Denuncian al primer ministro húngaro por presunto chantaje y violencia doméstica

La demanda se fundamenta en las recientes declaraciones de la exesposa del mandatario, Judit Varga, sobre un presunto historial de coacciones con una grabación oculta.

El primer ministro de Hungría, Péter Magyar, ha sido denunciado por presunto chantaje y violencia doméstica hacia su exesposa, la exministra de Justicia Judit Varga. La denuncia formal fue presentada ante la Fiscalía Central de Investigaciones por Ilona Ékes, exparlamentaria del partido Fidesz, informa la prensa local.

Según anunció el partido Fidesz, la demanda se fundamenta en el testimonio que Varga ofreció esta semana ante una comisión parlamentaria de investigación.

El origen del conflicto: una grabación secreta

El documento sostiene que, en enero de 2023, Magyar realizó una grabación de audio secreta en el hogar familiar sin el consentimiento de su entonces esposa. La denuncia afirma que el actual primer ministro utilizó dicho material de forma sistemática hasta marzo de 2024 para amenazar de forma constante a Varga con denunciarla, encarcelarla y arruinar su reputación si continuaba con el trámite de divorcio o si aceptaba condiciones de reparto de bienes y custodia de los hijos que resultaran desfavorables para el propio Magyar.

Como consecuencia de esta presión prolongada —que la denuncia califica formalmente como un presunto caso de violencia doméstica—, Varga se vio obligada a posponer la separación y a firmar acuerdos perjudiciales que le causaron pérdidas financieras.

Ante esto, Ékes ha solicitado a la Fiscalía que abra una investigación penal e incaute el audio original. Asimismo, el recurso propone investigar las circunstancias de la creación de la grabación de audio y su posible manipulación, además de abordar la presunta violación de los derechos de la personalidad. Por su parte, el primer ministro ya ha rechazado categóricamente los señalamientos de su exesposa. La presentación de esta denuncia en sí misma no significa el inicio de una investigación, y la determinación de la responsabilidad penal es tarea del tribunal.