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¿México de rodillas ante la megaminería? La temeraria reforma de López Obrador que fue disminuida
La iniciativa aprobada en el Congreso elimina los elementos más punzantes de la propuesta presidencial y mantiene el grueso de los privilegios de las corporaciones.
A principios de abril, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), envió una propuesta de reforma a la Ley Minera.
Sin darle gran vuelo mediático, el mandatario propuso varios cambios sustanciales a las reglas de operación de este sector que, según su perspectiva, históricamente ha cometido abusos en la nación latinoamericana.
Así se sostiene en la exposición de motivos de la iniciativa. El punto de quiebre, se argumenta, tuvo lugar en la década de 1990.
Fue durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) cuando se llevaron a cabo diversas reformas de reconversión de la economía, entre ellas, la de la Ley Minera de 1992, que terminó por inaugurar una nueva era para el sector.
Esta política se sustentó en la desregulación económica, la intensa extracción de recursos minerales por parte del capital privado, el despojo territorial, así como el desplazamiento forzado de comunidades, se lee en el documento que fue enviado por López Obrador a la Cámara de Diputados.
Los cambios a la ley que tuvieron lugar a partir de la década de 1990 propiciaron un incremento exponencial de las tensiones sociales: la población local quedó a merced de mineras, principalmente las extranjeras que, frente a un Estado ausente, impusieron su ley.
La propuesta original
La propuesta sorprendió a propios y extraños. En la campaña electoral de 2018, López Obrador nunca planteó llevar a cabo una reforma profunda para el sector, tampoco promover cambios a las leyes secundarias.
De hecho, su temeraria iniciativa en materia minera, además de que contemplaba reglas más estrictas para las empresas que operan en México, con vistas a salvaguardar el medio ambiente y la salud de la población local, incluía cambios en materia de gestión del agua.
Es que son asuntos que van de la mano: el desarrollo de la megaminería requiere de grandes cantidades de agua.
Entre las reformas estructurales aprobadas en la década de 1990, la Ley de Aguas Nacionales hizo realidad su gestión mercantil: garantizar el suministro a las empresas sin apenas establecer límites regulatorios y de supervisión.
Así las cosas, la propuesta original para reformar la Ley Minera del presidente López Obrador iba acompañada también de varios cambios a la Ley de Aguas Nacionales. Por ejemplo, acortaba el número de años de los títulos de las concesiones de agua en poder de las mineras.
Se proponía eliminar la práctica de otorgar títulos de concesión para la explotación del agua durante décadas a favor de las mineras, que han hecho un uso indiscriminado de este recurso.
En la iniciativa enviada a San Lázaro se establecía que las concesiones podrían renovarse, cada cinco años, múltiples ocasiones, según lo considerara el Gobierno.
De esta forma, se proponía eliminar la práctica de otorgar títulos de concesión para la explotación del agua durante décadas a favor de las mineras, que han hecho un uso indiscriminado de este recurso.
La reforma en materia minera, no obstante, se terminó desvirtuando. Paradójicamente, según legisladores del oficialismo, el propio presidente negoció una reforma con las mineras que, en varios sentidos, deja prácticamente intactas las reglas de operación.
La ambivalencia desde el Palacio Nacional
Los posicionamientos del presidente López Obrador en relación a las empresas extranjeras que operan en México son ambivalentes.
En algunas ocasiones rechaza su manera de hacer negocios y, en otras, hasta las considera aliadas del proceso de transformación. Un ejemplo son las empresas mineras, particularmente, las canadienses.
En varios de sus libros el mandatario mexicano ha sostenido que, a partir de la década de 1980, México sufrió un proceso de "saqueo", que incluso superó con creces al que tuvo lugar durante el Gobierno de Porfirio Díaz (1877-1911).
En 2013, cuando López Obrador militaba en la oposición, llegó a afirmar que, durante el denominado período neoliberal, por lo menos un 25 % del territorio nacional (aproximadamente 50 millones de hectáreas) había sido concesionado a las mineras, principalmente extranjeras.
Esa misma narrativa fue reproducida una vez que tomó posesión como presidente constitucional en diciembre de 2018: la 'Cuarta Transformación' prometía poner un alto a esa política de despojo de los recursos naturales.
Sobre el sector minero, si bien nunca fue promesa de campaña llevar a cabo una reforma profunda para modificar sus reglas de operación, ya como presidente, López Obrador señaló que no iba a otorgar más concesiones, aunque puntualizó que no se iban a cancelar las vigentes.
La reforma constitucional en materia eléctrica que se debatió el año pasado incluía una sección que buscaba dotar al Estado mexicano de un mayor protagonismo en el ramo de la minería.
La iniciativa fue rechazada. No obstante, a la postre se consiguió aprobar una reforma a leyes secundarias que estipulaba, entre otros elementos, la creación de un organismo descentralizado a cargo del Estado para la exploración y explotación de litio, el denominado 'oro blanco'.
Reivindicación a mineras canadienses
En enero de este año, sin embargo, el mandatario reivindicó el 'modus operandi' de las mineras extranjeras, particularmente, las canadienses, que son las que hasta la fecha poseen mayores concesiones.
"La mayoría de las mineras canadienses nos están ayudando a que no se destruya el territorio y que se cuide el medio ambiente", sentenció López Obrador en una de sus conferencias matutinas.
Estos comentarios despertaron el rechazo de comunidades en defensa del territorio que integran el Consejo Tiyat Tlali, quienes lamentaron que el mandatario hiciera a un lado los agravios cometidos por corporaciones de origen canadiense, entre ellas, Almaden Minerals, Equinox Gold y Pan American Silver.
En contraste, la iniciativa de reforma a la Ley Minera presentada a principios de abril fue bien recibida entre organizaciones en defensa del territorio, que la consideraron un buen principio para articular una estrategia orientada hacia el desarrollo de una política minera de nuevo cuño.
Semanas después, sin embargo, en medio de su discusión en la Cámara de Diputados, la iniciativa original fue modificada de manera radical —suprimiendo varios de sus elementos más relevantes— por los legisladores del oficialismo.
La reforma que se aprobó en el Congreso
La propuesta de reforma enviada por el presidente López Obrador no fue modificada por los partidos políticos de la oposición, sino por la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que finalmente aprobó una regulación mucho más laxa.
Según el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, los cambios fueron consultados con la 'mano derecha' del presidente, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
La propuesta que se aprobó en el Congreso permite otorgar concesiones mineras hasta por 80 años. Cuando, en la iniciativa original, se proponía disminuir su vigencia de 100 a 30 años.
Estos cambios, a su vez, fueron producto de una negociación con la Cámara Minera de México (Camimex) que, desde un principio, no expresó sino rechazo hacia la propuesta del Ejecutivo federal.
La propuesta que se aprobó en el Congreso permite otorgar concesiones mineras hasta por 80 años. Cuando, en la iniciativa original, se proponía disminuir su vigencia de 100 a 30 años.
Lo mismo pasa con las concesiones de agua. Mientras la propuesta original contemplaba que los títulos fueran por cinco años—con posibilidad de renovarse—, los legisladores oficialistas establecieron en el proyecto final que fueran de hasta 80 años.
Por otro lado, en lugar de establecer causales de cancelación de los permisos, en caso de daños al medio ambiente, la propuesta modificada por la Cámara de Diputados otorga una mayor flexibilidad a las mineras.
En caso de afectar el medio ambiente, se les concede un periodo de gracia para reparar los daños. Y, si no se remedian en tres meses, la concesión se suspende seis meses y, únicamente en caso de persistir la negativa sobre la reparación, se cancela la concesión.
En lugar de establecer causales de cancelación de los permisos, en caso de daños al medio ambiente, la propuesta modificada por la Cámara de Diputados otorga una mayor flexibilidad a las mineras.
En cuanto a las comunidades que habitan en zonas mineras, las utilidades que se habían previsto en la propuesta original que las empresas debían pagarles, se reducen notablemente: pasan de un 10 a un 5 %.
Así las cosas, la propuesta votada a favor en las Cámaras de Diputados y Senadores se aleja bastante de la iniciativa formulada por el presidente López Obrador. En este sentido, para movimientos sociales en defensa del territorio y el medio ambiente estos cambios representan una claudicación.
La presión de las grandes mineras, nacionales y extranjeras, logró que los legisladores prácticamente dejaran intactos sus intereses empresariales en el proyecto de reforma aprobado.
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