El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha celebrado este martes el juicio por el despido colectivo de 2.062 trabajadores que moderaban contenidos de Facebook* e Instagram* desde Barcelona. La plantilla trabajaba para CCC Barcelona Digital Services, posteriormente integrada en Telus Digital, una de las empresas a las que Meta** externalizaba la revisión de contenidos violentos, sexuales o perturbadores publicados en sus plataformas. La vista ha quedado pendiente para sentencia.
El proceso cuestiona el cierre del servicio y el expediente de regulación de empleo —el procedimiento español para ejecutar despidos colectivos— acordado en abril del 2025. El sindicato FIST pide que los despidos sean declarados nulos y sostiene, entre otros argumentos, que el cierre pudo estar relacionado con la creciente litigiosidad del centro. Antes del ERE había más de 1.200 reclamaciones pendientes por diferencias salariales, daños a la salud mental y prevención de riesgos laborales.
Los demandantes aseguran además que parte de la actividad fue trasladada a otros países europeos. Las empresas lo niegan y sostienen que fue Meta quien decidió rescindir el contrato, lo que obligó a ejecutar el despido por causas organizativas y productivas.
El gran centro de moderación de Meta en España
La historia comenzó en junio del 2018, cuando Meta —entonces todavía Facebook— puso en marcha en la Torre Glòries de Barcelona un gran centro de moderación gestionado por CCC Barcelona Digital Services.
Allí se contrataron centenares de trabajadores de numerosas nacionalidades para revisar contenidos de Facebook, Instagram y Messenger en decenas de idiomas. CCC fue adquirida en el 2020 por Telus International, hoy Telus Digital.
Sobre el papel, la tarea consistía en aplicar las normas de las plataformas y decidir si una fotografía, un video o un texto debía permanecer publicado o ser eliminado. En la práctica, muchos trabajadores se convirtieron en el último filtro humano frente a algunos de los contenidos más extremos que circulan por Internet, y tenían que visionar ese tipo de material cada día durante toda su jornada laboral.
Asesinatos, suicidios y abusos sexuales: las denuncias del 2023
La dimensión del problema comenzó a hacerse pública con especial crudeza en octubre del 2023, cuando una investigación del diario español La Vanguardia recogió los testimonios de varios moderadores del centro.
Uno de ellos, un joven brasileño que había empezado a trabajar allí con 19 años, relató que fue destinado al equipo de "alta prioridad", encargado de revisar los casos más graves. Los contenidos incluían asesinatos, desmembramientos, torturas, violaciones, suicidios transmitidos en directo y abusos sexuales contra menores. En pocos meses, según explicó, comenzó a sufrir pesadillas, insomnio y ataques de pánico.
Otros trabajadores describieron videos de canibalismo, torturas de grupos narcotraficantes, maltrato animal, violencia sexual y personas quitándose la vida ante una cámara. Una moderadora argentina contó que había terminado trabajando específicamente con transmisiones de suicidios y que la exposición continuada la llevó a desarrollar pensamientos suicidas. Otros empleados denunciaron ansiedad, depresión, estrés postraumático y problemas graves de sueño.
El problema no era solo el contenido, sino la repetición y el ritmo de trabajo. Determinados videos debían visionarse varias veces y por completo para decidir qué norma aplicar. Los moderadores denunciaron además fuertes exigencias de productividad y descansos insuficientes.
En octubre del 2023, CCC/Telus tenía unos 2.030 empleados en Barcelona y reconocía una tasa de absentismo del 19,8%. Los mercados más numerosos eran precisamente el latinoamericano en español y el de lengua portuguesa, con unos 800 trabajadores en cada uno, muchos procedentes de América Latina.
La empresa sostenía que contaba con psicólogos y espacios de bienestar, pero los empleados denunciaban que esas medidas eran insuficientes frente a una exposición diaria y prolongada a contenidos extremos.
La Inspección de Trabajo catalana había abierto una investigación en el 2021 y al año siguiente sancionó a la compañía con 40.985 euros por deficiencias en la prevención de riesgos psicosociales.
Los tribunales reconocen el daño psicológico
El conflicto terminó llegando a los tribunales. En enero del 2024, una sentencia consideró accidente laboral la enfermedad psiquiátrica sufrida por uno de los moderadores. El caso avanzó hasta que, el 4 de marzo de 2026, el Tribunal Supremo español dejó firme la resolución que vinculaba sus trastornos con el trabajo.
El tribunal consideró determinante el visionado continuado de imágenes de violencia extrema durante toda la jornada y bajo fuertes exigencias de ritmo. El trabajador había permanecido apenas 8 meses en activo antes de iniciar una baja médica de la que no llegó a reincorporarse. Para entonces, sin embargo, el centro de Barcelona ya había desaparecido. El 2 de abril de 2025, Meta comunicó que dejaba de utilizar los servicios de moderación que Telus prestaba desde la Torre Glòries. La decisión puso en riesgo unos 2.000 puestos de trabajo y abrió el proceso de despido colectivo ejecutado entre abril y mayo.
Ese desenlace es el que ha llegado ahora al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El tribunal deberá decidir si el cierre y los más de 2.000 despidos fueron una consecuencia empresarial legítima de la cancelación del contrato con Meta o si, como sostiene el sindicato demandante, la actividad fue trasladada mientras se dejaba atrás a una plantilla que acumulaba centenares de reclamaciones.
*Perteneciente a Meta, calificada en Rusia como organización extremista, cuyas redes sociales están prohibidas en su territorio.
**Calificada en Rusia como organización extremista, cuyas redes sociales están prohibidas en su territorio.