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Cristina Fernández comparte un documento que "explica mejor que nada la inédita situación" que vive Argentina con la obra pública
La expresidenta argentina recurrió al análisis de un especialista en materia legal, con ideas "diametralmente opuestas", que coincide con el planteo de su defensa en el caso por presunta corrupción.
La expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, compartió este miércoles un documento elaborado por un experto en derecho que ratifica que la líder peronista "no tiene responsabilidad penal" en la causa 'Vialidad', en la que se la acusa por presunta corrupción en la obra pública.
A través de sus redes sociales, Fernández publicó el Dictamen Experto Legal que solicitó el año pasado al actual procurador del Tesoro y exmiembro de la Corte Suprema de Justicia, Rodolfo Carlos Barra, sobre las responsabilidades de la Presidencia de la nación en materia de control o supervisión en los procesos licitatorios de obras públicas de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
También le pidió a Barra que analice la legalidad del decreto 54/2009, que, durante su gestión como jefa de Estado, aprobó la creación de un fideicomiso para la ejecución de obras de infraestructura vial.
Quiero compartir con ustedes el Dictamen Experto Legal que solicité el año pasado al Dr. Rodolfo Carlos Barra sobre las responsabilidades de la Presidencia de la Nación en materia de control o supervisión en los procesos licitatorios de obras públicas de la Dirección Nacional de… pic.twitter.com/946jayJ1kA
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 6, 2024
Sin responsabilidad en el caso
En el escrito, el doctor Rodolfo Barra, actual funcionario del Gobierno de Javier Milei, resuelve que la extitular del Senado no tuvo "responsabilidad penal objetiva" por el decreto ni en "posibles delitos relacionados con contratos u obras".
Entre las consideraciones del experto, se destaca que "el jefe de Gabinete tiene la competencia constitucional para ejercer la administración general del país y ejecutar el presupuesto nacional". Y que "la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es autónoma y sujeta a controles del Ministerio de Economía, pero no recibe instrucciones directas del Presidente".
En conclusión —dice el resumen que elaboró Fernández de Kirchner a través de la inteligencia artificial— "el presidente no tiene responsabilidad administrativa ni penal en el caso. Es ajeno a la administración y función a cargo del jefe de Gabinete".
La dirigente anticipó que su abogado, Carlos Beraldi, presentará este escrito en la audiencia de apelación que tendrá lugar este jueves ante el Tribunal de Casación.
Un experto con ideas opuestas
"No sólo quería tener la opinión de un teórico del derecho, sino de alguien que tuviera una amplia experiencia en la cosa pública", dijo Cristina Fernández. Y destacó que, además de miembro de la Corte, Barra fue presidente de la Auditoría General de la Nación, ministro de Justicia y secretario de Obras Públicas, entre otros cargos.
Sin embargo, remarcó que el especialista en derecho participa en espacios políticos de los que siempre fue "opositora".
"Es público y notorio que nuestras ideas y nuestra militancia política son diametralmente opuestas, pero los textos de la Constitución y de las leyes dictadas en su consecuencia, en esto sí coincidimos con el Dr. Barra, deberían ser iguales para todos", afirmó. "He aquí uno de los principales problemas del país y tal vez explica mejor que nada la inédita situación que hoy vive nuestra Patria", expresó.
El estado de la causa
A fines de febrero, la defensa de la exvicepresidenta de Alberto Fernández pidió suspender las audiencias que se llevan a cabo para revisar su condena de seis años de prisión en la causa de 'Vialidad', y solicitó apartar del caso al fiscal Mario Villar, que pidió duplicar la condena por considerar a la exfuncionaria como la jefa de una asociación ilícita.
La exmandataria fue condenada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N° 2 a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, al haber sido hallada culpable del delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".
En el juicio, Fernández de Kirchner fue acusada de haber encabezado una asociación ilícita —delito desestimado en el fallo— que durante sus dos gobiernos (2007-2015) y el de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007), direccionó millonarios fondos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez, quien, según la imputación, luego se los devolvía como sobornos simulados en el pago de alquileres.
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