El Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia realizó este viernes un acto de reconocimiento y memoria a los servidores del sistema de justicia y sus familiares, que han sido víctimas de violencias asociadas al conflicto armado.
"Justicia inquebrantable: entregamos memoria, recibimos esperanza", así fue denominado este acto, de acuerdo con la publicación hecha por el ministerio.
Se trata de la primera vez en Colombia que se realiza este tipo de acercamiento directo con los trabajadores del sistema judicial que han resultado afectados por el conflicto.
Previamente, el ministerio informó que el objetivo del evento es reconocer las afectaciones que han sufrido estos funcionarios, con acciones violatorias de derechos humanos, así como el impacto de las mismas sobre la administración de justicia y la democracia.
"Si bien este acto no tenía un formato o una forma preestablecida, sí ha tenido siempre un objetivo claro y una ambición: reconocer las dignidades de las personas que han dado sus vidas para conseguir una sociedad más justa, el reconocimiento de esas valentías, incluso con mucho miedo, y el reconocimiento también de la solidaridad", dijo el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña Hernández, en la ceremonia realizada en el Museo Nacional de Bogotá.
Afectaciones y soledad
En el acto, en el que se mostraron testimonios de familiares de las víctimas, Umaña detalló que 1.262 personas del poder judicial en diferentes lugares del país han sido atacadas, entre los años 1979 y 2023.
#AEstaHora | El @MinjusticiaCo, @osunanestor y el viceministro de Política Criminal, Camilo Umaña, lideran el acto de reconocimiento a la dignidad de las y los servidores judiciales y sus familias que, en el contexto de su labor judicial, han sido víctimas de violencias… pic.twitter.com/pRtdStR5CE
— MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) November 17, 2023
Los crímenes padecidos incluyen asesinatos, desapariciones, secuestros, amenazas y hostigamientos. "Esa magnitud de víctimas no habría ocurrido sin funcionarios que se hubieran opuesto a la violencia", indicó el viceministro Umaña, hijo del defensor de derechos humanos y abogado Eduardo Umaña Mendoza, asesinado en abril de 1998 por el narcoparamilitarismo y agentes del Estado.
El funcionario colombiano manifestó que el relato más frecuente en la Comisión de la Verdad, cuando iniciaron las investigaciones al respecto, fue la sensación de no contar con el Estado frente a la violencia: "Nos dejaron solos", recordó.
"La soledad del juez, de la jueza, que buscando emitir una sentencia o cualquier providencia judicial, desde la más pequeña, desde una orden de captura, tenía la conciencia de que estaba firmando su sentencia de muerte. La soledad de los funcionarios de la justicia que por practicar una audiencia sabían que estaban tocando a una persona intocable de la sociedad", expresó.
Añadió que esa soledad también afectó a "funcionarios que muchas veces se veían en el ostracismo mayor en instituciones absolutamente infiltradas por los poderes ilegales o totalmente impotentes frente a los actores poderosos de la sociedad".
El viceministro reconoció la labor del Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos (Fasol), de la que dijo que albergó en gran medida el rol que ha debido tener el Estado para "rodear a las víctimas" y a sus familiares.
"Ofrendó su vida"
Entre los testimonios que se escucharon en el evento estuvo el de Aurora Rocha de Castro, viuda de Tulio Manuel Castro Gil, un juez y destacado funcionario en la guerra contra el narcotráfico en Colombia, que fue asesinado en 1985, a sus 42 años, durante el apogeo de los cárteles de la droga en el país suramericano.
"Mi esposo fue un representante de la justicia, ofrendó su vida en honor a la búsqueda de la verdad y la justicia. Luchó por no dejar el homicidio de un ministro de Justicia colombiano en la impunidad", comentó.
Rocha relató que la persecución comenzó cuando a su esposo le asignaron el caso del asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla, ocurrido en 1984.
"En ese momento, nuestro hogar, conformado por nosotros dos, cinco niñas entre 15 y 3 años, comenzó a fracturarse, se perdió la tranquilidad, comenzaron los miedos y los temores [...] las llamadas anónimas de intimidación se sufrían cada día", contó.
Finalmente, el 23 de julio de 1985 ocurrió lo que temían. Relató que la noche de ese día, sicarios lo interceptaron en el camino entre su oficina, en el Complejo Judicial de Paloquemao, y una funeraria, a donde acudía al velorio de un tío que había fallecido.
"Tulio Manuel nunca llegó a la funeraria, lo acribillaron a tiros, tenían que callarlo ya, silenciaron su voz para que no siguiera impartiendo justicia, porque no le dio miedo profundizar en las investigaciones en curso, no temió vincular a los que con sabiduría creyó culpables [...] Colombia perdió a un servidor comprometido con la justicia y a mis niñas les arrebataron el derecho de crecer con su papá", dijo Rocha.
