Las protestas que ponen en jaque a un gobernador y precandidato presidencial en Argentina

El gobernador de la provincia argentina de Jujuy, Gerardo Morales, enfrenta una grave crisis política que comenzó con los reclamos de los gremios docentes, pero que ya se extendió a todos los sectores sociales y se ha traducido en inéditas manifestaciones multitudinarias.

Además, las protestas afectan su figura justo en momentos en los que Morales disputa la candidatura presidencial de la coalición de derecha Juntos por el Cambio, con miras a las elecciones generales del próximo 22 de octubre.

"¡Arriba los salarios, abajo la reforma!", fue el grito principal que lanzaron los docentes en la marcha que realizaron el lunes y que ha sido una de las más masivas desde que la semana pasada estalló un conflicto en el que también hay bloqueos en carreteras, "cacerolazos" y ollas populares en las calles.

La reforma a la que se refieren es la que impulsó Morales para modificar la Constitución provincial y que entre sus aspectos más controvertidos endurece las sanciones por manifestarse en la vía pública, lo que diversas organizaciones ya han denunciado que viola el derecho a la protesta social.

Con respecto a los salarios, los manifestantes rechazan la oferta del gobernador para que los maestros ganen un salario mínimo de 175.000 pesos mensuales (729 dólares a precio oficial), ya que su reclamo es que aumente, por lo menos, hasta los 200.000 pesos (833 dólares).

Ante la negativa del Gobierno estatal de esta provincia, que está ubicada en el extremo norte de Argentina, la Asociación de Educadores Provinciales y el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) unieron fuerzas.

Lo que sorprendió en los últimos días es que los docentes comenzaron a ser apoyados por otros gremios, incluidos los policías, así como por organizaciones sociales y de derechos humanos. Eso fortaleció el movimiento que mantiene un paro por tiempo indeterminado en las escuelas.

Represión

El conflicto se agravó porque Morales, en lugar de abrir una instancia de diálogo, el viernes pasado firmó un decreto que criminaliza las movilizaciones. La intención era terminar con las marchas en su contra, pero logró todo lo contrario.

Los cambios al Código Contravencional, que representan un anticipo de la reforma constitucional, imponen multas de 270.000 pesos (1.102 dólares) a quienes permanezcan en espacios públicos, alteren el orden y obstaculicen la libre circulación vehicular y/o peatonal.

Por otra parte, si el manifestante es un funcionario de cualquier rango, puede recibir una pena de inhabilitación de hasta dos años, lo que apunta a impedir que los políticos de la oposición se sumen a las protestas.

En el caso de los empleados públicos que marchen, se establece que cometen una "falta grave", pero, además, si se comprueba "reincidencia", es decir, si van a más de una manifestación, entonces se considera como causa suficiente para despedirlos.

"En lugar de invitar al diálogo sacan un decreto que nos deja al borde del estado de sitio", denunció Analía Herrera, integrante de la Unión de Trabajadores Docentes Universitarios de Jujuy, quien, al igual que otros activistas, advirtió que el gobernador sólo le está echando "más leña al fuego".