Australia ofrece a Francia una compensación tras cancelar el acuerdo de compra de sus submarinos

El Gobierno de Australia pagará una compensación de 585 millones de dólares a la empresa francesa Naval Group por rescindir el pasado mes de septiembre un contrato multimillonario de suministro de submarinos, según se desprende del comunicado publicado este sábado en el sitio web del primer ministro de Australia, Anthony Albanese. 

"Política de rango": Australia arremete tras revelaciones del plan del exministro de Defensa para comprar submarinos nucleares de EE.UU.

Albanese señaló que su Gobierno había llegado a un acuerdo "justo y equitativo" con la compañía francesa. "Ahora que el asunto está resuelto, podemos avanzar en las relaciones con Francia", afirmó. 

"Dada la gravedad de los retos a los que nos enfrentamos, tanto en la región como a escala mundial, es esencial que Australia y Francia se unan una vez más para defender nuestros principios e intereses comunes: la primacía del derecho internacional, el respeto de la soberanía, el rechazo de toda forma de coerción y la adopción de medidas decididas contra el cambio climático", subrayó el primer ministro. 

También indicó que espera aceptar la invitación del presidente de Francia, Emmanuel Macron, para visitar París para seguir colaborando con él y "profundizar la asociación estratégica" entre las naciones.

• El pasado mes de septiembre, el presidente de EE.UU., Joe Biden; el primer ministro británico, Boris Johnson; y el entonces primer ministro de Australia, Scott Morrison, anunciaron la formación de una nueva alianza de seguridad y cooperación en materia de defensa para la región Indo-Pacífico. La cooperación trilateral, que lleva el nombre de AUKUS, prevé que EE.UU. ayude a Australia con las tecnologías necesarias para dotarse de submarinos de propulsión nuclear. 
• En este contexto, Australia decidió rescindir el programa de suministro de submarinos por parte de la compañía francesa de defensa Naval Group que implicaba la construcción de una flota de 12 sumergibles convencionales en el marco de un contrato multimillonario, estimado en unos 66.000 millones de dólares, lo que provocó la indignación de Francia.