Cecilia Pérez Rivas, exministra de Justicia y exviceministra de Política Criminal de Paraguay, envió una carta abierta con un duro cuestionamiento a una decisión del presidente Pedro Alliana, quien releva en el cargo al depuesto Santiago Peña tras la crisis del Ueno Bank.
La decisión en tela de juicio fue la ratificación en el cargo de Rodrigo Nicora al frente del ministerio de Justicia, una determinación que en criterio de Pérez Rivas —quien desempeñó ese puesto durante del Gobierno de Horacio Cartes— representa una ofensa a la lucha contra el crimen organizado.
"No permita que nos maten a todos", asevera la carta, que fue publicada el 8 de noviembre, mientras el país suramericano sigue sumido en el escándalo por la insolvencia y posterior intervención del banco, que tenía una cartera de tres millones de clientes, en un país con poco más de seis millones de habitantes.
Caso Ueno Bank: ¿cómo un conglomerado empresarial sacudió a Paraguay?
En ese tono de advertencia, la exministra arrojó luces sobre las presuntas omisiones de Nicora para favorecer el funcionamiento de una estructura narcocriminal al interior de una cárcel de máxima seguridad.
Una prisión convertida en 'condominio' del narco
El recinto penitenciario que, según la denuncia, se ha convertido en el núcleo de una "verdadera junta del narcotráfico" es el penal Martín Mendoza, en Emboscada. Allí, los presos habrían gozado de privilegios y fue escenario de sospechosas fugas hechas con sábanas y frazadas, mientras que supuestos audios delatarían la presunta vinculación de directivos de la cárcel para impedir traslados mediante sobornos.
En criterio de Pérez Rivas, Nicora tuvo "todo lo que un ministro puede pedir" para transformar el modelo penitenciario del país, mientras "la cárcel insignia de su gestión no resistía una inspección seria. Eso tiene un nombre: negligencia, sostenida en el tiempo y encubierta con propaganda".
Por ese motivo, la exministra pide la revocación del mandato de Nicora, el nombramiento de alguien sin vínculos con la gestión penitenciaria de Peña y la protección a los operadores de justicia. En ese particular, recordó las amenazas que han recibido fiscales y jueces del caso A Ultranza Py, considerada la mayor causar contra el narco y el lavado de activos del país, y que aseguró que salen de la cuestionada cárcel Martín Mendoza.
Asimismo, destacó el asesinato del coronel Guillermo Moral, el pasado 2 de octubre de 2025, frente a la Facultad de Derecho, un mes después de que su testimonio permitiera condenar a quienes intentaron sobornarlo cuando dirigía el reclusorio de Viñas Cue: "No tenía custodia. El Estado no lo protegió", zanjó la extitular de cartera durante el Gobierno de Cartes.
- Los cuestionamientos a las designaciones de Alliana, quien pertenece al mismo partido de Peña, ocurren mientras el depuesto mandatario se encuentra en recluido en el Regimiento Escolta Presidencial (REP), bajo prisión preventiva.
La crisis en Paraguay estalló después de que el Banco Central iniciara un procedimiento de resolución de Ueno Bank ante sus problemas financieros, lo que paralizó operaciones y afectó a millones de clientes. Entre las acusaciones contra Peña figuran sus antiguos vínculos accionarios con el grupo que controlaba el banco, el nombramiento de Carlos Carvallo al frente del organismo regulador y la colocación de unos 355 millones de dólares del Instituto de Previsión Social en la entidad, en operaciones cuyos límites legales fueron cuestionados. Peña ha rechazado las imputaciones.