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La vicepresidenta de España rechaza el pacto migratorio de la UE: "Un paso atrás sin precedentes"
El acuerdo alcanzado esta semana en el seno del bloque comunitario restringe el derecho al asilo y establece una suerte de solidaridad a la carta.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, rechazó este jueves tajantemente el pacto migratorio alcanzado la jornada de ayer en la Unión Europea. "Hay pactos que es mejor no suscribir", afirmó de un acuerdo que calificó de "un paso atrás sin precedentes" porque "configura una Europa que la ciudadanía rechaza".
En una entrevista en la Cadena Ser, Díaz, que lidera la formación Sumar, socio de los socialistas en el Gobierno de coalición que encabeza el presidente Pedro Sánchez, valoró duramente la nueva normativa sobre migración del bloque comunitario. "Pacto inaceptable", "retroceso radical", fueron algunas de sus valoraciones.
"Para agravante, abre las puertas a la extrema derecha en Europa, a la Europa fortaleza", lamentó la vicepresidenta segunda, advirtiendo que los partidos ultras de diferentes países están aplaudiendo el pacto por endurecer los requisitos para acceder al asilo, entre otras cuestiones.
Así, la ministra de Trabajo marcó distancias con el presidente del Gobierno recordando que "los derechos humanos no son relativizables en ninguna parte del mundo" y visibilizando que Sumar tiene "muchas discrepancias" con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en esta cuestión.
Cinco reglamentos y solidaridad a la carta
Tras casi una década de conversaciones el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo alcanzaron este miércoles un acuerdo para fijar los procedimientos comunes en la cuestión migratoria.
En total son cinco reglamentos que establecen "desde el control de los inmigrantes irregulares a su llegada a la UE hasta la toma de datos biométricos, los procedimientos para presentar y tramitar las solicitudes de asilo, las normas para determinar qué Estado miembro es responsable, la cooperación y la solidaridad entre Estados miembros y cómo gestionar las situaciones de crisis, incluidos los casos de instrumentalización de migrantes", precisó la Presidencia rotatoria española del Consejo Europeo.
Uno de los puntos más polémicos ha sido lo que se ha llamado solidaridad a la carta. Así, los responsables de los migrantes en situación irregular serán los países a los que arriben, mientras que el resto de Estados deberán prestar ayuda, si bien podrán eximirse con el pago de 20.000 euros por migrante y año.
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