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Incertidumbre en torno a activos rusos congelados: ¿Podría Occidente confiscarlos, y cuán legítimo es?
Aunque la Administración del mandatario saliente de EE.UU. intenta conseguir el apoyo de sus socios europeos, estos no parecen estar listos para confiscar los fondos rusos.
Funcionarios de la Administración del presidente saliente de EE.UU., Joe Biden, estarían realizando los últimos esfuerzos para convencer a sus aliados europeos de que respalden la transferencia de aproximadamente 300.000 millones de dólares en fondos rusos a un nuevo depósito, que solo se activaría en el marco de un acuerdo de paz en el conflicto ucraniano.
Según fuentes cercanas al asunto, los asesores de Biden también han mantenido conversaciones con el equipo de seguridad nacional del presidente electo Donald Trump, quien parece apoyar en términos generales esta estrategia.
Sin embargo, los líderes europeos permanecen escépticos con respecto a la idea de incautar los activos congelados, ya que empiezan a cuestionar la legalidad de la confiscación inmediata de los fondos rusos.
Mientras, desde Rusia calificaron de robo el hecho de que Washington transfiriera a Ucrania 1.000 millones de dólares de los 20.000 previstos, derivados de los activos rusos congelados, ya que, en su opinión, se trata de una actividad que "va en contra de todas las reglas y regulaciones".
Discrepancias entre Europa y EE.UU.
EE.UU. y la Unión Europea tienen puntos de vista completamente diferentes en cuanto a la posibilidad de confiscación de los activos rusos congelados. Mientras que Washington insiste en la confiscación total y la transferencia de fondos en la ayuda a Kiev, las naciones europeas opinan que solamente se pueden utilizar los intereses de la parte de ingresos, pero no los activos en sí.
De este modo, la última medida del presidente Joe Biden debería ser incautar los activos de reserva rusos en manos de EE.UU. antes de que Trump asuma la presidencia el 20 de enero. "Para motivar a Europa a valerse por sí misma en la era de Trump, el presidente Joe Biden debería sentar el precedente de la incautación soberana y confiscar los activos rusos estimados entre 4.000 y 5.000 millones de dólares que se encuentran en la jurisdicción de EE.UU.", explicó el investigador del Foreign Policy Research Institute Maximilian Hess junto a Carey K. Mott, investigador del Programa de la Universidad Yale sobre Estabilidad Financiera.
Si bien el Congreso concedió al presidente saliente esta autoridad en una ley de abril, conocida como Ley REPO, Biden se ha abstenido de utilizarla hasta que las potencias europeas sigan su ejemplo.
Además, los investigadores creen que Biden ha estado esperando una "voluntad política" unilateral para embargar los activos del Kremlin, pero las posibilidades de encontrarla en Europa parecen escasas. "Europa se ha mostrado reticente, citando impactos negativos para el euro y preocupaciones sobre el papel financiero internacional de la Unión Europea", afirman, ejemplificando que desde Arabia Saudita han advertido de vender sus tenencias de deuda europea si Europa requisa los activos congelados.
Aspecto jurídico
Por otro lado, detalla el abogado y socio de la compañía jurídica rusa BGP Litigation, Serguéi Glandin, que, si bien los activos se mantenían en dos depositarios centrales de la UE en Bélgica y Luxemburgo, siguen siendo propiedad de Rusia representada por el Ministerio de Finanzas, el Banco Central o el Fondo Nacional de Bienestar.
Por consiguiente, no hay motivos legales para la confiscación de activos soberanos en la UE, por lo que Rusia, precisa Glandin, en este caso goza de una posición muy buena, ya que, si ocurre incautación de fondos por parte de la UE o de Estados individuales, Moscú es capaz, en virtud del derecho internacional, de presentar una demanda ante los tribunales europeos pertinentes e incluso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU.
Por otra parte, en un caso una confiscación de activos sería aceptable, e incluso legalmente permisible: si los países occidentales estuvieran directamente implicados en un conflicto a gran escala contra Rusia; no obstante, desde Occidente, durante casi tres años, reiteran que no están en la guerra con Rusia, aunque gastan miles de millones de dólares en ayuda militar a Ucrania.
Por lo tanto, en este caso, la confiscación de bienes se convierte en un problema jurídico en el marco del Estado derecho, que sigue rigiendo a los Estados occidentales, subraya un experto de GIS Reports.
¿Un as en la manga para Occidente?
En la misma línea, Artiom Sokolov, investigador especializado en estudios europeos, opina que la cuestión de cualquier manipulación en torno a los fondos rusos que permanecen bloqueados en Europa se percibe "con más sensibilidad" en la propia Europa, ya que históricamente el viejo continente ha mantenido con el país euroasiático lazos económicos más estrechos que los existentes entre Washington y Moscú.
Al mismo tiempo, señaló que "es poco probable" que para los dirigentes rusos recuperar el control sobre estos fondos sea una prioridad clave, por lo que, aunque puede que sea uno de los temas de discusión durante posibles negociaciones en torno a la crisis ucraniana, no será el tema clave ni una baza para Occidente.
Entretanto, conforme a expertos de Global Times, los efectos a largo plazo de tales confiscaciones podrían ser de gran envergadura, provocando un aumento de los riesgos geopolíticos y una reevaluación de la seguridad de los activos y la protección jurídica en las competencias internacionales.
Además, la confiscación afectaría desproporcionadamente al euro, porque la parte dominante de las reservas rusas está denominada en esta unidad monetaria. A su vez, como consecuencia no deseada, esto puede reforzar aún más el papel de reserva de las monedas de EE.UU. y el Reino Unido, el dólar y la libra esterlina, respectivamente, y en este sentido se plantea la cuestión de si esto es lo que desean los dirigentes europeos.
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