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La Corte Suprema de Argentina rechaza 2 demandas contra el 'decretazo' de Milei
El máximo tribunal de justicia rechazó la forma en que se hizo el planteo y alegó que quienes lo hicieron no tienen facultad para ello.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazó este martes dos demandas de inconstitucionalidad contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado en diciembre por el presidente, Javier Milei, informó La Nación.
Se trata de planteos impulsados por el gobierno de la provincia de La Rioja y por la agrupación Gente de Derecho, de Jorge Rizzo, expresidente del Colegio de la Abogacía.
El fallo implica que continúa vigente el controvertido DNU con el que el Gobierno dispuso una serie de desregulaciones económicas, con excepción de los capítulos que fueron expresamente suspendidos o invalidados por otros tribunales, como por ejemplo la reforma laboral o la derogación de la Ley de Tierras.
Los jueces del máximo tribunal argumentaron que no había "caso concreto", "causa" o "controversia", en un dictamen que genera alivio para el Gobierno en sus planes de ajuste.
Sin facultad
Sin embargo, los magistrados no se pronunciaron sobre cuestiones específicas del contenido del decreto, sino respecto a la forma y a quienes plantearon su inconstitucionalidad, al considerar que no tienen facultad para hacer el planteamiento.
"La discusión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes y, en general, de los actos de las otras dos ramas de gobierno, no es por sí misma una cuestión sobre la que deban opinar los tribunales nacionales", sostuvo la Corte en el fallo, según reflejó la agencia Noticias Argentinas (NA).
"Sólo deben hacerlo —aclaran— cuando es necesario examinar el tema para decidir una causa que verse sobre puntos regidos por la Constitución, los tratados y las leyes nacionales, a requerimiento de parte interesada".
El DNU o 'megadecreto', como lo calificaron algunos medios locales, consta de alrededor de 600 artículos e incluye una serie de modificaciones a normativas del ámbito laboral y productivo, la salud y la reforma del Estado, principalmente en lo que se refiere a contrataciones y gasto público.
El mes pasado, el Senado de Argentina rechazó el decreto presidencial, que eventualmente podría quedar completamente anulado en la Cámara de Diputados.
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