El fiscal imputado: las claves del caso que remece la política española

La imputación del fiscal general del Estado de España, Álvaro Ortiz, ha levantado un terremoto político cuyo epicentro se encuentra ahora en el último auto del magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado.

El auto cita a Ortiz a declarar como imputado para el próximo 29 de enero, por la causa que instruye en su contra, tras la denuncia interpuesta por Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Se le acusa de la difusión de datos personales confidenciales de González Amador. En principio, el conflicto se desató por la publicación de una nota de prensa de la Fiscalía, en la que se desmentía una información tergiversada sobre el caso de la pareja de Ayuso.

Al principio de la causa se descartó que la nota de prensa fuese constitutiva de delito, por lo que el juez centró la instrucción en la presunta filtración, por parte de la Fiscalía, de un correo remitido por el abogado de González Amador en el que se reconocían dos delitos de fraude fiscal y se proponía un pacto al Ministerio Público para eludir la prisión.

Paso adelante del magistrado

El juez considera que existen indicios serios contra el máximo responsable de la Fiscalía, acusado del delito de revelación de secretos. No obstante, en su último auto ha ido un paso más allá, al citar como imputada a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. 

La imputación también se extiende al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, quien deberá declarar el 5 de febrero. Rodríguez comparecerá el 30 de enero.

El magistrado considera que los tres se podrían haber concertado para revelar secretos de los que tenían conocimiento por razón de su cargo, apoyándose en uno de los análisis de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que señalaba una participación preeminente del fiscal general en los hechos.

Sin embargo, hasta el momento la Guardia Civil no ha encontrado pruebas de que fuese García Ortiz quien filtrase el documento o diera órdenes para su difusión, a pesar de que registró los despachos de los involucrados e intervino sus comunicaciones.

Una fecha clave

Gran parte del caso gira en torno a los hechos acaecidos el 13 de marzo del año pasado. Ese día, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, filtró a periodistas parte del correo con el que la Fiscalía respondía a la defensa de González Amador.

La parte difundida hacía entrever que el Ministerio Público había ofrecido el pacto, es decir, al revés de lo que realmente ocurrió. El funcionario madrileño le añadió la coletilla de que la oferta había sido retirada por "órdenes de arriba", aludiendo a presuntas motivaciones políticas.

Este extremo fue corroborado la semana pasada por el propio Rodríguez ante el juez, quien aseguró que no tenía conocimiento del correo previo y que la coletilla había sido una apreciación subjetiva suya.

Varios medios publicaron la versión de Rodríguez, por lo que la Fiscalía comenzó a recopilar información para desmentir esa tesis al día siguiente. En paralelo, ya circulaba en la prensa parte del correo electrónico enviado por González Amador.

El juez no aprecia el testimonio de dos periodistas, Miguel Ángel Campos, de la Cadena Ser, y José Precedo, de elDiario.es, que la semana pasada declararon en el juzgado que habían accedido al contenido del correo electrónico antes de que lo recibiera García Ortiz, la noche del 13 de marzo.

Sus testimonios daban al traste con la teoría de que el fiscal general fue quien filtró el documento, puesto que los comunicadores lo obtuvieron antes.

Pugna política

González Amador, que se lucró con millonarias comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia y está acusado de defraudar a la Hacienda pública con facturas falsas, ha logrado que el foco se centre en una causa por revelación de secretos y no en los delitos que ha admitido su defensa ante la Fiscalía.

De manera inédita, se investiga penalmente a un fiscal general del Estado. Por el juzgado han pasado a declarar varios testigos, incluidos ocho periodistas, mientras que la causa por fraude fiscal se encuentra prácticamente parada.

El caso, de gran relevancia mediática, se ha usado como arma arrojadiza en la pugna política, con acusaciones cruzadas de utilización partidista de la justicia entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el conservador Partido Popular (PP), al que pertenece Díaz Ayuso.

Esta mañana ha reaccionado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien manifestó su confianza en la justicia y el "apoyo absoluto" a Ortiz. "Hemos conocido un auto donde no hay ninguna prueba concreta que señale al fiscal general", sostuvo.

Asimismo, Alegría recalcó que "el origen del delito está donde está: en la pareja de la señora Ayuso", luego de recordar que el abogado de González Amador había reconocido los delitos fiscales por más de 500.000 euros.

"Los bulos, las mentiras y las filtraciones están donde están: en el jefe de Gabinete de la señora Ayuso", sentenció la portavoz.