Piden una "sanción ejemplar" para diputados de Milei que visitaron a represores de la dictadura

Organismos de derechos humanos demandaron la expulsión de los seis diputados oficialistas que visitaron a represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar de Argentina (1976-1983), con el objetivo de intensificar una campaña en favor de su liberación.

"Como esto es un delito político, políticamente hay que resolverlo. ¿De qué manera? Está en manos de ustedes, diputados y diputadas, decidir que estos diputados no puedan seguir representando al pueblo", advirtió Taty Almeida, representante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, al participar en la audiencia que se llevó a cabo en el Congreso para analizar un caso que ha provocado una fuerte crisis en el Gobierno de Javier Milei.

La activista de 94 años aseguró, además, que no se pueden aceptar las justificaciones que ofreció una de las diputadas involucradas en el escándalo, quien aseguró que ni siquiera sabían a quiénes iban a visitar en la prisión.

El Gobierno quedó envuelto en una controversia luego de que el mes pasado el portal La Política Online revelara que Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocio Bonacci, diputados de La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente, habían acudido al penal de Ezeiza, ubicado en las afueras de la capital, en donde cumplen sus condenas algunos de los represores más temibles de la última dictadura.

Se trató de un hecho sin precedentes desde que Argentina recuperó la democracia, ya que los represores nunca habían sido visitados por dirigentes partidarios ni representantes de ningún poder del Estado, mucho menos para que promovieran su liberación con el pretexto de que son víctimas de "venganzas", de que los juicios fueron irregulares, o de que, por su edad, la mayoría de ellos merece cumplir prisión domiciliaria.

Entre los condenados que recibieron a los diputados, se encuentran siniestros personajes de la historia del país sudamericano que tuvieron un papel protagónico en masivas violaciones a los derechos humanos como Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Carlos Suárez Mason y Adolfo Donda, quienes secuestraron, torturaron, ejecutaron y desaparecieron a miles de víctimas y se apropiaron de bebés nacidos en las cárceles clandestinas.

Demandas

Desde entonces la crisis escaló y los esfuerzos del Gobierno por apaciguar el escándalo han sido en vano. La semana pasada, por ejemplo, la diputada Lourdes Arrieta aseguró que ni siquiera sabía quién era Astiz.

"Estuve y hablé con Astiz, pero como no viví en esa época, como nací en 1993, no tengo ni idea de quiénes eran los personajes de esa época", dijo en un afán de deslindarse, aunque lo único que logró fue reavivar la polémica.

En ese marco, la Cámara de Diputados realizó el lunes una audiencia pública que fue encabezada por el diputado opositor Hugo Yasky, y en la que participaron representantes de los organismos de derechos humanos surgidos durante la dictadura y conformados por sobrevivientes o por familiares de los desaparecidos.

También estuvieron presentes legisladores de Unión por la Patria (peronismo) y el Frente de Izquierda, pero no hubo ningún miembro de las bancadas oficialistas La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio.

Durante el encuentro, Pablo Llonto, abogado en causas de lesa humanidad, explicó que ya inició un proceso legal contra los diputados mileístas porque incurrieron en la "grave inconducta" de abrazar a los genocidas y de promover su impunidad.

El Papa visita a la sobrina de una monja francesa secuestrada y asesinada por el genocida Astiz

"Se habla de un decreto y un proyecto de ley para beneficiar a los genocidas (…). Acá no hubo una guerra, hubo un plan de exterminio, debe haber una sanción ejemplar", señaló.

"No son personas con una simple condena, son los criminales más feroces que tiene nuestro país", agregó Guillermo Pérez Roisinblit, uno de los 133 nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo, y quien nació en una de las cárceles clandestinas.

"Ellos nos siguen debiendo explicaciones porque nunca dijeron qué pasó con nuestros familiares", explicó Cecilia de Vincenti, hija de Azucena Villaflor, una de las fundadoras de Madres de Plaza que fue desaparecida por Astiz.

La discusión sobre qué pasará con los seis diputados defensores de represores continuará el miércoles, con una sesión especial en la que participarán únicamente legisladores que, además, promoverán una ley contra el negacionismo.