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Argentina debate una ley que sanciona con cárcel la explotación ilegal en Malvinas

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El proyecto forma parte de la campaña nacionalista que, de manera inesperada, provocó el Mundial de fútbol.
Argentina debate una ley que sanciona con cárcel la explotación ilegal en Malvinas

La Cámara de Diputados de Argentina debatirá el 18 de noviembre la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como 'Ley Malvinas', que endurece las sanciones penales contra quienes exploten de manera ilegal los recursos naturales de este territorio ocupado por Reino Unido, o pongan en riesgo la defensa nacional a través de la colaboración con otros países.

El debate parlamentario se inscribe en el renovado reclamo por la soberanía que el presidente de Argentina, Javier Milei, inició después de que, durante el pasado Mundial de Fútbol, jugadores de la selección mostraran una manta con la leyenda: "Las Malvinas son argentinas". El gesto en la cancha desató un inesperado fervor nacionalista en el país sudamericano y nuevas tensiones con el Reino Unido, como el reciente rechazo oficial a la visita de la princesa Ana a las islas.

La nueva iniciativa presidencial establece penas de cinco a siete años de cárcel para quienes provean bienes o servicios a las empresas extranjeras que explotan de manera ilegal los recursos naturales de Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares que reclama Argentina.

También prevé de 12 a 15 años de prisión para quienes, "sin habilitación de la autoridad competente, encargare o realizare, por cuenta propia o de terceros, cualquier actividad de prospección o exploración de hidrocarburos".

La pena aumenta de 12 a 20 años de prisión, en el caso de quienes encarguen o realicen, por cuenta propia o de terceros, cualquier tipo de actividad de exploración o explotación de recursos naturales no renovables, así como su transporte o almacenamiento.

Espionaje

Uno de los capítulos más controvertidos es el relativo a tareas ilegales de inteligencia, y que se elaboró con base en la guerra por la soberanía de Malvinas que Reino Unido le ganó a Argentina en 1982. En ese sentido, el proyecto plantea la creación de un Consejo de Seguridad encabezado por el presidente, amplía el concepto de 'defensa nacional' y penaliza nuevos delitos relacionados con la intervención extranjera.

Por ejemplo, propone que sean castigados con 15 a 20 años de prisión quienes pongan secretos de Estado de Argentina a disposición de un Gobierno extranjero o personas a su servicio.

"La pena será de ocho a 20 años cuando la conducta se realizare durante un conflicto armado, una agresión extranjera, o en beneficio directo de un Estado enemigo. En la misma pena incurrirá el destinatario que obtuviere dicha información, tecnología o conocimiento", añade.

Además, establece condenas de entre tres y 10 años de cárcel a quien, "con conocimiento de su naturaleza y finalidad, proporcionare deliberadamente recursos, documentación, identidades, instalaciones, medios técnicos o cualquier otra forma de apoyo material a una operación clandestina de inteligencia desarrollada o destinada a desarrollarse en territorio nacional por cuenta de un Estado extranjero".

Por otra parte, serán castigados con cinco a 12 años de prisión quienes actúen por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, organización o agente extranjero, para realizar "actividades que intenten alterar procesos electorales o manipular la opinión pública" mediante campañas coordinadas de desinformación masiva; o si promueven o financian actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes.

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