La llegada al puerto de Montevideo, Uruguay, del buque SW Empress, de bandera noruega, ha provocado controversias entre varias instituciones estatales con competencia en actividades de exploración sísmica, según informa El Observador.
La embarcación realizó tareas de prospección sísmica en el litoral uruguayo sin contar con autorización. Esas actividades están reguladas en el país, donde deben ser adjudicadas por la empresa pública Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap) y las firmas deben tramitar permisos ante el Ministerio de Ambiente.
Uno de los puntos en cuestión, y que motivó las disputas internas, es si las operaciones se realizaron en aguas de jurisdicción uruguaya o internacionales. Según el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, inicialmente se informó que los trabajos se ejecutaron fuera de sus aguas, pero ahora ello está en duda, por lo que la entidad solicitó información formal al Ministerio de Relaciones Exteriores, a Ancap y a la Prefectura de la Armada.
Desacuerdos en el seno de Ancap
La situación generó fricciones en el seno de Ancap. Según la prensa local, en una reunión interna se produjo una discusión entre los directores y la gerencia general. Los primeros solicitaron aclarar el rol de la petrolera estatal, puesto que no habían recibido información previa; mientras que la segunda defendió que Uruguay no tiene jurisdicción más allá de las 200 millas, donde se habrían producido los trabajos.
En 2016, Naciones Unidas estableció que el territorio uruguayo se extendía desde las 200 a las 350 millas. Sin embargo, desde la gerencia de Ancap se alega que se necesita la aprobación de una ley por el Parlamento uruguayo para ratificar la decisión de la ONU.
En la Cancillería también se hizo notorio el malestar en una reunión el jueves para tratar el asunto. La vicecanciller Valeria Csukasi declaró que "al igual que Ambiente", el departamento de Asuntos Exteriores "tomó conocimiento de esta situación hace pocos días" y está "trabajando con todos los involucrados para aclararla".
Desde 2016, la Cancillería entiende que la decisión de la ONU otorga la "certeza sobre la extensión geográfica de los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo de la plataforma continental nacional hasta las 350 millas marinas", según Csukasi.
