Puigdemont lanza sus 'líneas rojas' para negociar y complica aún más la investidura en España

El expresidente catalán Carles Puigdemont expuso este martes desde Bruselas sus condiciones para empezar a negociar la investidura del presidente del Gobierno español, entre ellas una ley de amnistía para todos los encausados por el referéndum ilegal y el fallido intento de secesión de 2017 en esa comunidad autónoma.

Unas condiciones que, según el propio exmandatario, "no existen y se deben crear" y que complican todavía más la formación de Gobierno, porque son prácticamente inaceptables para los dos grandes partidos españoles que están en disposición de intentarlo.

Con siete diputados en los comicios del pasado 23 de julio, el partido de Puigdemont, Junts per Catalunya, se ha vuelto clave para desbloquear los endiablados resultados que arrojaron las urnas y evitar así nuevas elecciones.

Ni el ganador de las elecciones, el derechista Partido Popular de Alberto Núñez Feijoo, ni el segundo, el partido socialista PSOE del actual mandatario Pedro Sánchez, tienen por ahora los apoyos necesarios para formar gobierno.

Por encargo del rey Felipe VI, Feijóo será el primero en intentarlo a finales de septiembre, pero todo el mundo da por hecho su fracaso y que después lo intentará Sánchez, que aparentemente lo tiene un poco más fácil. Si nadie lo logra, se convocarán nuevas elecciones.

"O repite elecciones o pacta"

"Hoy, España tiene una dilema de resolución compleja: o repite elecciones, con el riesgo de que los equilibrios políticos terminen siendo tan frágiles como los de ahora, o pacta con un partido que mantiene la legitimidad del 1 de octubre [de 2017, fecha del referéndum ilegal], que no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer los derechos del pueblo catalán", dijo Puigdemont en una rueda de prensa desde la capital comunitaria.

El exmandatario, autoexiliado en Bélgica desde los hechos de 2017 para eludir la justicia española, pidió también el reconocimiento y respeto a la "legitimidad democrática del independentismo" y la creación de un mecanismo de verificación para garantizar el cumplimiento de los acuerdos que se alcancen.

"No estamos hablando de un parche para sacar adelante la legislatura y cerrar el paso a la derecha. Estamos hablando de que si hay acuerdo, este debe ser un acuerdo histórico, un compromiso histórico como el que ningún régimen ni gobierno español ha sido capaz de hacer realidad", declaró.

También pidió que se establezca un compromiso para la futura celebración de un referéndum de autodeterminación, "acordado con el Estado español", aunque no lo ha puesto como condición para empezar a negociar.

"Unas condiciones inaceptables"

Poco después de la comparecencia de Puigdemont, Feijóo, que está en ronda de reuniones con casi todos los partidos en busca de los 4 votos que la faltan para poder formar gobierno, dio prácticamente por cerrada la posibilidad de negociar e incluso dejó en el aire su reunión con Junts per Catalunya.

"Si el requisito para que yo sea presidente del Gobierno es una amnistía que no cabe en la Constitución, la respuesta es que nos podemos ahorrar la reunión. Si Junts quiere hacer matizaciones o enfocar el asunto de otra forma, que me lo diga. Pero, en este contexto, la respuesta es no", dijo.

"Ni puedo ni quiero pagar ese precio que ha fijado Puigdemont para ser presidente del próximo gobierno de España, me gustaría que Sánchez dijera lo mismo si fuera posible hoy", agregó.

Por su parte, la portavoz del gobierno en funciones de Pedro Sánchez, Isabel Rodríguez, dijo que a su partido "le separa un mundo" de las posiciones de Puigdemont, aunque no cerró las puertas a la negociación de un eventual intento de investidura del actual mandatario, "dentro del marco constitucional".

La amnistía a independentistas catalanes centra las negociaciones para la formación de Gobierno en España

"Ese es nuestro marco, la Constitución. El método, el diálogo. El objetivo, la convivencia", dijo.

Si ningún candidato lograra la investidura, dos meses después de la primera votación en el Hemiciclo, se disolvería el Parlamento y se convocaría una repetición electoral 47 días después, por lo que los nuevos comicios tendrían lugar en enero.