El Gobierno del presidente Donald Trump aprobó un pago de cinco millones de dólares a Liberia en el marco de un acuerdo para enviar migrantes desde EE.UU. al país africano, según documentos internos del Departamento de Estado revisados por The New York Times. La revelación se conoce después que esta semana Monrovia anunciara que aceptará hasta 1.200 deportados durante el próximo año.
El dinero fue aprobado por el Departamento de Estado en diciembre, dos meses después que Liberia se comprometiera a considerar la recepción de migrantes de terceros países. Datos públicos de gasto muestran que en enero se efectuó un pago por ese monto destinado a "actividades de gestión migratoria", aunque el registro no lo vincula explícitamente con el acuerdo de deportaciones.
Los fondos salieron del programa estadounidense de Asistencia para Migración y Refugiados, concebido para financiar la protección y asistencia a refugiados en todo el mundo. De acuerdo con los documentos, Liberia podría utilizar el dinero para reforzar su sistema migratorio y asistir a personas vulnerables mediante alojamiento, alimentos y capacitación laboral.
La revelación contrasta con la versión difundida por el Gobierno liberiano al anunciar el acuerdo. Las autoridades aseguraron que el país no había "exigido ni recibido ninguna compensación o promesa de recompensa" por aceptar a los deportados, aunque reconocieron que sí recibiría apoyo para gestionar el programa. El Ejecutivo liberiano no respondió al diario estadounidense por qué había afirmado que no habría compensación.
Primeros deportados
El acuerdo comenzó a aplicarse este jueves con la llegada a Liberia de los primeros 20 deportados. El país africano aceptó recibir hasta 1.200 ciudadanos no liberianos, entre ellos personas procedentes de Norteamérica, Suramérica y el Caribe. Las autoridades locales aseguraron, además, que quienes sean trasladados podrán solicitar asilo en Liberia.
Esa política forma parte de la estrategia de la Administración Trump para acelerar las expulsiones mediante acuerdos con terceros países cuando los migrantes no pueden ser enviados legalmente a sus naciones de origen, entre otras razones por el riesgo de persecución. Según Human Rights First, Washington ha alcanzado acuerdos de este tipo con más de 35 países desde el comienzo del segundo mandato de Trump, una práctica cuestionada por organizaciones de derechos humanos por sus posibles consecuencias sobre la protección internacional de refugiados.