Diputados de Argentina debaten la Ley Bases en medio de tensiones y gritos en el recinto

La Cámara de Diputados inició este lunes el tratamiento de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, impulsada por el oficialismo para implementar una serie de reformas laborales, económicas y sociales en el país.

El Gobierno de Javier Milei no cuenta con mayoría en el Congreso, pero tiene aliados —principalmente el macrismo— con los que buscará la media sanción después de varias semanas de negociaciones. 

La sesión comenzó pasado el mediodía con la presencia de 135 legisladores, en medio de tensiones y gritos por la organización del debate. El bloque de La Libertad Avanza (LLA) se impuso en la intención de discutir el proyecto por capítulos y de manera nominal.

Sectores opositores del kirchnerismo, la izquierda y algunos diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) intentaron desglosar la ley y que se trate artículo por artículo, como ocurrió en febrero cuando la iniciativa fracasó en la cámara baja. 

El proyecto con el que Milei busca profundizar la desregulación de la economía y el ajuste del Estado avanzó el viernes en comisiones hacia la instancia del debate, aunque el documento quedó más acotado y tiene varias modificaciones respecto al proyecto original. 

Sin embargo, la resistencia al proyecto continúa en el Congreso y en las calles. El diputado Germán Martínez, de Unión por la Patria (UxP - kirchnerismo) acusó al Gobierno de buscar que "el tratamiento de la Ley Bases sea lo más oscuro y lo menos transparente posible". Y remarcó que el nuevo texto "incorpora la reforma laboral y previsional, que no estaban antes".

En las inmediaciones de la sede parlamentaria se realizan protestas en contra de los legisladores de la UCR, el PRO (macrismo) y del bloque Hacemos Coalición Federal que anticiparon su voto afirmativo.

"Traidores al pueblo", afirmaba un cartel con los rostros y los nombres de los diputados de esas bancadas que acompañarán la votación, firmado por el Frente de Trabajadores Jubilados, que denuncia que en caso de avanzar la ley, 9 de cada 10 mujeres no van a poder acceder al retiro por falta de aportes.

Derechos laborales

El principal punto de disputa tiene que ver con la reforma laboral, de la que el Ejecutivo aceptó eliminar los artículos más cuestionados por los opositores y la Confederación General del Trabajo (CGT), que agrupa a los principales sindicatos del país y que ya anunció una huelga general para el 9 de mayo. El nuevo borrador quedó reducido a 17 artículos de los 58 originales.

Sigue en pie la idea de extender el período de prueba para empleados recién contratados, de tres meses a entre seis meses y un año. También propone la eliminación de las multas a los empresarios por el empleo no registrado, implementa un fondo de cese laboral optativo para eliminar las indemnizaciones patronales y establece despidos "justificados".  

"Esta ley es básicamente injusta, en materia impositiva, de derechos laborales, de reforma del Estado, es absolutamente regresiva", dijo el diputado de UxP Leandro Santoro en entrevista con el canal Crónica. Y agregó que está pensada para que los empleadores "puedan despedir gente con total tranquilidad".  

Entre los puntos quitados figuran la penalización de las asambleas que terminan en medidas de fuerza encubiertas, así como el que calificaba los bloqueos sindicales como "grave injuria laboral como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo".

De igual forma, fue retirado del proyecto el artículo que cuestionaba los puntos de la Ley de Contrato de Trabajo referidos a que en caso de duda la norma a aplicar debe ser la más favorable al trabajador y a la irrenunciabilidad, que impide que los trabajadores puedan renunciar de forma voluntaria a derechos adquiridos.

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Más cuestionamientos

El proyecto oficialista también fue cuestionado por las instituciones de Ciencia y Tecnología, que denuncian estar "en peligro" y han realizado protestas para exigir el rechazo parlamentario. 

La Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt) de Argentina señaló que el tercer artículo del capítulo 1 del borrador de la ley facultaría al Ejecutivo para modificar o eliminar "competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente" a organismos de la administración central, "cuyo mantenimiento resulte innecesario".  

También se pronunció en contra la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien durante un acto público realizado el sábado recordó que el título 3 sobre contratos y acuerdos transaccionales de dicha legislación autorizan al Gobierno a "rescindir o modificar los contratos de obra pública que hayan sido celebrados con anterioridad al 10 de diciembre del 2023".

De acuerdo a la exmandataria, la normativa faculta al presidente Milei a dejar sin efecto 2.308 obras públicas, "de las cuales 119 son universidades nacionales". 

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