La vuelta de Donald Trump a la presidencia de EE.UU. ha supuesto un giro de tuerca de la política exterior de la Casa Blanca en América Latina y el Caribe, región que sin haber desaparecido del todo de las prioridades geopolíticas de Washington, había quedado relegada a un segundo plano frente a la emergencia de otros teatros de operaciones en Asia occidental, África y el Pacífico.
No obstante, el avance de los gobiernos de derecha tras el fin del así llamado 'ciclo progresista' presente en los albores del siglo XXI y la paulatina consolidación de las derechas regionales, crearon las condiciones para que la potencia estadounidense decidiera desempolvar la Doctrina Monroe y retomar así posiciones perdidas frente a rivales geopolíticos extrahemisféricos como Rusia o China, incluso si ello implica acciones abiertamente bélicas.
"Tras años de abandono, EE.UU. reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestro territorio nacional y nuestro acceso a geografías claves en toda la región", se lee en la más reciente Estrategia de Seguridad Nacional, publicada en diciembre pasado.
El planteamiento se sostiene en el uso de la vía militar para combatir aquello que la potencia norteamericana ha calificado como amenazas contra su seguridad nacional, en una lista que declaradamente incluye el narcotráfico internacional a gran escala, rebautizado como "narcoterrorismo", así como otras actividades vinculadas con el crimen organizado o el terrorismo, un paraguas amplio en el que se ha incluido a organizaciones como Antifa o al Gobierno cubano.
La adición de la palabra "terrorismo" no es solo un ejercicio retórico para vender la idea de actuaciones enérgicas contra delitos trasnacionales o supuestos peligros para la seguridad interna, sino que dicha catalogación le permite al Ejecutivo estadounidense tomar acciones militares contra aquellas entidades o individuos a los que se tilde de terroristas sin mayores limitaciones o controles legislativos.
Es en este escenario donde se inscriben las determinaciones del Gobierno de Trump para hacerse con el control de los vastos recursos naturales y logísticos presentes en los países latinoamericanos y caribeños, tal y como se declara abiertamente en la Estrategia de Seguridad Nacional.
Del despliegue naval a los bombardeos
El combate al "narcoterrorismo" fue el pretexto esgrimido en septiembre de 2025 para desplegar barcos de guerra en aguas del mar Caribe, próximas a Venezuela. Aunque numerosos informes de Naciones Unidas, así como de la propia agencia antidrogas de EE.UU. recogen que esa nación suramericana es punto de tránsito de cocaína procedente de Colombia y Ecuador, y refieren asimismo que el mercado de las drogas estadounidense está dominado por los opioides sintéticos, especialmente el fentanilo, Trump y otros altos funcionarios de su administración insistieron en que Caracas tenía alta responsabilidad en la crisis de salud pública que atraviesa al país norteamericano desde hace más de una década.
Fueron todavía más lejos al acusar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar un cártel de narcotráfico de cuya existencia no se ha ofrecido prueba alguna –antes bien, expertos e investigadores la han refutado directamente– y al establecer una recompensa de 50 millones de dólares por su captura. Para ponerlo en perspectiva: en su día, el Departamento de Justicia de EE.UU. prometía cinco millones de dólares por información conducente a la captura de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, considerado uno de los mayores narcotraficantes de la historia.
El despliegue militar en el Caribe derivó tanto en un bloqueo de facto a las costas de Venezuela como en ocasión para bombardear embarcaciones tildadas sin evidencia de "narcolanchas", causando numerosos muertos y desaparecidos. Las acciones se extendieron rápidamente al océano Pacífico. Como en el caso de las aguas antillanas, han reinado las opacidades, la ausencia de pruebas y, lo más importante, la política no ha resultado eficaz para controlar el flagelo, como revelara recientemente un trabajo periodístico de The Washington Post basado en informes oficiales.
En el paroxismo, el mayor despliegue naval de EE.UU. en la región en más de 30 años se saldó con el bombardeo de la capital venezolana y el secuestro de Maduro, el pasado 3 de enero. Desde entonces, las autoridades encargadas, encabezadas por la presidenta Delcy Rodríguez, han apostado por la diplomacia para dirimir las diferencias con la Casa Blanca.
Mientras, el mandatario enfrenta un juicio en una corte de Nueva York bajo cargos de narcotráfico de los que se ha declarado inocente y cuya legitimidad intenta impugnar, visto que fue plagiado cuando era un jefe de Estado en ejercicio y goza de inmunidad.
El 'Escudo de las Américas' y las operaciones militares conjuntas
En paralelo, la Administración Trump ha promovido retórica y prácticamente el establecimiento de operativos conjuntos para combatir al narcotráfico. Ese es el punto de apoyo que sostiene, al menos discursivamente, el establecimiento del 'Escudo de las Américas', una alianza militar cuyo propósito declarado es hacerle frente a las amenazas regionales, especialmente a los cárteles, por vía militar.
Lanzada en marzo pasado con la adhesión de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, sumó en sus filas la semana pasada a Colombia, país que había sido excluido por Washington de la convocatoria, pero que luego fue admitido sin problemas tras la investidura del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella.
De conformidad con lo expresado por el recién estrenado dignatario en su primer discurso tras asumir el cargo, el 12 de agosto de 2025, el secretario de Guerra de EE.UU., Peter Hegseth, reveló desde un foro del bloque militar que se celebraba en Panamá que el Gobierno de Colombia autorizó la realización de "operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes de terroristas".
La viabilidad de esa determinación depende de que De la Espirella consiga la autorización del Senado para desplegar tropas extranjeras en territorio colombiano y su partido no cuenta con una bancada mayoritaria. No obstante, la Constitución establece que si al momento de tomar la decisión el Congreso se encontrare en receso legislativo, el mandatario podría autorizarla personalmente con la venia del Consejo de Estado.
Sin embargo, hay quien considera que los límites legislativos y de otros órganos de control, no necesariamente representan una barrera infranqueable para la presencia de soldados de EE.UU. en Colombia. Es el caso de John Feeley, ex miembro del cuerpo de Marines de EE.UU. y exembajador de Washington en Panamá entre 2015 y 2018, quien estima que el término "cooperación" es deliberadamente ambiguo y pueden caber allí distintos tipos de prácticas.
En sus palabras, pronunciadas en una entrevista concedida a Blu Radio, "típicamente, en la doctrina militar norteamericana (sic), cuando [se] dice 'operaciones militares conjuntas', implica botas militares en el suelo extranjero". A eso sumó que, en el peor caso, dichas acciones podrían ser impuestas al margen de la ley, lo que implicaría una violación de facto de la soberanía colombiana.
Hay antecedentes elocuentes. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa autorizó operativos conjuntos con tropas estadounidenses en el suelo de su país para, aseguró, combatir a los cárteles, con los que ha dicho que su país está "en guerra". Un informe de Human Right Watch aparecido en julio pasado refiere de cuatro incidentes donde se han comprobado "abusos, incluidos ataques con drones, tortura y detención arbitraria" de civiles.
Uno de ellos fue revelado en Colombia, desde donde se acusó a fuerzas ecuatorianas de haber detenido arbitrariamente y torturado a cuatro de sus connacionales que trabajaban en una finca y carecían de vínculos con los grupos delictivos marcados como blanco por Washington y Quito.
En línea similar a lo que ocurriera en el caso de Colombia, fue Hegseth quien se encargó de anunciar en público desde Panamá que los gobiernos de Honduras y Guatemala le solicitaron a EE.UU. operaciones conjuntas para frenar el trasiego de drogas desde Suramérica a Norteamérica, una ruta en la que esos países figuran como puntos de tránsito.
🇺🇸🌎 Hegseth aplaude a Ecuador, Guatemala, Honduras y Colombia por unirse a EUA para combatir al crimen
— Político Latam (@politico_latam) August 12, 2026
Pete Hegseth (@SecWar) aseguró que Washington ya participa en operaciones conjuntas contra redes narcotraficantes en distintos puntos de América Latina y el Caribe: destacó a… pic.twitter.com/93lNmz82Ko
"Felicito a Honduras y Guatemala por invitar a EE.UU. a participar en operaciones combinadas contra narcoterroristas en sus países. Sus pueblos ya están más seguros y más libres, gracias a su determinación", declaró el alto funcionario, que aprovechó la ocasión para felicitar a Ecuador por "aliarse" con la Casa Blanca "en operaciones cinéticas conjuntas contra los narcoterroristas" que operan en esa nación suramericana.
No quedó claro cuál será el alcance de los acuerdos alcanzados, aunque las autoridades hondureñas y guatemaltecas ya han avanzado que la colaboración conjunta tendrá lugar.
A mediados del mes de julio, el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Héctor Valerio, dijo a la prensa que si bien están en "un diálogo", será el presidente Nasry Asfura quien establezca "en qué momento" en el que el Ejército de EE.UU. pueda operar en ese territorio.
"La colaboración no es de hoy. Siempre hemos tenido colaboración permanente con EE.UU., con agencias de inteligencia, con el mismo Gobierno. Tenemos una base militar en Honduras –la de Palmerola– y en este caso por lo que usted dice [el periodista que le preguntó sobre el tema] de las operaciones que se van a realizar, pues al final el señor presidente [Nasry Asfura] va a tomar la decisión, cuáles van a ser esas facultades como Fuerzas Armadas de EE.UU. pueden tener aquí en Honduras para poder desarrollar esas operaciones", refirió.
En mayo pasado, The New York Times filtró que la gestión del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, autorizó la realización de operaciones militares conjuntas dentro de su territorio para combatir a los cárteles. Según esa versión periodística, que citaba fuentes anónimas con conocimiento del tema, el pacto que Arévalo habría suscrito con Hegseth implicaba la realización de bombardeos aéreos y otras acciones bélicas contra grupos de delincuencia organizada.
No obstante, el Gobierno de Guatemala desmintió el informe periodístico. "No existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras por ningún país en territorio nacional", se lee en un comunicado oficial difundido el 28 de mayo de 2026.
Empero, en el mismo documento se reconoció que el ministro de Defensa del país centroamericano, Henry Sáenz, dirigió una nota a Hegseth para "solicitar la cooperación estadounidense en operaciones lideradas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas contra organizaciones del narcotráfico", amparándose en los "acuerdos bilaterales existentes en la materia", en la política de seguridad local implementada desde 2024 y en observancia a lo consagrado por la Constitución y las leyes locales.
En función de los acontecimientos del último año, el 'Escudo de las Américas' puede interpretarse como la formalización de una política de militarización regional que inició en 2025, con el regreso de Trump a la primera magistratura de su país.
Así, en noviembre de ese año, República Dominicana autorizó a las tropas estadounidenses a utilizar una base militar en el contexto de la 'Operación Lanza del Sur', como acabó bautizado el despliegue naval en el Caribe. Ese mismo mes, Panamá recibió a efectivos castrenses estadounidenses para entrenarse en la base aeronaval Cristóbal Colón, sede habitual de los entrenamientos en operaciones selváticas estadounidenses. Y el mes anterior, Trinidad y Tobago autorizó la presencia de un buque militar de EE.UU. frente a las costas de Venezuela.
Al otro lado de la acera están los excluidos del 'Escudo'. En primera instancia está México, pese a que es desde allí donde se trafica la mayor cantidad de sustancias ilícitas hacia territorio estadounidense.
Trump ha presionado insistentemente a la presidenta Claudia Sheinbaum para que autorice la presencia de tropas estadounidenses bajo el argumento del combate a los cárteles, pero la dignataria se ha negado a tal posibilidad y ha defendido la eficacia tanto de las determinaciones de su administración como de los tratados bilaterales de seguridad suscritos entre los dos países, que dejan por fuera cualquier violación a la soberanía.
En segunda instancia está Brasil. Aunque no es un foco caliente del narcotráfico, EE.UU. le sindica de no haber tomado acciones suficientemente enérgicas para frenar a los grupos de delincuencia organizada, un pretexto que ha derivado en numerosos castigos arancelarios y críticas a su sistema de pagos PIX, alternativa altamente popular en ese país que ha desplazado a otros operadores globales como VISA y Mastercard y que, de acuerdo con Washington, es empleada por los grupos criminales para lavar activos.
El Gobierno encabezado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha respondido con dureza a esos señalamientos y ha acusado directamente a su contraparte estadounidense de pretender establecer un hegemonismo regional por la vía de las amenazas, las injerencias, las acusaciones falsas y las amenazas de uso de la fuerza.
El "terrorismo", el enemigo interno
Las presuntas amenazas contra la seguridad nacional esgrimidas por EE.UU. no se limitan al narcotráfico internacional o a las organizaciones delincuenciales. En un documento publicado recientemente por el Departamento de Estado bajo el título 'Cuba, la capital del comunismo en el siglo XXI', se presenta al país antillano como la principal amenaza estratégica para la estabilidad interna de la potencia norteamericana.
A lo largo de cerca de 100 páginas, Washington configura la existencia de un "enemigo interno" que, según su punto de vista, ha sido alimentado por La Habana desde hace más de seis décadas, y que sería el responsable de numerosos actos tildados como "terroristas".
El texto adolece de pruebas que permitan verificar esas graves acusaciones. En su lugar, culpa a las autoridades cubanas por conmociones internas –como las que tuvieron lugar en el contexto de la lucha por los derechos civiles de las personas negras, a finales de la década de 1960–, así como de la existencia y proceder de organizaciones insurgentes en América, Asia y África, muchas de las cuales tienen décadas extintas o han quedado visiblemente reducidas, como el caso de Al-Fatah, brazo armado de la Organización para la Liberación de Palestina.
Además, se sindica a Cuba –sin aportar evidencias– de financiar y mantener grupos de izquierda dentro de EE.UU., los cuales han sido marcados como contrarios a los intereses nacionales cuando no directamente "terroristas", como es el caso de Antifa.
Al presentarse este tema como un asunto de política interior, el Gobierno de Donald Trump puede franquear con mucha más facilidad los mecanismos de control del Legislativo y la Justicia, al tiempo que se crean las condiciones para, en dado caso, intervenir militarmente en la isla.
El escenario no está descartado. "Ustedes han visto lo que ha ocurrido en otros casos, todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares", dijo el secretario de Guerra estadounidense, Peter Hegseth, en declaraciones ofrecidas la semana previa desde Panamá, al ser cuestionado por periodistas sobre el tema.
Desde enero pasado, la Casa Blanca endureció el bloqueo económico y financiero impuesto ese país caribeño desde hace casi siete décadas, decretó un bloqueo energético y ha sancionado a numerosas entidades gubernamentales, lo que ha agravado el ya duro castigo colectivo que sufrían los cubanos a cuenta de la agresión sostenida de Washington. Visto el panorama, no puede descartarse que Cuba sea el próximo blanco del brazo militar de EE.UU.
