La Administración estadounidense del presidente Donald Trump revocó una política adoptada durante el mandato del expresidente Joe Biden que prohibía el uso de minas terrestres antipersona fuera de la península de Corea, según un memorando firmado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, citado por The Washington Post.
De acuerdo con el documento, este cambio busca otorgar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos un "multiplicador de fuerza" frente a sus adversarios en lo que describe como "uno de los entornos de seguridad más peligrosos de su historia". Se estima que el memorando ordena una revisión de la política sobre minas terrestres y la elaboración de una nueva en un plazo de 90 días.
Entre los cinco objetivos planteados figura la eliminación de las restricciones geográficas para su uso, lo que permitiría emplearlas a nivel global, así como conceder a los comandantes de combate la autoridad para autorizar su utilización. Además, se limitaría la destrucción de minas almacenadas en el inventario estadounidense únicamente a aquellas consideradas "inoperables o inseguras", revirtiendo la política previa que contemplaba eliminar los arsenales no destinados a la defensa de Corea del Sur.
El documento establece que el uso se restringiría a minas antipersonales "entregadas de forma remota" que cuenten con "mecanismos de autodestrucción y funciones de autodesactivación compatibles", y señala que se adoptarían medidas caso por caso para reducir el daño a la población civil. No obstante, expertos en municiones han advertido durante mucho tiempo que incluso las minas que se pueden desactivar, llamadas minas "no persistentes", tienen altas tasas de fallas.
"Política desacreditada"
La decisión se produce en un contexto de debate internacional sobre este tipo de armamento. Organizaciones de derechos humanos han reclamado durante años una prohibición total de las minas antipersona debido a su impacto a largo plazo sobre civiles, incluso después del fin de los conflictos. Según la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas, en 2024 casi 2.000 personas murieron por aparatos explosivos remanentes de guerras.
Más de 160 países han suscrito el tratado de 1997 que prohíbe su producción, uso y almacenamiento, aunque Washington no es parte de ese acuerdo. Si bien previamente EE.UU. prohibió su uso fuera de la península de Corea y exigió la destrucción de las reservas que no estuvieran destinadas a la defensa de Corea del Sur, el Gobierno de Joe Biden las envió a Ucrania en 2024, en un aparente retroceso respecto a su propia política de prohibición de transferencia de explosivos, recuerda WP.
El memorando también indica que el presidente Trump rescindió el Programa Humanitario de Acción contra las Minas de Estados Unidos, aunque sostiene que la nueva política permitirá al país mantener un papel relevante en la asistencia para la eliminación de municiones sin explotar.
La medida fue recibida con críticas por parte de organizaciones humanitarias y expertos en control de armamento. Así, Daryl Kimball, director ejecutivo de la Asociación para el Control de Armas, declaró que el país "no se enfrenta a ninguna amenaza militar" para la que las minas terrestres sean útiles. A su vez, el exsenador demócrata Patrick J. Leahy denunció que el Pentágono está restableciendo "una política desacreditada" que invita a otras naciones a hacer lo mismo.
- Redactado en 1997, el Tratado de Ottawa prohíbe el uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales, por su amenaza a largo plazo para la población civil. Aunque ha sido ratificado por 164 países, grandes potencias militares como Estados Unidos, China y Rusia permanecen fuera del acuerdo.
