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La derecha reaccionaria se moviliza por todos los frentes contra la amnistía en España

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El intento de hacer descarrilar la ley incluye manifestaciones callejeras, declaraciones de jueces, policías y obispos y una campaña internacional.
La derecha reaccionaria se moviliza por todos los frentes contra la amnistía en España

La derecha reaccionaria española ha desplegado todos sus recursos contra la futura ley de amnistía en todos los frentes posibles, como si estuviera cumpliendo la orden dada hace días por el expresidente conservador José María Aznar: "El que pueda hacer, que haga".

Declaraciones políticas incendiarias, manifestaciones callejeras ante las sedes del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con consignas abiertamente golpistas, estrategias de boicot en el Senado, comunicados inéditos de jueces, policías y obispos, decisiones judiciales sospechosamente "oportunas", querellas en el Supremo, apelaciones a Bruselas y a la justicia de la Unión Europea.

Un 'todo vale' que pretende hacer descarrilar la ley pactada por el presidente en funciones, Pedro Sánchez, con los partidos independentistas catalanes, a cambio de su apoyo para la investidura, prevista para esta semana.

"Un peligro para la democracia"

La ofensiva escaló una vez consumado el fracaso de la investidura del líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, cuando quedó claro que el único modo de que Sánchez -el siguiente en recibir el encargo del rey Felipe VI para formar gobierno- pudiera lograr la mayoría, pasaba por acordar con los partidos independentistas catalanes la amnistía para todos los encausados por el 'procés' separatista.

Los representantes políticos del PP y el ultraderechista Vox elevaron el tono de su retórica contra la futura ley y el gobierno socialista.

Entre ellos Aznar, que dijo cosas como que "Pedro Sánchez es un peligro para la democracia" o que el acuerdo abre "una crisis constitucional sin precedentes" y llamó a la movilización "por todos los medios" para salvar la unidad de España

"La inhibición no tiene hueco", dijo Aznar. No faltaron entre otros líderes como Feijóo, el presidente de Vox, Santiago Abascal, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificativos a Sánchez de "dictador" y "traidor", pedidos de prisión en su contra, acusaciones de que el mandatario en funciones está "vendiendo España" o comparaciones de la amnistía con el golpe de estado del 23 de febrero de 1981, o la violencia de la banda terrorista ETA. 

"Todos a Ferraz"

A partir de ahí, empezó la movilización callejera. PP, Vox, una amalgama partidos extraparlamentarios y organizaciones de extrema derecha, como la empresa Desokupa, llevan más de 10 días alentando manifestaciones ante la sede del Partido Socialista (PSOE) en Madrid, en la calle Ferraz, y otras capitales españolas.

En esas protestas, a las que acuden miles de personas, no faltan insultos contra el mandatario y el expresidente catalán Carles Puigdemont –cuyo partido Junts x Catalunya es uno de los dos que exigía la amnistía–, ni consignas abiertamente golpistas. 

En la capital española se han visto disturbios, cargas policiales, gases lacrimógenos y decenas de detenidos, acusados de los delitos de desobediencia y de atentado contra la autoridad.

La más numerosa fue la del pasado domingo en Madrid. Según el PP, asistieron cerca de un millón de personas, una cifra muy superior a la que divulgó la delegación del gobierno: 80.000 asistentes.

Maniobra en el Senado

Los 'populares' decidieron también pasar al ataque en al Senado. Aprovechando su mayoría absoluta en la cámara alta, aprobaron este martes en el Pleno la reforma del Reglamento con el que pretende dilatar la aprobación de la ley de amnistía.

Con eso, el Senado podrá decidir si una proposición de ley que viene del Congreso de los Diputados tramita o no por el procedimiento de urgencia –un plazo de 20 días– o de forma ordinaria, lo que demora su aprobación hasta un máximo de dos meses.

Una querella contra Sánchez y Puigdemont

Con la supuesta intención de "detener el golpe", Vox interpuso también este martes una querella en el Tribunal Supremo contra Sánchez y Puigdemont, a quien califica de "terrorista".

En ella, los ultraderechistas piden al máximo tribunal la "inmediata suspensión de la investidura" de Sánchez, de manera cautelar, ante "las circunstancias de alarma social" provocada por el acuerdo para la formación de gobierno.

Policías, jueces y obispos a la carga

En paralelo, la ofensiva se propagó a ámbitos ajenos a la política. Lo que más revuelo causó fue un comunicado de la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), en el que los policías se dijeron "dispuestos a derramar hasta la última gota" de su "sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional".

El comunicado causó molestia en el Ministerio del Interior, que este martes decidió suspender cautelarmente de empleo y sueldo a dos agentes. E hizo lo propio con otro funcionario que días atrás acusó a Sánchez de comer "la mayor felonía" con la amnistía.

Desde el entorno eclesiástico, los arzobispos de Oviedo y Valladolid cargaron contra la ley, de la que dijeron que "amenaza a la convivencia a la que dice servir".

El ámbito judicial no es ajeno a este escenario. La semana el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, emitió una declaración institucional en la que mostraba su "su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España".

Otras asociaciones de jueces y fiscales hicieron manifestaciones similares.

Intervención de los jueces

Los jueces también intervinieron en forma de medidas. La semana pasada, el juez Manuel García-Castellón citó a Puigdemont y Marta Rovira, secretaria general de ERC, en la investigación sobre Tsunami Democràtic.

Las pesquisas implican que ambos podrían podrían enfrentar cargos de terrorismo por las protestas que se produjeron en Cataluña en 2019, cuando se conoció la sentencia a los líderes del 'procès', con condenas de cárcel de hasta 13 años.

Los jueces conservadores han advertido también que podrían recurrir a la justicia europea para combatir la ley.

Bruselas y la internacionalización de la amnistía

Los partidos conservadores también desplegaron su cabildeo en la Unión Europea (UE).

Después de que la semana pasada Bruselas pidiera información "detallada" sobre la amnistía, el PP y Ciudadanos, un partido derechista que se quedó sin representación parlamentaria en las pasadas elecciones, mandaron una carta a varios cargos de la UE y a embajadores para advertirles de una supuesta "degradación" de la democracia en España por la amnistía, con la exigencia al Ejecutivo comunitario para que mueva ficha.

Este martes, Feijóo, en su esfuerzo de internacionalización del conflicto, se reunió con corresponsales extranjeros en Madrid, a los que entregó un extenso dossier sobre el rechazo a la amnistía.

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