El crimen de Marielle Franco escala al Supremo de Brasil con un aforado como sospechoso

Seis años después del asesinato de la activista y concejala de Río de Janeiro, Marielle Franco, y su chofer Anderson Gomes, este irresuelto caso ha vuelto con fuerza: la investigación ha escalado al Supremo Tribunal Federal (STF) porque apunta a que una persona aforada está entre los involucrados.

Y el juez al cargo de la instrucción es nada menos que Alexandre de Moraes, convertido en abanderado de la democracia y que lleva casos como el intento de golpe de Estado en 2023 en Brasilia, en el que se investiga al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro. 

El anuncio es especialmente relevante porque se presume que el asesinato tuvo motivaciones políticas. Al estar bajo secreto de sumario, no hay detalles de quién podría ser esa persona investigada que goza del llamado "fuero privilegiado".

Según la Constitución, en el proceso penal, quienes ocupan determinados cargos son juzgados por tribunales específicos y no por un juez de primera instancia, como ocurriría en un proceso normal. Concretamente, el fuero privilegiado designa el hecho de que algunas autoridades son juzgadas directamente por el STF.

Un presidente, vicepresidente, ministros, senadores, diputados federales, miembros de los tribunales superiores, del Tribunal Federal de Cuentas y embajadores son juzgados por el máximo órgano del Poder Judicial. 

El crimen

Marielle Franco, madre, feminista, negra y de favela, fue acribillada a balazos el 14 de marzo de 2018 junto a Gomes, cuando regresaban a casa tras un acto político. La activista tenía 38 años y el conductor, 39.

En el vehículo también estaba la asistente de prensa de la concejala, que logró salvarse. La muerte de Franco causó una profunda conmoción en la sociedad, y desde entonces su figura se ha convertido en un símbolo de izquierda y un ejemplo de lucha de los sectores marginados.

Quién mandó a matar a Franco y, sobre todo, por qué, han sido interrogantes latentes desde el día del crimen. 

Seis años después, cuatro personas se encuentran en prisión: Ronnie Lessa y Élcio de Queiroz, dos expolicías, señalados de perpetrar el crimen, así como el exsargento del Cuerpo de Bomberos Maxwell Simoes Correa y Edilson Barbosa dos Santos.

Correa habría participado en el plan de asesinato y, según las investigaciones, hizo seguimiento a la rutina de la concejala, además de ceder a Lessa y a Queiroz el vehículo con el que segaron la vida de la popular concejala y su conductor. Mientras que Barbosa dos Santos era el propietario del desguace que se deshizo del vehículo.

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Anielle Franco, hermana de la concejala asesinada, y actual ministra de Igualdad Racial, habló en las redes sociales sobre "esta nueva etapa de la investigación".

"Nos deja a todos en la familia con la esperanza de llegar a los ordenantes, por la memoria de Mari y Anderson, y por la democracia", escribió.

La ministra afirmó que las "suposiciones y desinformaciones sobre los involucrados no ayudan", y dijo que siguen confiando "en el debido proceso" para llegar a las respuestas que "se esperan desde hace seis años".

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