"Profesionales del bulo": España modifica la ley para que los 'influencers' tengan que rectificar
El Consejo de Ministros de España acaba de aprobar la reforma de la ley que regula el derecho de rectificación, que a partir de ahora afectará no solo a los medios de comunicación, sino también a usuarios de especial relevancia en plataformas en línea y servicio equivalentes, básicamente los conocidos como 'influencers'.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha explicado al término del Consejo de Ministros celebrado este martes que la gran transformación producida en el ecosistema informativo y comunicativo hacían necesario este cambio legal. "Es imprescindible modernizar el derecho a la rectificación y ser conscientes del impacto que están teniendo en todas las democracias los bulos y las 'fake news' en el debate público", ha dicho el ministro.
“Queremos promover una mayor calidad en el debate público, facilitar y garantizar el derecho a la rectificación de los ciudadanos de nuestro país cuando se vean afectados por una información falsa.”El ministro de @M_Presidencia, Félix Bolaños, sobre la Ley de Rectificación⬇️ pic.twitter.com/cd9bS0HVLp
— La Moncloa (@desdelamoncloa) December 17, 2024
Bolaños ha explicado que la norma afectará a los 'influencers' con más de 100.000 seguidores en una red social o más de 200.000 en todas las plataformas que utilice, porque, a su juicio, tienen más difusión que muchos medios tradicionales. "Hay profesionales del bulo y la mentira, también contra ellos se podrá ejercer el derecho de rectificación", ha sostenido.
Plazo de 10 días y mecanismo accesible
El plazo para reclamar las rectificaciones se amplía de siete a diez días naturales y se obliga a las plataformas a contar con un mecanismo accesible para la remisión de las rectificaciones, así como la constancia de la recepción.
Hasta ahora diversos tribunales españoles habían condenado a 'influencers' y 'youtubers' por insultos o informaciones falsas. La novedad ahora consiste en que cualquier ciudadano podrá dirigirse a esos creadores de contenido, como acontecía hasta ahora tan solo con los medios de comunicación tradicionales, para obligarles a publicar su versión de una información que consideren incorrecta, falsa o incompleta.