Retrasos, anomalías procesales y reclamos: así avanza el juicio por las esterilizaciones forzadas en Perú durante el Gobierno de Fujimori

A tres meses de haber iniciado, el juicio por las esterilizaciones forzadas y masivas realizadas en Perú durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) está envuelto en una serie de obstáculos ya que las víctimas tienen problemas para testificar, en varios casos ni siquiera saben quiénes son sus abogados o sus declaraciones no han sido programadas.

Además, el expresidente todavía no está siendo juzgado por este delito y el Estado sigue sin cumplir con planes de reparación que incluyan la atención médica integral, ya que, después de décadas, las mujeres siguen padeciendo secuelas físicas y sicológicas producto de las intervenciones no consentidas a las que fueron sometidas.

Estas son algunas de las denuncias realizadas en las últimas semanas por las organizaciones de víctimas y de asociaciones que las acompañan en el proceso que inició en marzo pasado en contra de los exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, quienes están acusados de violaciones a los derechos humanos que incluyen delitos contra la vida, el cuerpo y la salud y lesiones graves seguidas de muerte.

Fujimori fue procesado el año pasado como el principal responsable de una política de planificación familiar violatoria de los derechos humanos que lo único que buscaba era esterilizar a mujeres y a hombres de escasos recursos para que su Gobierno pudiera demostrar una reducción de la pobreza. Se calcula que hubo alrededor de 300.00 víctimas.

Sin embargo, el exmandatario no está acusado en este juicio porque, cuando fue extraditado de Chile, en 2007, todavía no se le acusaba formalmente por las esterilizaciones masivas.

En abril pasado, la Justicia peruana solicitó a Chile la ampliación de delitos en contra de Fujimori para poder juzgarlo por este crimen. En cuanto concluya el trámite judicial internacional, podrá avanzar el proceso en su contra en los tribunales de su país.

Calendario

Por otra parte, está pendiente el "indulto humanitario" que le otorgó en marzo pasado el Tribunal Constitucional de Perú y que permite su libertad inmediata, lo que ha sido frenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Fujimori cumple penas de seis a 25 años de prisión por las masacres de Barrio Altos y La Cantuta ocurridas en 1991 y 1992, que dejaron un saldo de 25 muertos, y por otros delitos como usurpación de funciones, lesiones graves, abuso de autoridad, secuestro agravado, peculado doloso, apropiación de fondos, falsedad ideológica en agravio del Estado, sobornos, interceptaciones y escuchas telefónicas, y la compra ilegal de medios de comunicación.

Pero, a sus 83 años, falta que enfrente el juicio por la aplicación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, impuso entre 1995 y 2000 más de 270.000 operaciones de ligadura de trompas y más de 22.000 vasectomías forzadas.

La agenda del juicio por las esterilizaciones preveía que duraría ocho meses, es decir, hasta octubre, y que en julio ya se habrían escuchado a los más de 700 testigos convocados por la defensa y la fiscalía pero, a estas alturas del proceso, parece improbable que se puedan cumplir los plazos.

Irregularidades

La organización Derechos Humanos Sin Fronteras denunció que varias de las víctimas tienen problemas de comunicación con las y los abogados que las defienden, lo que se traduce en retrasos para organizar el cronograma de toma de declaraciones, además de que la brecha digital y la falta de conectividad en las zonas rurales en las que viven les impiden declarar vía remota.

Incluso hay casos extremos en el que ni siquiera conocen a sus representantes legales o detalles procesales básicos, como la ubicación de sus expedientes.

"A veces las reprograman (las audiencias) y ellas no se enteran. Hay que imaginar el malestar porque muchas no son de capitales de provincias y tienen que viajar para buscar a las dirigentes para que les asistan. Otras no tienen los equipos. Son muchos los problemas que enfrentan en busca de justicia", explicó Yulissa Casana, representante de Derechos Humanos Sin Fronteras, en entrevista con el diario La República.

Hasta ahora, hay 7.913 víctimas registradas en todo el país, aunque el juicio que está en marcha solo incorpora 1.300 casos.

Por otra parte, existe una demanda de amparo contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que implemente una política de atención integral a la que el presidente Pedro Castillo se comprometió durante su campaña, pero que todavía no ha cumplido, y que incluye servicios de salud y reparaciones económicas.

A ello se suma la exigencia de que el mandatario pida perdón en nombre del Estado. El reclamo se reavivó luego de que el presidente de Chile, Gabriel Boric, se disculpara con una mujer que hace 20 años fue sometida a una esterilización forzada debido a que tenía VIH.

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"Quiero comenzar pidiéndole disculpas a Francisca, por la grave vulneración de tus derechos, por la denegación de justicia y por todo el tiempo que tuviste que esperar para esto", dijo en mayo pasado durante un evento oficial en el que se dirigió a la mujer por el nombre con el que se le conoce para resguardar su identidad.

"Cuando contaban tu historia, pensaba que hay tantas personas como tú que no conocemos y duele que el Estado sea responsible. Me comprometo ante ti y ante todos que mientras gobernemos, vamos a dar lo mejor para que no se vuelva a repetir algo así (...) este acto no se hace por algo simbólico, sino que es la manera de regenerar el tejido social para contribuir a una sociedad más justa", agregó.

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