El Gobierno de Texas anunció esta semana que declaró como suyas nueve islas en disputa ubicadas a lo largo del río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos. La decisión unilateral fue rechazada por las autoridades mexicanas, que señalaron que la delimitación fronteriza se rige por tratados internacionales.
La Oficina General de Tierras de Texas, encabezada por la comisionada Dawn Buckingham, afirmó que esas nueve islas pertenecen a la jurisdicción del estado, por lo que autorizó a fuerzas del orden estatales a patrullar esos territorios, "eliminar cualquier actividad ilegal" e impedir que los cárteles los utilicen para el tráfico de personas y drogas.
"Durante años, la propiedad de estas islas ha sido incierta, lo que ha limitado la capacidad de garantizar su debida vigilancia y protección", declaró Buckingham, aunque precisó que no se han confirmado actividades delictivas en esos territorios. "El terreno de Texas jamás se convertirá en un refugio seguro para cárteles, traficantes de personas, contrabandistas u otras organizaciones criminales", concluyó.
La reacción de México
En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México subrayó que la frontera entre México y Estados Unidos "no puede modificarse por decisión de un Gobierno estatal", ya que sus límites están definidos por criterios establecidos en un tratado internacional.
La Cancillería explicó que el Tratado de Límites de 1970 entre México y Estados Unidos establece que, en el río Bravo, "el límite internacional corre por el centro del cauce normal del río". Asimismo, sostuvo que corresponde únicamente a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) determinar de qué lado del límite se ubica cada isla. "Ninguna autoridad estatal tiene esa atribución", reiteró.
