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X cumple con un requisito del Gobierno de Brasil tras su bloqueo
El Supremo Tribunal Federal de Brasil no ha confirmado aún de manera oficial la designación de la representante legal de la red social.
X nombró este viernes a Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição como su representante legal en Brasil, cumpliendo así una de las medidas exigidas por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para que la red social vuelva a operar en el país, recogen medios locales citando al despacho Pinheiro Neto Advogados.
El nombramiento se produce después de que Moraes diera un plazo de 24 horas a la empresa propiedad de Elon Musk para acreditar que había designado a sus representantes legales en territorio brasileño. Hasta el momento, el STF no ha confirmado oficialmente la designación de Villa Nova Conceição.
¿Por qué inició la suspensión?
La ausencia de un representante en Brasil fue uno de los principales motivos para que el STF determinara, a finales de agosto, bloquear el acceso a la plataforma social en la nación latinoamericana.
La restricción también se debió al incumplimiento de las órdenes judiciales de bloquear cuentas que difundieran mensajes criminales o antidemocráticos, así como por el impago de multas por mantenerlos abiertos. En ese momento, la sanción monetaria ascendía a 3,3 millones de dólares.
Villa Nova Conceição era la responsable de X en Brasil cuando la dirección de la compañía decidió cerrar su oficina en el país en protesta por la decisión del STF. Según medios locales, la nueva representante legal recibió una advertencia de arresto por parte de Moraes al momento que la compañía incumplió con dichas órdenes judiciales.
Aún no puede volver a operar
Para que las autoridades vuelvan a restablecer el acceso a la red social, la empresa debe pagar las multas acumuladas, además de que el STF tiene que verificar que todos los perfiles sancionados hayan sido bloqueados. Si X cumple estas tres medidas se le permitirá volver a operar en Brasil. Desde el 31 de agosto la plataforma está suspendida por no cumplir con la ley que establece que, para operar en el país, las empresas deben contar con un representante legal.
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