La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Panamá resolvió en contra de una demanda de nulidad sobre el proyecto para la construcción del Puerto Barú, en la provincia de Chiriquí. La decisión zanja una disputa legal que involucraba a dos millonarios estadounidenses.
El fallo implica una victoria para el estadounidense John McKeown, quien dirige Ocean Pacific Investments (OPI) —la empresa promotora de Puerto Barú—, y una derrota para su coterráneo Louis Bacon, dueño de un resort ecoturístico en la zona y quien estaba preocupado por el impacto ambiental de la obra.
El tribunal declaró no ilegal una resolución, que data de enero de 2024, en la que el Ministerio de Ambiente de Panamá aprobó el estudio de impacto ambiental de la iniciativa portuaria, reseñaron medios locales.
Comunicado oficial 📌 https://t.co/0wXUChLEqI
— Puerto Barú en David (@puertobaru) October 26, 2026
La Corte Suprema determinó que los demandantes no lograron sustentar las supuestas infracciones legales y, por ende, no existe traslape entre el proyecto y el área de manglar, dando luz verde a OPI para continuar con sus inversiones.
El conflicto surgió después de que un grupo de organizaciones sin ánimo de lucro impugnara la aprobación ambiental de OPI, al considerar el impacto que el futuro puerto tendrá en una zona delicada del país, pese a que el proyecto asegura que será de gestión "verde" y aliviará la presión sobre los centros comerciales de Ciudad de Panamá.
Reacciones
"Recibimos esta decisión con respeto y responsabilidad. Siempre hemos confiado en las instituciones panameñas", afirmó el director general de Puerto Barú en David, Ismael González. "Chiriquí va a tener su puerto", resaltó.
En un comunicado, citado este 30 de octubre por la prensa, seis organizaciones ambientalistas respetaron la sentencia, pero aclararon que la demanda "no se basaba ni buscaba probar un traslape entre el proyecto y el área de manglar", sino que pretendía demostrar que "el polígono del proyecto, incluido su canal de navegación, traslapa con el área protegida".
Por su parte, el Ministerio de Ambiente acató la decisión, explicó que el estudio de impacto ambiental "se mantiene vigente" y ahora adoptarán las medidas correspondientes "para su debido cumplimiento".
El proyecto contempla una inversión privada de aproximadamente 250 millones de dólares y ahora "continuará avanzando conforme al marco legal y ambiental aplicable y a las disposiciones establecidas por las autoridades competentes".
