reducción de la estabilidad laboral y nuevos recortes.
En una Europa que ha perdido peso económico e influencia internacional, sus élites parecen haber elegido una doble vía para recomponer la acumulación de capital: el rearme, que garantiza contratos públicos y beneficios extraordinarios al complejo militar-industrial, y la conversión de los derechos colectivos en mercados privados.
Miles de estudiantes y profesores ocuparon las calles de Bruselas, mientras la respuesta policial intentaba convertir una protesta contra la austeridad en un problema de orden público. Cambian los gobiernos, los idiomas y las medidas, pero el conflicto es el mismo: servicios públicos deliberadamente debilitados y trabajadores obligados a defenderlos para impedir que su deterioro se convierta después en argumento para privatizarlos.
La privatización constituye, en ese sentido, el otro gran frente de esta ofensiva. En una Europa que ha perdido peso económico e influencia internacional, sus élites parecen haber elegido una doble vía para recomponer la acumulación de capital: el rearme, que garantiza contratos públicos y beneficios extraordinarios al complejo militar-industrial, y la conversión de los derechos colectivos en mercados privados.
Hospitales, escuelas, residencias, transportes y cuidados dejan de concebirse como pilares de ciudadanía para convertirse en espacios de negocio. Este proceso explica también una parte de esa corrupción política de la que tanto se habla, aunque rara vez se nombre a los corruptores: las empresas que presionan, financian, obtienen concesiones y terminan apropiándose de servicios previamente deteriorados por decisiones públicas.
Mientras la Comisión Europea insiste en crear las condiciones para una confrontación prolongada contra Rusia, continúa otra guerra contra su propia población. Una guerra iniciada hace décadas, pero que encuentra hoy una respuesta creciente en las huelgas, las protestas y la organización popular de quienes se niegan a entregar sin lucha los derechos conquistados.
