Firmas, foros y encuesta: la oposición en México define reglas para elegir candidato presidencial

La coalición opositora Frente Amplio por México comenzó este martes el registro de los precandidatos presidenciales que aspiran a competir en las elecciones generales que se realizarán el 2 de junio del próximo año.

Este bloque está formado por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Demócratica (PRD), los cuales en 2020 integraron la alianza Va por México, que desde entonces mantiene una permanente confrontación con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los primeros que anotaron sus precandidaturas fueron la senadora Xóchitl Gálvez y el diputado Santiago Creel (ambos del PAN), aunque se prevé que en los próximos días se ampliará la lista porque el plazo vence el domingo. 

El registro de los aspirantes llega precedido por una oleada de renuncias, ya que varios políticos se bajaron de la contienda inconformes con las contradicciones de la coalición y su proceso de selección.

La polémica se debe, en parte, a que, después de criticar al oficialismo por haber adelantado de manera ilegal la definición de la candidatura presidencial, la oposición terminó haciendo lo mismo.

Para evadir las leyes electorales, el bloque que encabeza el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fundado por López Obrador, inició el proceso de designación del "Coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación" (nombre con el que el presidente bautizó su gestión), lo que es un eufemismo porque todavía no puede llamarlo "candidato presidencial".

En el caso de la oposición, decidieron nombrarlo "Responsable nacional de la construcción del Frente Amplio por México".

El proceso

Pese a las críticas internas, el Frente confirmó que los precandidatos interesados deberán presentar a partir de este martes una carta en la que expongan los motivos por el que desean participar, una declaración patrimonial, una de impuestos y otra en la que confirmen que no tienen conflicto de intereses.

Además, deberán comprobar que no ha habido denuncias de violencia de género en su contra, con lo que se busca vetar la postulación de agresores sexuales y deudores de pensión alimenticia, entre otros.

El periodo de registro culmina el 12 de julio. A partir de ese día y hasta el 5 de agosto, los aspirantes podrán recopilar a través de una plataforma especialmente diseñada 150.000 firmas de apoyo, provenientes de al menos 17 estados, que serán un requisito indispensable para avanzar en la contienda.

La convocatoria establece que el 10 de agosto habrá un primer corte, ya que quienes logren llegar a esta instancia participarán en una consulta ciudadana que se realizará del 11 al 16 de agosto.

Los tres políticos o políticas que alcancen una mayor intención de voto serán los precandidatos finalistas que, luego, deberán presentarse de manera conjunta en cinco foros previstos en las ciudades de Tijuana (Baja California), Monterrey (Nuevo León), León (Guanajuato), Guadalajara (Jalisco) y Mérida (Yucatán).

Dichos encuentros se llevarán a cabo del 27 al 30 de agosto. Una vez que concluyan, se realizará una encuesta para identificar las simpatías electorales de los finalistas.

Pero ese estudio sólo tendrá un valor del 50 % en la definición de la candidatura, ya que el 3 de septiembre se realizará una última consulta ciudadana que valdrá otro 50 %.

Definición

Los resultados se darán a conocer la noche del 3 de septiembre. Del promedio de ambos saldrá el nombre ganador.

Hasta que llegue ese día, los aspirantes deberán cumplir con una serie de reglas en sus campañas.

Por ejemplo, no podrán colocar propaganda en equipamiento urbano, anuncios espectaculares, bardas o en el transporte público; ni pedir el voto a su favor o en contra de otro contendiente.

López Obrador afirma que Xóchitl Gálvez será la candidata presidencial de la oposición

Tampoco deberán difundir propuestas de carácter electoral, presentar plataformas, atacar a otros rivales, promocionarse en radio y televisión ni pagar por la participación de la ciudadanía en las consultas públicas.

Los aspirantes que incumplan estas reglas serán penados con amonestaciones privadas o públicas, la suspensión del registro de firmas a su favor por cinco días, e incluso la suspensión de su participación.

Hasta ahora, las encuestas anticipan que la dirigente política que encabeza la carrera presidencial en la oposición es la senadora Gálvez.