Por segundo día consecutivo, una oleada de amenazas de bomba obligó este jueves 12 de noviembre a evacuar a estudiantes y docentes de colegios en diversas partes del territorio italiano, pocas horas después de que otra alerta provocara un cierre por seguridad en la estación del tren Eurostar en Calais (Francia).
Según el diario La Repubblica, el autor de los correos electrónicos, quien se identificó nuevamente como Mijaíl Andrópov, envió las amenazas desde una cuenta pirateada en Filipinas, asegurando que también se colocó un explosivo en el Palacio Chigi de Roma, sede del Gobierno italiano. El remitente exigió la dimisión de la primera ministra, Giorgia Meloni, y advirtió que, de lo contrario, "se arrepentirá amargamente".
En este nuevo mensaje, más detallado y agresivo que el de la jornada anterior, se aseguraba que los supuestos artefactos contenían metralla y estaban ocultos en bolsas selladas al vacío para burlar a los perros policía. Asimismo, para evitar que el aviso se descartara como una broma, el texto afirmaba falsamente que ya se había detonado una bomba con víctimas mortales en una de las escuelas.
Miles de copias del mensaje llegaron a primera hora a guarderías, colegios e institutos de ciudades como Roma, Milán, Nápoles, Palermo, Bolonia, Génova, Catania y Trieste, entre otras. Aunque las inspecciones de las fuerzas del orden volvieron a descartar la presencia de explosivos, la alerta provocó nuevas evacuaciones, suspensiones de clases y confusión.
En un instituto de la capital incluso hubo protestas estudiantiles exigiendo directrices claras después de que la directora decidiera no desalojar al detectar erratas que delataban la falsedad del texto.
Ante la avalancha de amenazas, el Palacio Chigi tachó el episodio de repetición de una "alarma infundada" y anunció un protocolo operativo común del Comité Interministerial para la Seguridad de la República. La directriz instruye a todas las administraciones a no evacuar los edificios por la simple recepción de un correo masivo, reservando los desalojos únicamente a los casos en que los prefectos cuenten con pruebas concretas de un riesgo real.
En paralelo, Meloni se reunió con la oposición para coordinar respuestas y evitar que las falsas alertas paralicen el país.