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"El Estado solo se defendió": Premier de Perú justifica represión que dejó más de 60 muertes

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En su visita a España, el primer ministro Alberto Otárola reivindicó su gestión y aseguró que el país andino estuvo "al borde del abismo institucional".
"El Estado solo se defendió": Premier de Perú justifica represión que dejó más de 60 muertes

El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, defendió la labor del Gobierno de Dina Boluarte, frente a la "ineficiencia" y la "gestión mediocre" de su predecesor, el expresidente Pedro Castillo, tras intentar deslindarse de responsabilidades por las muertes en protestas antigubernamentales.

En entrevista con el medio El Español, Otálora se posicionó sobre las más de 60 víctimas mortales que se produjeron en los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden por el cambio de gobierno en Perú. "Son los muertos de Castillo, no son los muertos de la presidenta Boluarte. Quien buscó estas muertes fue Castillo; el Estado solo se defendió", dijo.

Para el premier, que defendió la actuación policial pese a las múltiples denuncias de que fue excesiva, la represión "fue absolutamente necesaria" porque, en su criterio, "el agredido fue el Estado y los heridos, los 33 millones de peruanos".

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En esa línea, insistió en que Castillo habría sido el principal factor perturbador porque, a su juicio, "intentó modelar un Estado fundamentalista con tendencias dictatoriales y de permanencia en el tiempo", y puso al país "al borde del abismo institucional".

Más allá de las aseveraciones de Otálora, lo cierto es que la Fiscalía de Perú investiga actualmente las muertes en las protestas y ha citado a declarar a la propia Boluarte, quien el martes se acogió al silencio sobre las razones de los fallecimientos.

Mientras tanto, organizaciones internacionales de derechos humanos denuncian que policías y militares dispararon de forma indiscriminada contra la población, además de otras violaciones de derechos humanos.

No sabía nada

Fuentes del Ministerio Público le contaron al diario local La República que la mandataria no aclaró nada sobre los fallecimientos e incluso indicó que se enteró a través de medios de comunicación.

Boluarte sostuvo que desconocía los planes operativos que habían implementado tanto la Policía Nacional del Perú como las Fuerzas Armadas.

En ese sentido, añadió que no tiene ninguna relación directa con policías y militares, dado que ella simplemente se dirige a los efectivos mediante los ministros de Defensa e Interior.

Esta postura coincide con lo que declaró Boluarte a otro periódico local a principios de mayo. "[Ni] los ministros ni la presidenta tenemos comando para decidir sobre los protocolos que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional tienen. Ellos tienen su propia ley, pero también sus propios protocolos", aseveró a El Comercio.

Sin elecciones ni popularidad

El premier de Perú estuvo de visita dos días en Madrid y este miércoles viajó a París, en el marco de una breve gira europea para intentar restaurar la confianza internacional en el Ejecutivo que representa.

Durante las jornadas se han producido tímidas protestas de peruanos residentes en la capital española, tanto en el aeropuerto como ante las puertas de instituciones que ha visitado.

Ahora, cuando se cumplen seis meses de la destitución de Castillo, la posterior asunción del cargo por la actual presidenta y el estallido de las protestas sociales, Otárola aseguró que ya no hay protestas en el país andino. 

No obstante, afirmó que había preocupación por los niveles de pobreza y el déficit de infraestructuras en el país, de los que responsabilizó al breve mandato de Castillo.

El jefe del gabinete también desestimó las encuestas de opinión que muestran el rechazo al Gobierno de Boluarte y, en ese sentido, aseveró: "El descontento popular era hacia Castillo".

Del mismo modo, descartó que el Gobierno de Boluarte atienda los reclamos populares de los manifestantes, como la convocatoria de comicios generales anticipados, porque "el Congreso ha archivado el proyecto de ley sobre el adelanto electoral".

Medio año de sacudida social e institucional

El pasado 7 de diciembre, el entonces presidente Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso, pero el Ejército no lo respaldó, por lo que acabó siendo destituido y encarcelado, bajo la acusación de intentar perpetrar un golpe de Estado. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo.

A partir de ese momento comenzaron las protestas ciudadanas contra el nuevo Gobierno, exigiendo la liberación de Castillo, la convocatoria anticipada de elecciones y la redacción de una nueva Constitución para el país.

Las masivas manifestaciones recibieron como respuesta la contundencia policial y, a día de hoy, a pesar del saldo mortal que dejó la represión, el Ejecutivo de Boluarte piensa acabar su mandato en 2026 y no concurrir a elecciones anticipadas.

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