Ratifican condena en Venezuela contra hombre implicado en la 'Masacre de Yumare'

La Justicia venezolana ratificó la sentencia de 16 años y ocho meses de prisión contra Ramón Celestino Rojas, un exagente de la extinta Dirección Nacional de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) que participó, el 8 de mayo de 1986, en los asesinatos extrajudiciales cometidos contra nueve líderes sociales y militantes de izquierda, caso que es conocido como la 'Masacre de Yumare'.

El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, señaló que la condena contra Rojas hace justicia a las familias y las víctimas de estos hechos, quienes en su momento fueron involucradas en un caso de falso positivo, cuando las autoridades del gobierno del entonces presidente Jaime Lusinchi los tildó de supuestos guerrilleros que fueron abatidos por funcionarios de la Disip en un enfrentamiento armado.

Entre tanto, Saab informó que la Fiscalía solicitó como parte de este caso, nuevas órdenes de aprehensión contra "tres personas más" que estarían involucradas en la masacre. Igualmente recordó que aún sigue en juicio el proceso que se adelanta contra el excomisario de la Disip, Bernam José Vega, quien es uno de los "45 implicados" en este caso, según detalla el medio local El Siglo.

En agosto de 2022, el Tribunal Sexto de Juicio del estado Aragua emitió la mencionada condena contra Rojas, luego que admitiera su participación en el crimen que cometieron los agentes estatales en la ciudad de Yumare, capital del municipio Manuel Monge del estado Yaracuy, al occidente de Venezuela, reseña el medio local Últimas Noticias.

Rojas fue detenido el 1 de agosto de 2015 en la población de Onoto, estado Anzoátegui, tras ser requerido por los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivos innobles, cometidos en complicidad en grado de cooperador inmediato.

Las víctimas de estos hechos, que fueron secuestradas, torturadas y posteriormente asesinadas, fueron identificadas como: Rafael Ramón Quevedo Infante, Ronald José Morao Salgado, Nelson Martín Castellano Díaz, Dilia Antonia Rojas, Luis Rafael Guzmán Green, José Rosendo Silva Medina, Pedro Pablo Jiménez García, Simón José Romero Madriz y Alfredo Caicedo Castillo.

¿Qué se sabe del caso?

Según relatos de los sobrevivientes, entre el 5 y 7 de mayo de 1986, un grupo de dirigente sociales acordó reunirse en el caserío La Vaca de Yumare para fundar una organización política que llamarían 'Movimiento Bolivariano', con el interés de difundir el pensamiento político de Simón Bolívar, entre otros ideales de izquierda.

Jhonny Río, Edmundo Rojas, Luis Machado, Alirio Rebanales, entre otros ciudadanos que integraban el grupo, llegaron primero al caserío ubicado en el sector Barlovento de Manuel Monge, donde esperaron al resto de sus compañeros para efectuar el encuentro, pero nueve de ellos nunca llegaron.

Horas después se difundió la noticia que funcionarios de la Disip, bajo el mando del comisario Henry López Sisco, habían abatido a nueve supuestos "guerrilleros" en una zona boscosa de Yaracuy, pero eran los mismos civiles que no llegaron a la reunión para fundar el Movimiento Bolivariano. Con los años se conoció que fueron los propios agentes policiales quienes vistieron los cadáveres de las víctimas con ropas militares para hacerlos pasar como rebeldes.

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Al llegar a la Presidencia de Venezuela en 1999, el mandatario Hugo Chávez prometió hacer justicia por este crimen cometido por las fuerzas estatales, hecho que se mantuvo clasificado por el Ministerio de Defensa hasta el año 2000, cuando el entonces ministro de ese despacho, Raúl Salazar, entregó el expediente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En 2006, el Tribunal Sexto de Control de Yaracuy admitió una querella interpuesta por familiares de las víctimas y, en 2011, el general retirado del Ejército Alexis Ramón Sánchez Paz, quien fue el primer detenido por la masacre, admitió la comisión de crímenes de lesa humanidad en este hecho, por lo que fue condenado a 13 años de cárcel.

De acuerdo con Últimas Noticias, otros procesados penalmente por este caso son los exagentes de la Disip: Oswaldo Ramos, Eugenio Creassola, Freddy Grangger, William Prado, Adán Quero y Hernán Vega. Asímismo, se encuentra solicitado con orden de extradición emitida por la Sala Penal del TSJ, el comisario Henry López Sisco, actualmente prófugo de la Justicia y quien estaría radicado en Costa Rica.

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