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El Ministerio Público de Guatemala continuará el proceso penal contra el Movimiento Semilla

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La información se conoce después de que la Corte Constitucional fallara a favor del partido político y ratificara "la oficialización" de los resultados electorales de la primera vuelta.
El Ministerio Público de Guatemala continuará el proceso penal contra el Movimiento Semilla

El Ministerio Público de Guatemala comunicó este viernes que continuará la investigación penal contra el partido Movimiento Semilla, en medio de denuncias sobre la interferencia de la fiscalía en el proceso electoral, en el que el candidato presidencial de izquierda, Bernardo Alvarado, fue elegido para disputar la segunda vuelta frente a Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Según refirió el organismo en un comunicado, sus actuales acciones responden a una investigación derivada de una denuncia ciudadana interpuesta en mayo de 2022 "relacionada a posibles ilegalidades en la constitución del partido Movimiento Semilla", tras la cual se recabaron "pruebas científicas documentales, testimoniales y de campo" que justifican la imputación por delitos de índole electoral.

"Las actuaciones del Ministerio Público no tienen como finalidad interferir en la fecha de la realización de la segunda vuelta, ni inhabilitar la participación de ningún candidato al balotaje programado para el 20 de agosto del año en curso", se lee en otra parte del documento, en la que también se tachó estas especies como "campañas de desinformación sostenidas".

Presuntas falsificaciones

Posteriormente, el titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala (FECI), José Rafael Curruchiche, detalló en conferencia de prensa las presuntas irregularidades que condujeron a la judicialización del caso que se sigue contra la formación política.

De acuerdo con su relato, en 2018, el Movimiento Semilla solicitó su formalización como partido ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) guatemalteco y ya entonces el ente detectó que 12 de los firmantes habían fallecido en los años previos al trámite. Pese a ello, dijo, el ente le dio curso al procedimiento.

Aunque no precisó cuántas firmas de respaldo consignó la tolda, sí recordó que la legislación local establece un mínimo de 25.115 manifestaciones de apoyo, en interés de contextualizar que según testimonios de aparentes afectados recabados por su oficina, "al menos 5.000 personas fueron adheridas ilegalmente al partido Movimiento Semilla, falsificándoles su letra y firma".

Empero, matizó, esta y otras presuntas evidencias, que incluyen planillas con firmas y sin nombres, han de ser corroboradas por los peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses del país.

Acusaciones por pagos irregulares

A esto sumó que el actual candidato presidencial, Arévalo, denunció a su copartidario Jaime Gabriel Gudiel Arias por supuestamente haber contratado a tres personas para recolectar las rúbricas que necesitaba la organización política para conseguir su legalización, con una cuota de siete quetzales (unos 0,89 dólares al cambio actual) por cada firma conseguida, lo que a juicio del fiscal implicaría lavado de activos.

"Cuando uno hace una sumatoria de 25.115 firmas, que son las que establece aproximadamente la ley electoral para que un grupo promotor pueda constituirse como partido política, se hace la sumatoria de 175.000 quetzales (poco más de 22.300 dólares). La pregunta es quién pagó ese dinero, cómo, de qué forma, a quién se le pagó, quién erogó esos recursos", valoró Curruchiche.

La respuesta de Semilla

Entretanto, partidarios del Movimiento Semilla inundaron las calles de Ciudad de Guatemala la tarde de este 13 de julio, para exigir la denuncia del titular de la FICI y de la fiscal general, Consuelo Porras.

Entre otras consignas, los manifestantes tildaron de "golpistas" a los funcionarios judiciales y los señalaron de violentar la democracia, al pretender imponerse por encima de la voluntad popular, que respaldó a Arévalo en la primera vuelta.

De momento, la Corte Constitucional de Guatemala falló a favor del Movimiento Semilla, pues dejó sin efecto la orden del juez Freddy Orellana en la que se instruía al TSE excluir del balotaje a Arévalo.

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Asimismo, la tolda respondió con demandas judiciales en contra de Orellana y Curruchiche, por aceptar y promover la suspensión de un partido opositor en medio de una contienda electoral. La acusación incluye los delitos de prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Más demandas

La organización de la sociedad civil Acción Ciudadana comunicó que también tomará acciones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia contra Curruchiche, Orellana y la fiscal Porras, ya que estima que se aliaron para perseguir a Arévalo con la finalidad de sacarlo de la carrera electoral.

El jefe de la FECI está en la mira pública desde 2021 porque cerró todas las causas adelantadas por su antecesor, Juan Francisco Sandoval, en las que figuraba el persidente Alejandro Giammattei.

Por estos hechos, el Departamento de Estado de los EE.UU. lo incluyó en un listado de funcionarios centroamericanos vinculados con la corrupción.

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