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Filipinas "no moverá un dedo" para ayudar a la CPI investigar la 'guerra contra las drogas'
El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., argumentó que la investigación supone una "amenaza para la soberanía" del país.
El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., declaró este martes que el país no cooperará con la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga la 'guerra contra las drogas' impulsada por el expresidente Rodrigo Duterte en 2016, informa la agencia oficial de noticias del Gobierno filipino.
"Permítanme decir esto por centésima vez. No reconozco la jurisdicción de la CPI en Filipinas. La considero una amenaza a nuestra soberanía. Por tanto, el Gobierno filipino no moverá un dedo para ayudar en ninguna investigación que lleve a cabo la CPI", afirmó el mandatario.
Marcos agregó que las autoridades de la nación están vigilando las actividades de los funcionarios de la CPI con el fin de asegurarse de que "no entren en contacto con ninguna agencia del Gobierno". Todas las instituciones gubernamentales, incluso de nivel local, fueron avisadas para que eviten cualquier cooperación con el tribunal. "No reconocemos su jurisdicción. Por lo tanto, no ayudaremos de ningún modo, forma o manera, en ninguna investigación que la CPI esté realizando en Filipinas", recalcó.
Las declaraciones del presidente filipino se producen tras la aparición de varios reportes que apuntan que la CPI había podido recoger información y pruebas contra Duterte y otros funcionarios sobre supuestos casos de crímenes contra la humanidad cometidos durante la 'guerra contra las drogas', que, según los informes, ha dejado más de 7.700 muertos en el país.
Investigación de la CPI
En marzo de 2018, Rodrigo Duterte ordenó la salida de Filipinas del Estatuto de Roma, instrumento mediante el cual se constituyó la Corte Penal Internacional. Manila cortó formalmente sus lazos con el tribunal el 17 de marzo de 2019.
En septiembre de 2021, la CPI inició una investigación formal sobre la guerra contra el narcotráfico lanzada por Duterte, pero la suspendió dos meses después de que el Gobierno filipino prometiera examinar el caso por su cuenta.
No obstante, el tribunal internacional argumenta que incluso si un Estado se retira del estatuto, la CPI puede investigar crímenes que se cometieron cuando el país aún era miembro. Así, en junio de 2022, el fiscal de la CPI solicitó reabrir la pesquisa al no estar "satisfecho" con la investigación realizada por Filipinas.
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