El proyecto del puerto Puerto Barú, en la provincia panameña de Chiriquí, se ha convertido en el campo de batalla entre dos empresarios estadounidenses: Louis Bacon, dueño de un resort ecoturístico en la zona, y John McKeown, quien dirige Ocean Pacific Investments y el más interesado en convertir el lugar en un nodo logístico.
Según un reportaje de Bloomberg, la última palabra sobre el futuro del puerto comercial de 260 millones de dólares en la costa pacífica de Chiriquí, al sur de la ciudad de David, está en manos de la Corte Suprema.
El conflicto surgió después de que un grupo de organizaciones sin ánimo de lucro impugnara la aprobación ambiental de Ocean Pacific Investments, al considerar el impacto que tendrá en una zona delicada zona de manglares del país, pese a que el proyecto asegura que será de gestión "verde" y aliviará la presión sobre los centros comerciales de Ciudad de Panamá.
¿Intereses?
Tanto Bacon como McKeown aseguran que defienden los intereses de Panamá, aunque ambos son estadounidenses y aprovechan las potencialidades del país centroamericano para engrosar sus fortunas con proyectos de diversa índole.
Bacon es propietario de Islas Secas, un lujoso resort con sello "ecoturístico" que se sitúa a 48 kilómetros al suroeste del puerto proyectado, donde las tarifas parten de 3.500 dólares por noche. El empresario ha admitido que la obra de McKeown podría provocar efectos en cadena por el dragado, pero aseguró que su oposición al infraestructura de Ocean Pacific Investments no tiene que ver con la protección de su hotel de lujo.
De momento, sus acciones en la zona han incluido el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) de defensa del medioambiente, que han tenido que enfrentar la arremetida judicial del impulsor del supuesto puerto "verde", y el pago de un estudio de impacto en la zona. Según Bloomberg, el magnate de 70 años es el septuagésimo mayor propietario de tierras en EE.UU. y ha puesto casi la totalidad (94 %) de esos predios bajo una figura de conservación, que impide futuros desarrollos.
Por su parte, McKeown es residente parcial en Panamá y empezó su interés por Chiriquí durante una excursión de pesca de altura, donde advirtió los desafíos logísticos de las embarcaciones que no encontraban muelles cercanos para abastecerse de combustible. Fue corredor inmobiliario y propietario de estructuras logísticas, además de presidir una empresa energética de capital cerrado, pero no tiene experiencia en el desarrollo de puertos comerciales como el que se pretende instalar en una zona ambientalmente sensible.
"Si creyera que Puerto Barú causaría un daño significativo a una parte de Panamá, un país que no solo amo sino al que llamo hogar, nunca habría dedicado mi tiempo ni mis recursos al desarrollo de este proyecto", dijo McKeown en un comunicado, tras asegurar que su empresa ha tomado las medidas necesarias para mitigar cualquier daño. Su promesa es que la obra sea la mayor inversión privada en la historia de la provincia y genere más de 1.100 empleos.
La empresa aclaró que no actuará como operadora portuaria, sino que se asociará con una para el manejo de la infraestructura, mientras el recurso contra el proyecto sigue su curso en los tribunales. En paralelo, la firma denunció por calumnia y difamación a dos ONG que se oponen a la instalación del puerto, y estas, a su vez, aseguraron que tenían congeladas sus cuentas por orden judicial.
¿Qué dice el Gobierno?
En medio del conflicto, el ministro de ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, emitió un comunicado en el que detalló que la cartera está obligada a respetar la aprobación ambiental del puerto de Barú, que tuvo luz verde durante el Gobierno anterior, al tiempo que ratificó que acatará el fallo del Supremo sobre el asunto.
Aunque Bloomberg consultó sobre la demanda de Ocean Pacific contra las ONG, el ministro no se pronunció al respecto, aunque a título personal ya ha dejado clara su preocupación. "En el Ministerio de Ambiente valoramos y promovemos una participación ciudadana activa y sólida, así como las contribuciones de la sociedad civil y de la comunidad científica a la gestión ambiental", aseguró.