¿Fraude admitido? El pacto que compromete al novio de la presidenta de Madrid

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ofreció a la Fiscalía un acuerdo en el que reconoce dos delitos contra la Hacienda Pública y se compromete a pagar la deuda con intereses para resarcir el daño causado.

González está acusado por el Ministerio Público de defraudar más de 350.000 euros, en los ejercicios 2020 y 2021, a través de facturas falsas proporcionadas por empresas que no le prestaron ningún servicio. El pacto que ha propuesto es para alcanzar la conformidad penal.

"Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública", reconoce el abogado del acusado en un correo electrónico enviado a la Fiscalía el pasado 2 de febrero, según desvelaron medios locales.

Ese escrito desmiente las explicaciones dadas por Díaz Ayuso el miércoles, cuando aseguró que se trataba de "una inspección de Hacienda sacada de quicio" y que era falso que su pareja debiera a las arcas públicas 350.000 euros.

Durante una comparecencia, Ayuso no solo aseveró que las investigaciones fueron orquestadas por los poderes del Estado para dañarla, sino que incluso aseguró que era el fisco el que le debía a su novio casi 600.000 euros.

El correo electrónico del letrado de González también desmiente al jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, quien aseguró en redes sociales que la Fiscalía fue la que ofreció un pacto al investigado.

La Fiscalía presentó una denuncia en los juzgados el pasado 5 de marzo, después de recibir las conclusiones de la Agencia Tributaria, que había encontrado pruebas de dos delitos de fraude y uno de falsedad documental al inspeccionar las declaraciones de la empresa propiedad 100 % de González Amador, una compañía sin empleados.

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Ahora, el juzgado de instrucción debe decidir si admite o no a trámite la denuncia contra la pareja de Díaz Ayuso y otras cuatro personas, que habría confeccionado facturas falsas para él.

El presunto fraude se cometió para pagar menos impuestos y ocultar casi dos millones de euros, que el denunciado ingresó por comisiones en la intermediación para la venta de mascarillas, durante la etapa más cruda de la pandemia de coronavirus.