Revocan el sobreseimiento de la causa contra Cristina Fernández por lavado de activos

La Cámara Federal de Buenos Aires, Argentina, revirtió este martes el fallo en primera instancia del pasado junio, en la que sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de su aparente responsabilidad en una causa por lavado de activos conocida como 'La ruta del dinero K', recoge la prensa local.   

La Nación llama a recordar que el juez Sebastián Casanello dictó el sobreseimiento, al no haber acusadores contra la dos veces expresidenta, tras diez años de litigios que derivaron en la condena a diez años de prisión del empresario Lázaro Báez.

La Asociación Civil Bases Republicanas, una organización no gubernamental (ONG) vinculada al partido del expresidente Mauricio Macri, solicitó ante la Cámara Federal su admisión como querellante contra Fernández de Kirchner.

Desde esa posición, el ente demandó la reapertura de la causa, lo que finalmente fue admitido en esta jornada, con dos votos a favor y uno en contra, si bien el proceso inició el pasado 17 de agosto, cuando se autorizó la beligerancia a la Asociación, relata La Nación. 

Reacción de Fernández

Tras hacerse público el fallo, la vicepresidenta cuestionó en su cuenta de X la independencia de la Justicia argentina, controlada, en su opinión, por el expresidente Macri. 

"Postales de una mañana argentina: Macri confirmó su impunidad en la causa por la muerte de los 44 tripulantes del ARA San Juan, revocó mi sobreseimiento en la causa del 'dinero K' y, como parece que no gana, consiguió que el Poder Judicial suspenda las elecciones en Boca [Juniors] a cinco días de su realización", reza parte de su mensaje.  

"Pensar que en Argentina todavía hay quienes hablan de la independencia del Poder Judicial y no se les cae la cara. ¡Mamita!", agregó. 

El querellante al descubierto

Bases Republicanas tiene en sus filas a exfuncionarios ligados al macrismo, como recoge una investigación de Página/12. 

Según figura en la página web de la asociación, la presidencia la ejerce Valeria Viola, exdirectora de Coordinación Institucional y jefa de Gabinete de la Secretaria de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior durante la gestión de Macri.

En ese lapso se hizo pública su participación en la constitución de empresas de maletín en las Islas Vírgenes, de acuerdo con revelaciones de los 'Panama Papers' referidas por el portal. 

Otro tanto sucede con el vicepresidente Pablo Noceti, quien fungió como jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad dirigido por Patricia Bullrich, a lo que se suma su presunta implicación en el operativo donde fue asesinado el activista Santiago Maldonado.

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Página/12 sostiene que "el exfuncionario (…) es conocido como defensor de represores de la última dictadura militar e integrante de la prodictadura Corporación de Abogados Católicos".

Esta afinidad partidista se mantiene dentro del Consejo Directivo, donde participan, entre otros, Pablo Clusellas, el ex secretario Legal y Técnico de la Nación y amigo de la infancia de Macri; Inés Liendo, nieta de un ministro de Trabajo de la dictadura de Jorge Videla y el exsenador y asesor de campaña de Bullrich, Federico Pinedo. 

¿En qué se basó la decisión?

Los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, convinieron en "revocar el auto de mérito de fecha 5 de junio, que dispuso el sobreseimiento de Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner, debiendo el juez 'a quo' volver a expedirse con arreglo a los parámetros y con las finalidades fijadas en la presente resolución".

De su parte, el togado Eduardo Farah contravino este punto de vista. Para él, no hay "una acusación fiscal" en curso" y la Bases Republicanas no es "una parte habilitada legal y constitucionalmente para querellar penalmente en la causa", por lo que impera mantener el "sobreseimiento dictado en primera instancia".

Por contra, Llorens dijo que "la incorporación de este nuevo actor" –la ONG– permitirá que "se reexamine la cuestión fondo objeto de esta causa", visto que los argumentos que expusieron "resultan suficientes como para advertir la necesidad de despejar por completo la incertidumbre que presenta conocer la verdad de los hechos y la participación de la imputada".

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