El magistrado Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de España, pidió a dos extrabajadoras del cantante español Julio Iglesias demostrar que los hechos por los que ellas denunciaron al artista al señalarlo responsable de presuntas agresiones sexuales cometidas en Bahamas y República Dominicana contra ellas, son calificadas como delitos en esos países caribeños.
Según fuentes jurídicas consultadas por el medio español elDiario.es, el togado no solo habría hecho esa solicitud, que ya fue respondida por los abogados de las dos extrabajadoras, sino que también pidió que se le facilite el expediente preprocesal de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
"Ese expediente es en el que la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, concluyó que la denuncia presentada previamente ante el Ministerio Público no podía ser admitida por falta de competencia de los juzgados españoles. Frente a esa primera conclusión de Durántez, el pasado 14 de octubre trascendió que el fiscal Vicente González Mota sostuvo que este tribunal especial sí era competente para investigar la querella por agresión sexual presentada contra el cantante Julio Iglesias", añade el medio.
La defensa de las mujeres también envió al magistrado un informe complementario con extractos de la legislación penal de Bahamas y de República Dominicana. El documento incluye 12 anexos normativos con los que aspiran demostrar que las conductas denunciadas constituyen un ilícito penal en ambos países caribeños, condición indispensable para que la justicia española asuma el caso en el extranjero.
En paralelo, las extrabajadoras interpusieron un recurso de apelación ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia. La defensa exige revocar la resolución que permitió a la representación del cantante acceder a la querella y presentar alegaciones, todo ello sin que el juzgado adoptara previamente las medidas de protección solicitadas de forma reiterada a favor de las víctimas.
Acusaciones
Las denunciantes, bajo los nombres ficticios de Rebeca y Laura, acusan a Julio Iglesias de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado, agresiones sexuales y vulneración de derechos laborales dentro de sus propiedades en el Caribe durante el 2021. La organización feminista Women’s Link Worldwide, que se unió a la causa de las extrabajadoras, indicó que Iglesias presuntamente aprovechó su posición de poder y la vulnerabilidad de las mujeres para mantener un clima de intimidación y someterlas a abusos continuados.
