El Gobierno de Perú declaró públicamente que respeta el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en el cual se denuncian graves violaciones durante las protestas antigubernamentales, pero rechazó las acusaciones. Sin embargo, un medio local rebatió este viernes las palabras de la presidenta Dina Boluarte.
El semanario Hildebrandt en sus trece accedió a 178 observaciones que el Ejecutivo peruano realizó a finales de marzo pasado en su respuesta oficial, como Estado, a la CIDH.
El Gobierno reconoció la existencia de "graves hechos ocurridos" durante las manifestaciones contra Boluarte y el Congreso de la República, contrario a lo expresado ante la prensa, en la cual se limitaron a pedir que se espere el resultado de las investigaciones del Ministerio Público.
DOBLE CARA por @mecozam. En un documento que @ensustrece saca a la luz el gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otárola reconoce ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los responsables de las muertes son policías y militares, que hubo excesos en el uso de las armas… pic.twitter.com/OIBCrI14bR
— Semanario Hildebrandt en sus trece (@ensustrece) May 5, 2023
Sobre las 49 muertes contabilizadas en ese momento, en el cual están señaladas las fuerzas del orden como presuntos responsables, aseveró que "tales resultados lamentables no han sido generados por decisiones políticas autoritarias".
"De ninguna forma se promovieron directa o indirectamente actitudes o prácticas de represión fuera del marco legal", añadió el Ejecutivo, en la misma línea que se pronunció el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, sobre el accionar de militares y policías.
En la víspera, Otárola declaró en la emisora local RPP que "las responsabilidades son individuales".
"Los posibles excesos de la fuerza militar y policial son objeto de investigación y seguirán su curso procesal a fin de determinar las responsabilidades individuales", aseguró el Gobierno en su comunicación a la CIDH.
De esa forma, dejó entrever que los efectivos incumplieron las "exigencias expresas" del poder político sobre el límite de la fuerza a utilizar durante las masivas movilizaciones que tuvieron lugar en el país, particularmente en las regiones de Ayacucho, Puno, Madre de Dios y Apurímac.
