Las fracasadas políticas de vivienda en España asedian al Gobierno de Sánchez

La crisis de vivienda ha escalado al punto en que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, reconoce que debe "reaccionar con contundencia" para atajar el asunto, probablemente el más apremiante de cara a los próximos años, porque hunde en la precariedad a toda una generación.

Las palabras del mandatario llegaron después de la masiva manifestación que recorrió las calles del centro de Madrid el domingo, con más de 100.000 personas aglutinadas bajo el lema "Es la última vez que lo pedimos por favor".

Los descontentos portaban pancartas que decían "la vivienda es un derecho, no un negocio", "bajemos los precios" y "no llegamos a fin de mes, si no bajan los precios, huelga de alquiler".

En ciudades como Madrid, alquilar un piso de 100 metros cuadrados supone de media unos 1.700 euros mensuales, mientras que para comprarlo hacen falta más de 470.000 euros, según las estimaciones del principal portal del sector, Idealista. Todo ello en un país en el que el salario medio superaba a duras penas los 26.000 euros anuales en 2022, y el mediano se quedaba en poco más de 22.000.

¿Cómo se llegó hasta aquí?

La situación en España tiene múltiples aristas. Por un lado está la falta de acceso a la vivienda protegida pública, que ronda el 2 % del total del parque, frente al 9 % de media de la Unión Europea (UE) y muy lejos del 20 % de países como Austria o Dinamarca.

Sin embargo, no siempre fue así. La vivienda pública llegó a representar hace décadas hasta el 35 % del parque, con años en que la construcción de este tipo de inmuebles superaba ampliamente a la del sector libre.

Aquí llega el primer fracaso de la política española en este rubro: se destinó una ingente cantidad de recursos públicos para casas que, en unos pocos años, pasaban al mercado libre, lo que alimentó el ciclo de la especulación.

En ocasiones, en ese ciclo han participado las administraciones públicas, como en el célebre caso de las 3.000 viviendas sociales que fueron vendidas al fondo buitre Goldman Sachs Azora, por parte del Ayuntamiento de Madrid en 2013, a un precio por debajo del mercado.

Además, la crisis financiera internacional desatada en 2008, que afectó sobremanera a España con la explosión de su burbuja inmobiliaria, tuvo como efecto colateral que el país pasara de construir alrededor de 600.000 viviendas al año a menos de 100.000.

La crisis fue el germen del segundo gran problema: la actual escasez de vivienda empuja los precios hacia arriba. El fin de los alquileres indefinidos hace tres décadas, la falta de otros instrumentos de ahorro para los ciudadanos, el 'boom' de los alquileres turísticos de los últimos años y la entrada de capital, en su mayor parte extranjero, para exprimir este mercado con espectaculares rendimientos, se suman para dibujar un panorama desolador para aquellos que no son propietarios.

Alquilar una vivienda a un precio razonable es difícil, imposible si no es en pareja o compartiendo, y además se lleva por delante cualquier posibilidad de ahorro. Mientras que comprar tampoco es una opción para una parte de la población, que ve inalcanzable ahorrar el 20 % que no les presta el banco o simplemente acceder a una hipoteca con unos sueldos raquíticos o unos empleos precarios.

El mapa social que se dibuja es alarmante: un país con una media de edad de emancipación más alta que su entorno; una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y con familias enteras viviendo en un dormitorio de un piso compartido con otras personas, que tampoco se pueden permitir otro proyecto vital. 

¿Qué se ha hecho?

A pesar del clamor popular, poco se ha hecho hasta la fecha porque el asunto no había sido rentable electoralmente. El país había tenido en las últimas décadas uno de los mayores porcentajes de propietarios en la órbita europea.

Unos propietarios que, en los años 70 y 80 del siglo pasado, pudieron pagar su casa en una década o menos, incluso con un solo salario, antes de la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral. No obstante, con el paso de los años, los españoles comenzaron a sufrir hipotecas de 30 y hasta 40 años, que suponían cada vez un mayor porcentaje de sus ingresos.

Durante la época de la burbuja inmobiliaria, que comenzó a resquebrajarse en 2007, ese esfuerzo para el pago de la hipoteca tenía una compensación emocional: se pensaba que era la inversión en un valor seguro, que siempre aumentaría su precio; pero la fantasía pinchó y muchas familias se quedaron con deudas que sobrepasaron el valor de sus viviendas, que cayeron en picado.

Pero entonces todavía quedaba la opción del alquiler. Si bien en las ciudades más pobladas comenzaba a ser elevado rentar, todavía era relativamente asequible.

Ahora el número de propietarios cada vez es menor y se empieza a vislumbrar una sociedad dividida en dos clases. Aquellos que disfrutarán de vivienda en propiedad y por tanto, de un mayor desahogo económico, porque heredarán un inmueble; y otros a los que el alquiler, su precio y su precariedad les condicionará su proyecto de vida.

¿Transferencias de rentas a los más pudientes?

Las políticas para paliar una situación han ido desde bonificaciones fiscales a la compra (que se terminaron en 2013), hasta incentivos para los caseros que alquilan sus inmuebles y ayudas a los jóvenes para sufragar una parte del coste del alquiler mensual.

Ayer, tras reconocer el tremendo problema que enfrenta la sociedad española, Sánchez anunció que destinaría 200 millones de euros en bonos para el alquiler joven, que se traducen en 250 euros al mes para personas de hasta 35 años que trabajen, pero no superen ciertos ingresos, y su alquiler no colme los topes para esas ayudas.

Las críticas a esta medida no se han hecho esperar y son las mismas que sufrió, en su momento, la administración del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero cuando, en 2008, implementó una ayuda de 210 euros al mes análoga a la de ahora.

Lo que pasó con esa política fue que en realidad se trató de una transferencia para los caseros, que aprovecharon para aumentar el precio de sus inmuebles. Y es posible que se vuelva a repetir con la medida anunciada por Sánchez.

En paralelo, el perfil de los caseros ha ido cambiando. Contrario al mantra que aseguraba que se trataba de pequeños y humildes propietarios que, con esfuerzo, adquirieron un inmueble para ponerlo en alquiler y complementar sus pensiones, lo cierto es que los fondos buitres han entrado con fuerza en este mercado.

La cuestión se vuelve más compleja por la multitud de instrumentos financieros que invierten en este tipo de productos inmobiliarios, en busca de la mayor rentabilidad posible y que nada tienen que ver con "pequeños propietarios".

¿Será la piedra que hunda a Sánchez?

Las críticas al bono de 250 euros para el alquiler, que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, se centran en que no sirven de nada si no se topan los precios legalmente. Adicionalmente, los detractores advierten que esa política solo contribuye a alimentar el alza de precios y engordar los bolsillos de los tenedores.

Precisamente, esa es una de las grandes exigencias de los afectados por la situación: que se limiten por ley los precios de los alquileres.

Otras de las demandas más repetidas son la creación de un parque público de viviendas en alquiler, que compita con el privado; las sanciones a los pisos vacíos (se calcula que hay cerca de cuatro millones) para forzar su salida al mercado; el freno a los pisos turísticos; y la mejora de condiciones para los inquilinos.

El problema lleva tiempo en las calles españolas y cada vez empieza a hacer más ruido. La masiva manifestación del pasado fin de semana ha sido un toque de atención, acompañado de una amenaza: la de la huelga de alquileres.

Exclusión, especulación y fondos buitre: La vivienda en España pasa de derecho a desafío

Se trata de una medida que no contempla la legislación española, que tan solo recoge las huelgas por motivos laborales, pero que las organizaciones de inquilinos están comenzando a plantearse. Además, ya hay un precedente, precisamente en Madrid, donde alrededor de 900 vecinos decidieron dejar de pagar la parte del alquiler correspondiente a lo que consideran cláusulas abusivas o ilegales de sus contratos.

El siguiente toque de atención será en Barcelona, el próximo 23 de noviembre, donde, siguiendo la estela que ha arrancado en Madrid, buscan inundar las calles con el lema: 'Se ha acabado. Bajemos los alquileres'.

Desde el Gobierno, mientras tanto, se asegura que esta cuestión es prioritaria y que no se permitirá "una España con propietarios ricos e inquilinos pobres", en palabras del propio Sánchez. Sin embargo, el bono anunciado no ha sido bien recibido, y la construcción de las 184.000 viviendas públicas prometidas no solucionará de inmediato el acuciante problema. Así las cosas, queda por ver si el Gobierno se atreverá a intervenir el mercado.

Las voces que vaticinan que esta puede ser la piedra que hunda a Sánchez se multiplican. Con un electorado dividido entre los bloques de derecha-izquierda, la pérdida de la confianza de una parte de los votantes y el descontento con la gestión, podrían acabar con toda posibilidad de reelección.