Este 10 de noviembre, Argentina y Reino Unido tuvieron un encuentro en la primera jornada de audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo, por el arbitraje solicitado por el país sudamericano en contra de la actividad petrolera en las islas Malvinas.
En este primer encuentro, el Gobierno de Argentina expuso sus solicitudes. El embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, planteó cuatro reclamos concretos: que Reino Unido frene el inicio o la continuidad de las actividades de explotación vinculadas al proyecto Sea Lion, que no conceda nuevas autorizaciones en el área, que resguarde toda la información obtenida durante las tareas de exploración y que adopte medidas para proteger el medio marino, recoge Rosario 3.
Oyarzábal dejó claro que Buenos Aires no busca que la Corte resuelva a qué país corresponde la soberanía sobre el archipiélago ni que se pronuncie sobre la delimitación marítima. En cambio, la presentación ante esta instancia pretende que se ordene el cese de las actividades petroleras en el Atlántico Sur y se aborden los derechos que Argentina considera vulnerados por las decisiones unilaterales de Londres, tras la concesión de licencias para la explotación de hidrocarburos en el área.
"Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa", sostuvo el representante argentino, que dijo que su país reconoce los intereses y derechos humanos de los habitantes de las islas.
Sin embargo, dijo que "lo que estos ciudadanos británicos no tienen es el derecho a decidir a qué Estado pertenecen las Islas. Esa cuestión debe resolverse entre los dos Gobiernos", tal como lo ha determinado la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Posición de Londres
Entretanto, Londres sí comenzó centrándose en torno a la soberanía del archipiélago. "El Reino Unido no tiene dudas sobre la soberanía británica sobre las islas Malvinas y sus alrededores [...] El Reino Unido mantiene una administración pacífica sobre las islas desde 1765, con población estable desde enero de 1833, solo interrumpida por la invasión militar de Argentina en 1982", dijo la fiscal general británica, Ellie Reeves, según recoge Perfil.
Por tanto, considera que el país europeo tiene el derecho soberano y puede conceder licencias de explotación de hidrocarburos a empresas.
En su presentación, manifestó que la explotación de los recursos naturales de la zona "no son un tema de Argentina". Tras catalogar de "arrogante" al Gobierno argentino y señalar que está dando un uso político al reclamo de soberanía, indicó que Buenos Aires ignora "el derecho de los isleños a su desarrollo económico".
Detalló que las primeras licencias para la exploración de petróleo en el archipiélago se obtuvieron en 1996 y las perforaciones comenzaron "poco después".
"Argentina no explicó por qué la urgencia llega ahora, 28 años después. Tampoco destacó ninguna medida para recuperar el ambiente", agregó la fiscal.
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