Entre el 6 y el 12 de junio, el papa León XIV visita España en un viaje atravesado por múltiples claves políticas: el estado actual de la Iglesia católica, su papel internacional, y también la forma específica en que se expresa todo ello dentro del Estado español.
En ese sentido, no podemos abordar la relación entre el Vaticano y el Estado español sin atender a lo que supuso el nacionalcatolicismo franquista. Durante la Guerra Civil y la dictadura, la Iglesia no fue un actor secundario, sino un colaborador necesario y uno de los pilares ideológicos de un régimen que fusionó poder político, moral religiosa y represión. Su papel no se limitó al plano doctrinal: también atravesó instituciones educativas, asistenciales y disciplinarias, desde el robo de bebés hasta los centros de reclusión de mujeres consideradas "díscolas", espacios donde la moral católica funcionó como herramienta de castigo, control y normalización.
Por eso la memoria histórica exige revisar también el lugar privilegiado que la Iglesia heredó de aquel orden y que la Transición no desmontó, sino que reacomodó mediante los Acuerdos con la Santa Sede de 1979. Ese marco sigue permitiendo que, pese a la secularización de la sociedad española, la Iglesia conserve una posición excepcional en la educación, la financiación pública, la fiscalidad, el patrimonio y la vida institucional.
La memoria histórica exige revisar también el lugar privilegiado que la Iglesia heredó del orden franquista y que la Transición no desmontó, sino que reacomodó mediante los Acuerdos con la Santa Sede de 1979.
Pero la España actual ya no es la que dejó el final de la dictadura. Según los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el porcentaje de personas que se declaran católicas en el país europeo se sitúa en torno al 56,1% y solo un 18,3% se declara practicante. Es decir, una parte importante de quienes todavía se identifican como católicos lo hace más por tradición familiar, cultura heredada o pertenencia social que por una práctica religiosa efectiva. España es hoy una sociedad más secularizada, más diversa y atravesada también por procesos migratorios que han ampliado la presencia de otras confesiones religiosas.
En ese escenario aparece un elemento clave para comprender algunas de las políticas actuales de la Iglesia católica: el crecimiento de las iglesias evangélicas, especialmente de determinadas corrientes neopentecostales. Mientras el catolicismo pierde centralidad social, estos sectores han ganado presencia territorial y capacidad de organización, convirtiéndose en la confesión minoritaria con mayor crecimiento en España.
En este contexto, tampoco puede obviarse la dimensión espectacular de la disputa religiosa contemporánea. La Iglesia católica siempre ha tenido una relación intensa con la teatralidad pública: procesiones, liturgias, grandes ceremonias y una puesta en escena del poder religioso muy arraigada en países como España. Pero hoy esa espectacularidad adopta formas nuevas: visitas papales convertidas en acontecimientos internacionales, encuentros multitudinarios de jóvenes y grandes eventos pensados también como demostración de presencia social. En parte, la Iglesia católica compite en ese terreno con unas iglesias evangélicas que han sabido trabajar muy bien la dimensión emocional, musical, comunitaria y escénica de la fe.
No es casual que buena parte de los medios insista en presentar a León XIV como un papa atento a los desafíos contemporáneos porque habla de inteligencia artificial, tecnología o crisis globales. Sin duda, esos temas forman parte del mundo actual.
A esta disputa por la presencia se suma también la de la imagen de modernidad. No es casual que buena parte de los medios insista en presentar a León XIV como un papa atento a los desafíos contemporáneos porque habla de inteligencia artificial, tecnología o crisis globales. Sin duda, esos temas forman parte del mundo actual.
Del mismo modo, tampoco es menor que la Iglesia mantenga una sensibilidad pública hacia la pobreza, la migración o la exclusión, más aún en un momento en que la extrema derecha contemporánea ha situado a las personas migrantes y a los sectores vulnerables en el centro de su ofensiva política. Pero esa dimensión social también forma parte del papel histórico de la Iglesia como institución comunitaria y asistencial. Ahí la contradicción no la expresa tanto el Vaticano como las nuevas extremas derechas, que reivindican la tradición, la religión y la Iglesia como signos de identidad, pero chocan con una parte esencial de aquello que dicen defender cuando convierten a los pobres, los migrantes o los excluidos en enemigos políticos.
El problema de fondo, sin embargo, no se resuelve con grandes actos, gestos sociales o discursos sobre el futuro tecnológico. La Iglesia quiere recuperar centralidad en la vida pública. Así, resulta significativa la combinación de planos en esta visita: encuentros con migrantes, personas presas y sectores vulnerables conviven con la presencia en instituciones centrales del Estado. Unos gestos que deben ser leídos dentro de una estrategia más amplia de recomposición de la autoridad eclesiástica. Porque "no solo de pan vive el hombre", la Iglesia busca recuperar legitimidad social, pero para ello debe afrontar debates estructurales que o bien omite directamente o son abordados de manera superficial.
Porque "no solo de pan vive el hombre", la Iglesia busca recuperar legitimidad social, pero para ello debe afrontar debates estructurales que o bien omite directamente o son abordados de manera superficial.
En ese sentido, aparece uno de los temas que más claramente pone a prueba cualquier discurso de renovación: los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia católica. Expertos, asociaciones de víctimas y teólogos comprometidos llevan años señalando que no se trata solo de conductas individuales, sino de un problema estructural. En ese debate, el celibato obligatorio no puede quedar fuera del análisis, no porque explique por sí solo los abusos, sino porque forma parte de una organización clerical construida sobre la separación del clero respecto de la vida común, la negación institucionalizada de su sexualidad y una cultura de secreto, obediencia y doble moral. Además, no pertenece a los orígenes del cristianismo: se consolidó en la Iglesia latina en el siglo XII, ligado sobre todo a la preservación de los bienes eclesiásticos y a impedir su transmisión a herederos legítimos. Condensando así muchas de las críticas legítimas que se le hacen a esta institución.
Por eso la Iglesia falló al defender su propia estructura antes que a las víctimas. Y si quiere afrontar realmente el problema, no basta con pedir perdón, modernizar su vocabulario o actualizar sus temas de debate. Tiene que repensar su estructura desde la base, y esto incluye también su relación con el Estado. Solo el trato privilegiado de la Iglesia puede explicar por qué el Estado también ha fallado en este caso. ¿Cómo si no puede explicarse la falta de contundencia no solo ante los casos específicos, sino ante otro tipo de delito como son el encubrimiento y la obstrucción sistemática de investigaciones? Fue Jesús de Nazaret quien afirmó que "al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios", y en este caso han fallado ambos, y lo ocurrido ha dejado al descubierto una relación profundamente dañina entre privilegio religioso, impunidad institucional y desprotección de las víctimas.
La Iglesia católica conoce bien el lenguaje de la confesión. Pero, según su propia doctrina, no basta con reconocer el pecado: hace falta propósito de enmienda, voluntad real de no repetir el mal cometido. Ese es el problema. Sus confesiones públicas sobre la colonización, las dictaduras o los abusos sexuales pierden fuerza si no van acompañadas de una transformación de las estructuras que hicieron posible el daño. Sin esa enmienda, la confesión se convierte en administración simbólica de la culpa, que deja ausente la responsabilidad de cambio.
En una sociedad secularizada, la Iglesia puede ocupar un lugar en la vida pública, pero no por obediencia, tradición o privilegio, sino aceptando las reglas comunes. La pregunta que deja esta visita no es si la Iglesia quiere conservar influencia —es evidente que sí—, sino si está dispuesta a cambiar lo necesario para merecerla.
