Actualidad
Qué relación tiene el asesinato de un grafitero colombiano con la doctrina de EE.UU. del "enemigo interno"
El Estado pidió perdón por el homicidio de Diego Felipe Becerra a manos de un policía, ocurrido en 2011.
El Estado colombiano pidió perdón público por el asesinato de un menor de edad grafitero, ocurrido en 2011 a manos de la Policía, un hecho inédito en la historia del país suramericano que ha atravesado décadas de violencia y conflicto armado.
En el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional por la ejecución extrajudicial del joven Diego Felipe Becerra, de 16 años, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, ordenó eliminar el concepto militar de origen estadounidense conocido como el "enemigo interno", que aplica la Fuerza Pública colombiana desde la Guerra Fría contra quienes considera "diferentes".
En la ceremonia, en la que estaban presentes los padres de Becerra —quien hoy en día tendría 28 años—, el director de la Policía, el general William Salamanca, ofreció disculpas públicas por los hechos donde estuvieron inmersos integrantes de esa institución y garantizó la no repetición.
Asimismo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, le pidió perdón a la familia, a los amigos de Becerra y a la "sociedad colombiana porque estos hechos, estas violaciones a los derechos humanos y al derecho fundamental a la vida no solo mancillan el nombre de la institución policial sino que afectan profundamente el ejercicio de la democracia y la seguridad", recoge Radio Nacional.
El fratricidio y el "enemigo interno"
Durante su discurso, Petro desmenuzó el concepto del "enemigo interno", se refirió a su aplicación en la seguridad del Estado y pidió eliminar esa práctica para garantizar la no repetición.
"La Fuerza Pública debe abandonar el concepto del enemigo interno y educarse en los conceptos de la democracia", exhortó.
Sobre el caso de Becerra, aseveró que su muerte ocurrió bajo esa concepción militar de origen estadounidense: "¿El asesino qué pensaba cuando asesinó? Que había un enemigo interno en Colombia, que era el que pintaba la pared, y por tanto había que extirparlo", ejemplificó.
El mandatario también habló sobre el genocidio de los miembros del partido Unión Patriótica (UP), "que había que quitar del camino", y sobre los 6.402 'falsos positivos' que fueron considerados como "enemigo interno" porque "eran pobres", y por tanto, los "hicieron pasar como guerrilleros" para justificar las ejecuciones.
"Entramos al fratricidio porque creemos que hay un 'enemigo interno', que es el diferente, el que piensa distinto", agregó.
"Una policía sin 'enemigo interno', es una policía humana que sabe que su esencia es defender derechos y libertades de todo ser humano", reflexionó.
El caso de Diego Felipe Becerra
Las disculpas públicas por el asesinato de Becerra y la restitución de "su buen nombre" se hicieron en cumplimiento del acuerdo amistoso suscrito por el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En un documento del organismo regional perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), se relata que la familia del adolescente introdujo en 2014 la petición ante la CIDH para que el caso fuera examinado, ante la lentitud e inconsistencias en el proceso judicial en Colombia.
La ejecución extrajudicial de Becerra fue cometida en Bogotá, por Wilmer Antonio Alarcón Vargas, funcionario de la Policía Nacional, cuando el joven huía tras ser sorprendido haciendo un grafiti. La familia denunció "el montaje posterior organizado por la institución para aparentar que la presunta víctima había fallecido después de robar un autobús", dice el escrito.
Según se conoció, las autoridades manipularon la escena y pusieron un arma cerca de su cuerpo para hacer parecer que el menor de edad iba a atacarlos. Además, contrataron a un conductor de autobús para que lo señalara como autor de un robo en esa unidad.
Luego de que el caso pasara de la Fiscalía a la justicia penal militar, la defensa de Becerra advirtió sobre la existencia de un "conflicto de competencias" entre la justicia ordinaria y la castrense, por lo que el Consejo Superior de la Judicatura decidió que volviera al Ministerio Público.
El 7 de febrero de 2012 se impuso medida detención preventiva contra Alarcón Vargas. Sin embargo, el 18 de agosto de 2016 se le concedió la libertad inmediata e incondicional.
La CIDH recordó que tanto la Fiscalía como la Procuraduría determinaron que se implantó un arma a la escena del crimen y que hubo una demora injustificada en la entrega de la escena al Cuerpo Técnico de Investigación.
Dilaciones e inconsistencias
El 23 de octubre de 2012, la Fiscalía Anticorrupción pidió aseguramiento e imputación de cargos por los delitos de "fraude procesal, alteración de elementos de prueba, favorecimiento al homicidio, porte ilegal de armas de fuego y falsedad ideológica en documento público" contra tres agentes de policía; contra el abogado defensor de Alarcón Vargas y contra el conductor del autobús.
El 20 de junio de 2013 fueron acusados y el 4 de septiembre de ese año se impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad a dos policías. Sin embargo, hubo retraso judicial en este proceso y ocho años después apenas finalizaba la etapa de juicio.
En 2018 todos los acusados, salvo uno que no solicitó libertad, se encontraban libres por vencimiento de términos, por lo que la familia alegó que la administración de justicia colombiana no fue diligente y eficiente para culminar con los procesos iniciados en 2011.
¿Cuál es el origen del "enemigo interno"?
Si bien Petro se refirió a un concepción aún vigente en la manera de operar de la Fuerza Pública, este término surgió décadas atrás.
Tras la visita, en febrero de 1962, de una misión estadounidense a Colombia, encabezada por el teniente general William Pelham Yarborough, se puso la piedra fundacional de la llamada "doctrina contrainsurgente" o de Seguridad Nacional con la que la Fuerza Pública operó en el país en las décadas posteriores, según la Comisión de la Verdad.
"Esta doctrina estableció la noción del 'enemigo interno' como un estigma contra los opositores, bajo el argumento de que tras sus actuaciones
estaban los tentáculos del comunismo internacional", sigue la mencionada comisión surgida tras el Acuerdo de Paz de 2016.
En Colombia, según el informe final de la Comisión de la Verdad, los opositores, políticos,
sindicalistas, profesores, líderes sociales, estudiantes, campesinos, intelectuales críticos y activistas políticos eran considerados por los cuerpos de seguridad como "enemigos internos".
Además, el Estado incentivó "el involucramiento de los civiles en la violencia, ya fuera desde la insurgencia o la contrainsurgencia, siempre con el argumento de la 'legítima'", lo que le abonó el terreno al paramilitarismo.
Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!
comentarios