La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirigió este miércoles a la ciudadanía para hablar sobre "los cambios que necesita" el país suramericano en materia económica, a más de 90 días del secuestro a EE.UU. del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores.
Al inicio de su intervención aludió a las consecuencias de "una década de bloqueo" y sanciones estadounidenses, que se tradujeron en un desplome del Producto Interno Bruto (PIB) por siete años consecutivos, con la subsecuente pérdida del poder adquisitivo, el deterioro de las condiciones de vida y una "migración inducida" en varias oleadas, por causa de las dificultades económicas.
Rodríguez destacó que las cosas comenzaron a cambiar tras la puesta en marcha del plan de recuperación de la economía presentado por Maduro en 2019. Así, entre otros asuntos, se aumentó gradualmente el ingreso mensual de los trabajadores, se redujo la inflación y se alcanzó el abastecimiento pleno, tras años de escasez de productos básicos.
En ese contexto, aseveró que el objetivo de su gestión es recuperar el estado de bienestar alcanzado durante la gestión del presidente Hugo Chávez (1999-2013), aunque advirtió que hay un largo camino por recorrer, pues si se le compara con las cifras de 2012, el PIB actual representa apenas 36 % de aquel monto.
Nuevo modelo
Tras esas reflexiones, la dignataria enfatizó que si bien es necesario incrementar los montos de los salarios y las pensiones –"nuestro objetivo inmediato es recuperar paulatina y sostenidamente el ingreso de los trabajadores", dijo–, su gestión está comprometida a no repetir errores pasados, aludiendo con ello a la aprobación de aumentos sin la disponibilidad presupuestaria que se precisa para que sea viable en el tiempo y no genere inflación.
"Chávez hizo justicia social, en un modelo correcto de reparto. Pero ese modelo ha sido perforado por el bloqueo. Ese modelo, hoy, no es sostenible", alegó con referencia a las pensiones, pues a diferencia de lo que ocurría un par de décadas atrás, en este momento la cantidad de pensionados supera ampliamente la de trabajadores activos que cotizan para la seguridad social.
Sobre estas bases, defendió la necesidad de construir un "nuevo modelo" de gestión económica, que preserve el sentido de justicia redistributiva al que apostaron sus predecesores, pero asentado en los ingresos reales del país bolivariano, pues no es ya posible aplicar aquellos criterios a rajatabla, en razón de las heridas dejadas por más de una década de restricciones económicas y financieras impuestas desde Washington.
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A estos efectos, Rodríguez anunció:
1) El venidero 1 de mayo habrá un incremento "responsable" de los ingresos de los trabajadores. Conforme los ingresos nacionales mejoren, se harán efectivas otras alzas.
2) La instalación de la Comisión para el Diálogo Laboral, que abarcará la Constituyente Laboral en curso y la seguridad social. De ella participarán representantes del Estado, de los particulares, de los empresarios y de los pensionados, y tendrá como misión "pensar un nuevo modelo […] para garantizar el crecimiento [económico] y el futuro de los venezolanos, en un escenario postsanciones.
3) La creación de "una nueva institucionalidad del Estado", que sea "ágil, transparente, eficiente y profesional". A estos efectos, convocó a los jóvenes que residen dentro y fuera de Venezuela a "incorporarse a ese esfuerzo".
4) La creación "de una comisión que determine la naturaleza estratégica –o no– de los activos del Estado", de la que participarán miembros del sector público, del sector privado y el poder popular. De esta evaluación quedará excluida la industria de los hidrocarburos, al constituir la principal fuente de ingresos de la nación y representar una base insustituible para garantizar la justicia social.
5) La instalación inmediata del Consejo Nacional de Economía "para recibir propuestas en el orden de un nuevo modelo tributario para Venezuela", elaborado por consenso entre los sectores productivos y el Estado, que sea más justo, más eficiente y garantice la competitividad del país.
6) Los fondos obtenidos a partir de la recuperación de activos del país en el extranjero "se destinarán inmediatamente" a impulsar las industrias asociadas con los hidrocarburos y la minería, en procura de riquezas que permitan "dar incrementos de salarios" a los trabajadores, así como la rehabilitación de infraestructuras básicas –electricidad, agua, vialidad, escuelas y hospitales– por medio de dos fondos soberanos. Una vez levantadas las sanciones y cesado el bloqueo, "irán en beneficio del pueblo venezolano".
7) Las instancias del Gobierno y el Estado venezolano deberán "repensar la protección" social de los jóvenes y los adultos mayores, particularmente en áreas críticas como salud, alimentación y recreación.
8) La creación de un "registro de saberes y profesiones de los jóvenes, los jubilados, pensionados y migrantes", con el propósito de profesionalizar el Estado venezolano y "cubrir los nuevos empleos que se van a derivar de las inversiones nacionales e internacionales".
9) Solicitud a la Asamblea Nacional de reformar las leyes que regulan el mercado inmobiliario, en interés de ampliar la oferta de inmuebles disponibles para alquiler, con la incorporación de los aproximadamente 1,5 millones de viviendas que se encuentran "congeladas".
10) Convocatoria general a todos los sectores económicos, sociales y políticos a "dejar de lado las diferencias" para sumarse "a una gran peregrinación para luchar en conjunto […] para que cese el bloqueo y cesen las sanciones" que pesan sobre el país. La actividad se iniciará el 19 de abril, se extenderá por todo el territorio venezolano y concluirá el 1 de mayo.
"Yo pido que ese corazón de Venezuela lata con mucha fuerza, y lata a favor de todos los venezolanos. Que aprendamos a hablarnos distinto, que aprendamos a dialogar y que llevemos a Venezuela a ese centro del Universo, como lo concibió nuestro padre Libertador [Simón Bolívar], siendo un lazo para la unión de los pueblos del mundo", completó.