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Milei planea descontar el día a trabajadores estatales que participen en la huelga del 24 de enero
La manifestación es en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la polémica 'Ley Ómnibus'.
El Gobierno argentino de Javier Milei planea descontar el día a los trabajadores estatales que se sumen a la huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el próximo 24 de enero.
"Efectivamente, lo estamos analizando como una posibilidad cierta", dijo este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni, al ser consultado al respecto en su conferencia de prensa en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.
La medida de fuerza se llevará a cabo a partir de las 12:00 (hora local) del próximo 24 de enero, e incluirá una movilización al Parlamento en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la 'Ley Ómnibus' que envió Milei al Congreso. Ambas normativas establecen una serie de desregulaciones en materia laboral.
La posición expresada por Adorni este lunes se suma a otras acciones que ha hecho el Gobierno, previo a la protesta convocada por la CGT, así como las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) y movimientos sociales.
La semana pasada, por ejemplo, el Gobierno intimó a organizaciones políticas y sindicales a pagar los gastos del operativo policial implementado durante una protesta contra el 'megadecreto' de Milei en diciembre.
Se trató de una movilización, también convocada por la CGT, a los Tribunales de Buenos Aires para reclamar la anulación del DNU.
Esa manifestación desafió el protocolo 'antipiquetes' que fue lanzado en diciembre pasado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que no solo impide cortes de calles, sino que transfiere los costos de la seguridad a quienes interrumpan el tránsito en la vía pública.
Tras esa movilización, la Justicia del país dictó dos medidas cautelares para suspender la parte laboral del DNU que, según denuncian las organizaciones gremiales, atenta contra los derechos de trabajadores.
Ante ello, el Gobierno presentó un recurso extraordinario a la Justicia para frenar la suspensión de las reformas laborales implementadas en ese DNU.
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