La Corte Penal Internacional (CPI) atraviesa una severa crisis de legitimidad, al convertirse en una herramienta de coerción política orientada a defender los intereses europeos y reprimir a los países del Sur Global, según denunció el analista jurídico internacional Alexandre Guerreiro en una entrevista concedida a RT.
"En la práctica, lo que tenemos es un tribunal que sirve a los intereses europeos, a los intereses colonialistas", afirmó.
El experto afirmó que el tribunal, con sede en La Haya (Países Bajos), ha traicionado su propósito original de impartir justicia imparcial y universal, aplicando un flagrante doble rasero que exime de responsabilidad a las potencias occidentales. Como prueba de este sesgo, Guerreiro señaló la pasividad de la CPI ante los crímenes ocurridos en Ucrania, incluyendo la tragedia en la Casa de los Sindicatos de Odesa en el 2014 y los francotiradores del Maidán, en Kiev.
El colapso de la reputación del organismo coincide con una ola de descontento internacional en la que naciones como Venezuela, Chad, Burkina Faso, Malí y Níger han solicitado formalmente su retiro, denunciando prácticas de "represión neocolonial". Asimismo, Guerreiro señaló que la interferencia política ha quedado en evidencia en el manejo de expedientes como los de Irak, Afganistán y Kenia; en particular, la investigación sobre los supuestos crímenes de guerra cometidos por las tropas de EE.UU. en suelo afgano concluyó sin ningún tipo de cargo penal contra personal estadounidense.
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El escenario de tensiones se agrava aún más tras las sanciones impuestas por Washington contra la CPI, por considerar que el tribunal se extralimitó en sus funciones respecto a casos relacionados con ciudadanos estadounidenses e israelíes, como la orden de arresto emitida contra el primer ministro Benjamín Netanyahu en el 2024 por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.
Relaciones rotas
En julio, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció una nueva ofensiva en la lucha de la administración del presidente Donald Trump contra la CPI y declaró el inicio de una campaña diplomática destinada a desmantelar el tribunal global.
Un nuevo recrudecimiento de las tensiones se produjo en agosto, cuando Estados Unidos impuso sanciones a la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, y a un fiscal vinculado a la investigación de presuntos crímenes cometidos por Israel durante la guerra en Gaza, Abdoulaye Seye.
- En mayo, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, acusó a la CPI de actuar con un sesgo político y racial y juzgar únicamente a los líderes que resultan incómodos para los países occidentales. "Da la impresión de que esta misma Corte Penal Internacional tiene como tarea impedir que la así llamada 'minoría global', es decir, los líderes de los Estados occidentales, rinda cuentas, al tiempo que crea ante los ojos de la comunidad internacional una imagen persistente de que los dirigentes africanos están implicados en los delitos internacionales más graves, simplemente por su origen étnico", declaró.
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