Fiscalía agrega un nuevo capítulo a la crisis en Guatemala al considerar inválidos los comicios generales

La Fiscalía General de Guatemala abrió un nuevo capítulo en la crisis política que atraviesa el país centroamericano, al denunciar presuntas irregularidades cometidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que, globalmente consideradas, ameritarían la nulidad de las elecciones generales en las que resultó electo presidente Bernardo Arévalo de León.

La agente fiscal Leonor Morales Lazo aseguró que "las actas de cierre de escrutinio son nulas de pleno derecho para las elecciones generales", porque "no son las que fueron autorizadas por el TSE".

Del mismo modo, la funcionaria avanzó señalamientos relativos al uso fraudulento de un 'software' de totalización que, según su versión, habría sido manipulado por terceros para alterar la voluntad popular, así como en lo concerniente al resguardo del material usado en los comicios y al presunto cambio de actas electorales.

Morales Lazo recalcó que el Ministerio Público (MP) "respeta la voluntad del pueblo". "Esta investigación, precisamente, está dirigida a respetar esa voluntad popular, partiendo del análisis de la primera vuelta electoral", argumentó.

Resultados "inalterables"

Por su lado, el pleno del TSE rechazó las acusaciones del Ministerio Público y reafirmó que los resultados con los que Arévalo de León fue declarado ganador de la liza presidencial del pasado agosto "son inalterables".

"Tenemos un binomio presidencial que está acreditado y debe tomar posesión", dijo la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, en declaraciones ofrecidas a los medios, con lo que dejó claro que en apego a la norma constitucional, tanto Arévalo de León como la vicepresidenta electa, Karin Herrera, deben ser investidos el próximo 14 de enero.

"No podemos repetir ninguna elección. Si no toman posesión, habría rompimiento del orden constitucional", advirtió.

Condena al intento de "golpe de Estado"

El propio Arévalo denunció que están "ante un golpe de Estado absurdo, ridículo y perverso". "Los golpistas están dando patadas de ahogado, los últimos pasos tambaleantes para un golpe de Estado", declaró en rueda de prensa tras divulgarse la pretensión de la Fiscalía guatemalteca.

"El grupo golpista que ocupa el Ministerio Público ha dejado muy claras las intenciones de las acciones ilegales que han llevado a cabo en el último año. Empezaron con la represión para coartar la libertad de expresarnos y de disentir frente al poder", denunció el presidente electo.

Tanto el presidente de Colombia, Gustavo Petro, como la Organización de Estados Americanos (OEA), condenaron la acción de la Fiscalía, al considerar que amenaza la institucionalidad democrática.

"Estamos frente a un golpe de Estado en Guatemala. La OEA debe actuar de inmediato. Todo el apoyo al pueblo guatemalteco. Una fiscalía que ha encubierto el narcotráfico y la corrupción actúa contra la democracia", sostuvo Petro en su cuenta de X.

Por su parte, la Secretaría General de la OEA condenó en un comunicado lo que tachó de "intento de golpe de Estado por parte del MP de Guatemala".

"Las acciones y dichos de los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales constituyen una alteración del orden constitucional del país, un quebrantamiento del Estado de derecho y una violación de los derechos humanos de la población de su país", reza parte del documento.

Del mismo modo, el organismo interamericano valoró que "el intento de anular las elecciones generales del presente año constituye la peor forma de rompimiento democrático y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo".

De su lado, el representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad, Josep Borrell, condenó "los intentos de anular las elecciones de Guatemala, basándose en falsas acusaciones de fraude", y los tildó de "un intento de golpe de Estado que afectará significativamente las relaciones" bilaterales.

La víspera, la Organización no Gubernamental Human Right Watch solicitó a Bruselas la imposición de sanciones en contra de la fiscal general, Consuelo Porras; el titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche; el juez Fredy Orellana y la fiscal Cinthya Monterroso, quienes habrían usado sus posiciones para avanzar causas penales falsas en interés de "socavar el derecho al voto y acosar" al partido Movimiento Semilla "mediante maniobras legales".

• Guatemala atraviesa una profunda crisis política desde que Arévalo de León ganó la primera vuelta y empezó a perfilarse como ganador del balotaje en agosto frente a la exprimera dama Sandra Torres, tras lo cual la Fiscalía emprendió acciones que terminaron en la suspensión del Movimiento Semilla e incluyeron el allanamiento de su sede y la del TSE, así como el secuestro de actas con resultados. 
• Los reiterados intentos de judicialización en contra de Arévalo y Semilla desataron una ola de protestas con cierres de vías, paros y cercos ante las sedes del MP, en rechazo a los intentos de desconocer la voluntad popular.